Ayer fue día de contrastes en la visita que hace al país la CIDH: una parte estuvo con el llamado “camachismo” cruceño y otra, con las víctimas de la represión en 2019 y en 2020, aunque la audiencia fue compartida con la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
Los comisionados y sus equipos se trasladaron ayer a las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y Sucre. En horas de la mañana, una delegación llegó a la Gobernación cruceña, donde fue recibida por el vicegobernador Mario Aguilera.
En la sede del gobierno departamental, luego los comisionados tuvieron un encuentro con el presidente de la Asamblea del departamento, Zvonko Matkovic, y funcionarios del Ejecutivo.
Al cabo de la reunión, el asesor general de la Gobernación, Efraín Suárez, a tiempo de elogiar el encuentro, afirmó que sirvió para “consolidar” lo que el gobernador Luis Fernando Camacho había “adelantado” a los comisionados en la cárcel paceña de Chonchocoro, donde se encuentra detenido.
Suárez dijo que habían expresado a la delegación que el presidente Luis Arce “marcó una posición de su gobierno con un tinte dictatorial”, especialmente, luego del “secuestro” del que habría sido objeto la autoridad cruceña.
Un hecho particular en la capital oriental fue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también recibió a los tres hijos del gobernador Camacho. En la cita, dijo luego el hijo Luis Fernando Camacho Parada, se le pidió a la comisión que de su parte los familiares esperan “un informe imparcial y objetivo”. Ya por la noche, la CIDH tuvo un encuentro con los expresidentes del Comité pro Santa Cruz. Un tema recurrente que el civismo cruceño planteó a los comisionados fue la liberación de “los más de 180 presos políticos” que habría en el país.
En Cochabamba, otra parte de la CIDH se reunió por la mañana con el gobernador Humberto Sánchez, con representantes de la Defensoría del Pueblo y autoridades judiciales. Por la tarde, hubo una peculiar audiencia, en la que fueron recibidos al mismo tiempo miembros de la RJC y representantes de las víctimas y presos políticos del gobierno interino de Jeanine Áñez.
DERECHOS.
En declaración a radio Kawsachun Coca, Giovani G. y Osvaldo G. lamentaron que ahora la RJC se victimice y que reclame a la CIDH que son ellos los perseguidos políticos. “Nosotros hemos contradecido su exposición; hemos demostrado con documentos la vulneración de nuestros derechos humanos que hemos sufrido en 2019 y 2020, cuando somos alrededor de 40 presos políticos en Cochabamba, siendo 170 a nivel nacional” (sic), destacó Osvaldo G.
Por su parte, Giovani G. refirió lo que contaron a los comisionados. “Nosotros hemos vivido esos días peor que presos de guerra, en un gobierno de facto, enmanillados de los tobillos a una cama en los recintos penitenciarios”, y perseguidos judicialmente, indicó.