Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, develó que, mediante revisión del sistema informático, su oficina constató que 140 reclusos cumplieron su detención preventiva y el plazo de su condena.
De ese total, 90 han recuperado su libertad “en 48 horas” luego de que sus casos fueran tramitados ante el Órgano Judicial.
Según el funcionario, la consecuencia de es el hacinamiento. “En estos últimos 14 meses, 7.000 privados de libertad se han incrementado, históricamente”, afirmó en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
“Se habían sobrepasado el plazo de su condena total, sin pensar que ese privado de libertad tenía derecho al extramuro, tenía derecho a libertad condicional, pero seguía en privación de libertad”, lamentó.
A inicios de marzo, la Defensoría del Pueblo inspeccionó las cárceles del país; advirtió que existe una sobrepoblación de privados de libertad de 168%. En ese sentido, Régimen Penitenciario precisó que hay 25.000 privados de libertad y que solo el 35% tiene sentencia condenatoria, mientras que el 65% está con detención preventiva.
Pedido de reos
La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Bolivia para hacer un monitoreo sobre la situación de los derechos humanos y, en ese trabajo, visitar algunas cárceles del país.
Entre el lunes y martes se reunió con reclusos de las cárceles de Chonchocoro, en Viacha, y Santa Pedro Miraflores, en La Paz.
“Los privados de libertad reclamaban y decían: ojalá no sea solo (la entrevista) a algunos privados de libertad con privilegios”, dijo Limpias.
Se refirió así a la expresidenta Jeanine Áñez, recluida en Miraflores, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el dirigente cocalero César Apaza, ambos en Chonchocoro.
Le puede interesar: En un mes, cinco reclusos mueren por hechos de violencia.
Camacho y Añez
En el caso específico de Áñez y Camacho, Limpias informó que la misión de CIDH demoró una hora en conversar con ellos.
Camacho cumple detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro desde del 30 de diciembre de 2022, luego de que fuera imputado por terrorismo en el caso Golpe de Estado I.
Es acusado por los hechos precedentes al derrocamiento del entonces presidente Evo Morales, entre octubre y noviembre de 2019. Entonces, presidente del Comité pro Santa Cruz, Camacho propició acuerdos con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana con ese fin.
En el caso de Áñez, ésta fue condenada a 10 años de prisión el caso Golpe de Estado II. Fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes en su proclamación, el 12 de noviembre de 2019.
Y Apaza, que tuvo entre 35 y 40 minutos con la CIDH, fue encarcelado por la toma violenta del mercado de la coca de Villa El Carmen, el 8 de septiembre de 2022.
Quejas de los privados de libertad
Limpias sistematizó las quejas de los reclusos ante la CIDH: retardación de justicia, hacinamiento e información que estigmatiza a este sector por parte de algunos medios de comunicación.
Afirmó que, en ese marco, la administración penitenciaria abrió las puertas de los centros penitenciarios con el objetivo de que la CIDH “pueda tener objetivamente toda la información como corresponde”.
Dijo que la misión incluso visitó dormitorios, cocina y comedores de los centros penitenciarios del país.
La CIDH desarrollará su labor hasta el viernes, día en que brindará un informe preliminar del trabajo realizado. Su objetivo es conocer la situación de los derechos humanos en Bolivia.