El vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, pidió a sus seguidores no movilizarse durante las audiencias sobre la presunta comisión de varios delitos en el paro de 36 días de 2022 que demandó Censo de Población y Vivienda en 2023.
“Le pedimos a todo el pueblo que no se movilicen, que nos permitan ir a hacer nuestras declaraciones sin ningún tipo de presión”, dijo el funcionario, uno de los acusados.
Vargas, el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, y el expresidente del Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo con investigados por los hechos que derivaron en violencia entre octubre y noviembre de 2022. En su condición de dirigente del llamado Comité Interinstitucional, fueron citados a declarar por el caso el jueves 13 de abril.
Pronunciamiento
En un video difundido en redes sociales este martes, Vargas, en compañía de Calvo y el abogado José Luis Santistevan, arguyó que el paro fue mandato del cabildo del 30 de septiembre de 2022, en defensa de “la democracia, la libertad y derechos de las personas”.
En ese sentido, dijo que se presentará el jueves para brindar su declaración informativa. En tanto, Cuéllar se hará presente a través de su abogado, debido a su visita al Vaticano.
El jefe de Relaciones Públicas de la UAGRM, Manfredo Bravo, informó el lunes que el rector fue invitado por el papa Francisco y que viajó el jueves.
Le puede interesar: Cuéllar no asistirá a declarar por los 36 días de paro en Santa Cruz porque está de visita en el Vaticano.
Denuncia
La denuncia contra Calvo, Cuéllar y Vargas fue interpuesta por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022. El caso radica en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en Santa Cruz.
Son señalados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.
El paro no consiguió su propósito y luego de una mesa técnica en Cobija, que sugirió Censo de Población y Vivienda en 2024, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que dispuso el evento para el 23 de marzo de ese año.