La investigación por el caso del paro de los 36 días en Santa Cruz seguirá siendo investigado en La Paz, luego que un juzgado negó el pedido de trasladar el caso a la jurisdicción cruceña. El informe fue ofrecido por la defensa legal del gobernador Luis Fernando Camacho.
El dato fue confirmado este miércoles por Martín Camacho, abogado de la autoridad cruceña. El jurista explicó que la justicia no dio curso a la “excepción de incompetencia en razón del territorio”, interpuesta por la defensa de Camacho.
“Presentamos un recurso de apelación y espera que se remita el antecedente a la sala para que se pueda resolver”, apuntó el abogado.
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En ese marco, resaltó que el caso todavía está en fase de investigación y aún no hay una imputación, es decir, el tema está en fase preliminar.
El jurista dio el informe luego de la audiencia, de este miércoles.
En declaraciones a la red Unitel, el jurista explicó que el juez no tomó en cuenta los argumentos para trasladar de jurisdicción el caso y este seguirá radicando en La Paz.
Juzgado
La denuncia fue interpuesta el 11 de noviembre de 2022, en la sede de gobierno, y fue promovida por Juan Marcelo Mayta, secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.
Los denunciados en este caso son el gobernador Camacho; el expresidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan.
Asimismo, se incluyó al rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar y Reinerio Vargas, respectivamente.
Paro
Todos fueron denunciados por el delito de terrorismo, discriminación, atentado contra la libertad del trabajo, atentado contra los servicios públicos, atentado contra la salud, entre otros.
Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se llevó a cabo el paro de 36 días en la capital cruceña. Cívicos, políticos e instituciones de esa región promovieron la medida de presión, en demanda de adelantar la fecha del censo para este año.
Durante el paro se registraron hechos de violencia, racismo y discriminación que impusieron grupos radicales contra la población que se oponía a la medida.
Santa Cruz
En ese marco, se instalaron puntos de bloqueo. Según la denuncia, en esos escenarios, se hostigó a la ciudadanía, además que se registró el consumo de bebidas alcohólicas y cobros ilegales.
También se acusó a los movilizados de cerrar el paso a las ambulancias que transportaban pacientes, carros fúnebres, vehículos bomberos.
Asimismo, se denunció que personal médico que fue agredido verbal y físicamente, e incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban 13 reos y casi provocan su fuga.
La Paz
Ante estas circunstancias, diversas organizaciones y los afectados denunciaron a los promotores del paro por la vulneración de sus derechos y otros delitos.