La escalada de críticas y cuestionamientos a Joel Hernández, representante de la CIDH, en un acto de desagraviado a los vocales electorales del 2019, derivó en una denuncia en su contra ante la Organización de los Estado Americanos (OEA).
Legisladores de Creemos enviaron una carta al organismo internacional, del cual forma parte la CIDH, en la que solicitaron un proceso disciplinario y la respectiva sanción contra Hernández.
“Calificamos de inapropiado e inmoral que en el marco de la visita ‘in loco’ que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a Bolivia, para evaluar la situación de los derechos humanos en el país, este Órgano internacional muestre su afinidad con el Gobierno boliviano y desenmascare su falta de independencia empañando su credibilidad y el éxito de la visita”, señala el pronunciamiento.
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La denuncia tiene una extensión de cuatro páginas y está firmada por once legisladores de Creemos, dirigida al secretario general, Luis Almagro.
En el documento dan a conocer argumentos cuestionando al comisionado Hernández, y hacen un breve repaso sobre la crisis del 2019 y la participación de los vocales electorales de esos comicios.
“La CIDH exige que sus comisionados actúen de forma independiente y gocen de alta moralidad; sin embargo, el comportamiento del comisionado Hernández dista de los requisitos exigidos por los tratados y demás instrumentos normativos de la CIDH”, agrega la misiva.
CIDH
El lunes, exvocales electorales recibieron reconocimientos durante una sesión de desagravio, organizado por el Ministerio de Justicia, por la violación de sus derechos humanos, durante la crisis del 2019.
En el evento, participó como invitado Hernández García, comisionado de la CIDH.
El personero es parte de una delegación que llegó al país para hacer labores de monitoreo a la situación de los derechos humanos.
En la oportunidad, Hernández afirmó que los exvocales fueron “perseguidos” y se quedaron sin trabajo por “una tarea que les encomendó el Estado”.
Esas y otras declaraciones derivaron en una serie de críticas por parte de políticos y activistas.
“La participación del Relator Joel Hernández en un acto político que pretendió negar el fraude del MAS y sus cómplices, fue desacertada y cuestionable éticamente. Pone en duda la imparcialidad y respeto que esa Comisión le debe al país. La CIDH nos debe una explicación”, escribió el expresidente Carlos Mesa en su cuenta de Twitter.
Desagravio
En tanto, la representación de la plataforma ciudadana “Otra Bolivia es Posible” declaró “persona no grata” a Joel Hernández.
“Le declaramos al señor Joel Hernández, persona no grata y le pedimos explicación por qué el día de ayer (lunes) ha participado en un acto político donde los exvocales han dicho que hubo un golpe en Bolivia”, dijo el representante de esta plataforma, Iván Melendres.
En 2019, tras las elecciones generales del 20 de octubre, activistas y políticos denunciaron un fraude en las urnas. Promovido por la administración del entonces presidente Evo Morales, quien según los resultados de esos comicios había vuelto a ganar.
OEA
El hecho activó protestas y movilizaciones violentas en todo el país. Incluso, la Policía se amotinó y el alto mando militar sugirió a Morales dimitir al cargo.
El 10 de noviembre del 2019, Morales decidió anular esos comicios, convocar a nuevas elecciones y renovar a todos los miembros del TSE, con el fin de bajar la tensión en las calles.
Sin embargo, ello no ocurrió, y ese mismo día renunció al cargo. Dos días después, la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia del país, a lo que el MAS denominó como Golpe de Estado.
Denuncia
Desde entonces, vocales nacionales y departamentales fueron cesados de sus cargos y procesados por la justicia ordinaria, y detenidos preventivamente como los vocales del TSE.
Luego de tres años de investigación, el Ministerio Público determinó el sobreseimiento de los procesados, porque no se lograron probar los delitos por los que fueron procesados.