En respuesta a denuncias de la oposición y algunas organizaciones de prensa sobre una supuesta “ley mordaza”, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la Ley de Imprenta “sigue vigente” en Bolivia.
“De ninguna manera podemos afectar el trabajo de la Ley de Imprenta, que está plenamente vigente”, dijo Lima consultado por los periodistas sobre este tema.
Los cuestionamientos surgieron a partir del proyecto de Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos. La oposición calificó ese contenido como un instrumento “para callar y perseguir”.
En ese sentido, Lima aclaró que el artículo al que hacen referencia esos sectores se encuentra redactado en la Ley 045, Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, que data desde 2010, y que “no se ha cambiado ni una letra”.
No obstante, Lima dijo que buscará reuniones con las asociaciones de prensa en todo el país “para lograr que se despeje cualquier tipo de duda”.
“Hay gente que está promoviendo discursos de odio, de discriminación, de racismo y eso no lo podemos permitir”, aclaró el titular de Justicia.
La polémica por esa iniciativa legislativa coincide con el debate del proyecto de ley 280, de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Precisamente, el tratamiento de esa norma quedó suspendida sin fecha por la comisión competente; eso debido al reclamo de varios sectores, sobre todo, los gremiales.
La Confederación de Gremiales de Bolivia advirtió que esa norma “va directamente en contra de los gremiales” y que con ella se busca “penalizar” el trabajo de sus afiliados. Este extremo fue rechazado por las autoridades del Gobierno.