Icono del sitio La Razón

Ante los fiscales, Áñez se acoge al silencio en el caso de la masacre de Senkata

Un militar, en el operativo de 2019 que dejó 10 fallecidos en Senkata. Foto: APG

El caso de la masacre de Senkata no pudo avanzar este martes en las declaraciones de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, ya que se acogió al silencio ante los fiscales, desconociendo al proceso en la vía ordinaria.

El anuncio fue hecho por su abogado, Luis Guillén, según ABI. “La exmandataria no reconoce a la comisión de fiscales como si tuviera la competencia para juzgarla por la vía ordinaria (…) No reconoce la competencia de la Fiscalía, se está absteniendo de esta forma de prestar alguna declaración».

Las solicitudes de juicios de responsabilidades contra Áñez se encuentran congeladas en la Asamblea Legislativa. Sin un margen de acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

Jeanine Áñez, cuando asumió el poder el 12 de noviembre de 2019.

En enero, el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto aceptó el caso de Senkata. Así, la expresidenta puede ser juzgada penalmente por la vía ordinaria.

Fiscales

El caso se refiere a la masacre ocurrida el 19 de noviembre de 2019. Ocurrió siete días después que Áñez tomó el mando de la nación en un proceso que ahora es investigado por la Justicia.

Lea más: Juez define que Áñez sea juzgada en la vía ordinaria por la masacre de Senkata

El 12 de noviembre, la entonces senadora de oposición asumió la Presidencia sin el quórum respectivo en la Asamblea Legislativa, y sin cumplir el reglamento del Senado, según la Fiscalía.

Por este hecho, fue condenada, en primera instancia, a 10 años de cárcel en el caso Golpe de Estado II, mientras que también es parte del proceso denominado Golpe de Estado I, sobre los pormenores que permitieron que asuma la dirección del país.

Apenas tomó el poder, tras la caída del presidente Evo Morales, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a militares que participen en operativos para restablecer el orden ante las protestas de seguidores de Morales.

El 15 de noviembre de ese año, un operativo dejó 10 fallecidos en la localidad de Sacaba, en Cochabamba, todos por impactos de bala. Cuatro jornadas después, otros 10 ciudadanos murieron en Senkata (El Alto), igual por impactos de bala.