Arturo Murillo volverá a sentarse en un banquillo como acusado este lunes, en Estados Unidos. Lo hará en el marco de un juicio civil impulsado por Bolivia para recuperar el dinero del sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2020.
El anuncio lo hizo el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en el programa “Identidades” de ATB. El exministro de Gobierno está encarcelado en Miami por una sentencia de 70 meses de prisión por lavado de dinero y soborno.
Chávez explicó que Murillo declarará en una audiencia previa a la instalación del proceso civil planteado por el Estado boliviano por delitos de corrupción. Añadió que tras las declaraciones preliminares se prevé que el juicio se abra en enero de 2024.
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“Para este motivo se han tomado declaraciones que tienen un calendario procesal en Estados Unidos… Con las demoras que se han dado por las diferentes dilaciones que, en su momento, hizo en el juicio penal el señor Arturo Murillo, nuestro juicio ha tenido que diferirse porque varios de los testigos que teníamos en este proceso, eran testigos que tenían que declarar”, remarcó la autoridad.
En 2020, el ministro del gobierno transitorio de Jeanine Áñez adquirió un lote de gases lacrimógenos e la empresa brasileña Cóndor, a través de una intermediaria, Bravo Tactical Solutions (BTS). El monto figuró como $us 5,6 millones y luego se descubrió un sobreprecio de $us 2,3 millones. O sea solo se pagó $us 3,3 millones.
Murillo fugó de Bolivia antes de que Áñez deje el poder, el 8 de noviembre de 2020. Pero fue detenido a finales de mayo del siguiente año en Miami. El Departamento de Seguridad Nacional se querelló contra la exautoridad por una conspiración para recibir sobornos y lavar dinero mediante bancos estadounidenses.
Sobreprecio
Del total del sobreprecio, Murillo recibió al menos $us 532.000 por parte de BTS, una compañía que tenía sede en Florida. En enero de este año, un tribunal lo condenó después de haberse declarado culpable.
A la par, la sentencia corre para los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Philip Lichtenfeld, quienes dirigían BTS. También Sergio Méndez, exjefe de gabinete de Murillo. Otro implicado es Luis Fernando López, exministro de Defensa, quien está prófugo.
El caso está en proceso de investigación en Bolivia. Y Murillo se encuentra en la mira en el país por otras denuncias de corrupción. Incluso hay antecedentes de que él, López y los exministros Óscar Ortiz y Yerko Núñez eludieron las convocatorias de la comisión legislativa que indagó en 2020 la compra de material antidisturbios. Fueron señalados de encubrimiento.
Chávez reveló que Cóndor sabía de la irregularidad. “Se ha logrado establecer que la empresa Cóndor sí conocía del sobreprecio y ha persistido, sabiendo el sobreprecio, en la venta de los activos, los agentes químicos al gobierno de facto, a Arturo Murillo”. Cóndor recientemente participó en la venta de agentes químicos con el ministerio de Gobierno actual, al mando de Eduardo del Castillo.
La declaratoria de Murillo de este lunes es el preámbulo al juicio civil, adelantó Chávez. “Lo que hay que demostrar efectivamente es que primero Bolivia ha sido afectada económicamente… hacer que el juez valore ese elemento, por eso se están acopiando una serie de declaraciones”.
Entre esas declaraciones están los cómplices de Murillo en el sobreprecio. Con esos elementos, la instancia judicial estadounidense tendrá en el banquillo al exministro de Gobierno, considerado el hombre fuerte en el gobierno transitorio de Áñez.