El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que se instruyó una auditoria a la gestión del exministro Carlos Romero por la compra de un stock de gases lacrimógenos a través de una empresa intermediaria. El caso data de 2018.
«Vamos a pedir a la instancia de auditoría que realice las investigaciones correspondientes. Y si existen elementos formales y suficientes vamos a iniciar las acciones correspondientes», dijo en conferencia de prensa.
La autoridad dijo que el actual Gobierno está enmarcado en cuidar los recursos del Estado; y así como se ordenó una auditoria a la gestión de Arturo Murillo, corresponde hacer lo mismo con Romero.
«No sabemos qué pasó en esos momentos. Y vamos a instruir públicamente a Auditoría (del Ministerio de Gobierno) que se hagan las gestiones correspondientes a gestiones pasadas».
Del Castillo no ofreció mayores detalles, dijo que se trata del contrato 626/2018 con el que se adquirieron gases lacrimógenos para la Policía mediante un intermediario.
Romero
Del Castillo anunció, además, que se instruyó la eliminación de intermediarios dentro del territorio nacional para evitar hechos de corrupción.
“Hemos instruido la eliminación de intermediarios dentro del territorio nacional. Siempre comprando directamente de las empresas que nos ofrecen menores recursos y elementos de calidad. Somos la primera institución que estamos comprando directo para ahorrar recursos y beneficios a todo el pueblo”, remarcó.
La autoridad considera que se debe analizar el proceso realizado por Romero al no haberse realizado la compra directa a los proveedores, como ocurrió también en la gestión de Murillo.
Murillo, ministro de Gobierno en el gobierno de Jeanine Áñez, contrató a la intermediaria Bravo Tactil Solutions para la compra de los gases lacrimógenos de la firma Cóndor.
De acuerdo a las investigaciones, el costo total de la compra de los materiales antidisturbios en 2019 fue de $us 5,7 millones, de los que $us 3,3 millones se pagaron a la empresa Cóndor. Otros $us 2,3 millones a la intermediaria que formó parte de la organización delictiva armada por Murillo y sus cómplices.
Murillo junto con Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ya fueron sentenciados en Estados Unidos. Los acusan de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Según las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y los hermanos Berkman habrían pagado $us 602.000 en sobornos en beneficio de Murillo. A cambio de asegurar un contrato de $us 5,7 millones para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Gobierno entre noviembre de 2019 y abril de 2020.