Una Comisión de Fiscales presentó una imputación y abrió proceso en contra de Jeanine Áñez en el caso denominado Senkata, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, que tienen una pena de hasta 30 años de prisión.
“La suscrita comisión de fiscales de materia imputa formal y provisionalmente a la ciudadana Jeanine Áñez Chávez por la probable comisión delictiva de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves; previstos y sancionados en el Código Penal en grado de autoría. Pidiendo en consecuencia ante vuestra autoridad se tenga presente y se inicie formalmente el proceso”, indica la Fiscalía en su documento de imputación.
El documento fue presentado el lunes 17 de abril en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad de El Alto.
En 2019, justo en esta ciudad en la zona de Senkata, 10 personas perdieron la vida y otras 31 quedaron heridas, tras una operación policial y militar, según la imputación presentada el lunes.
Jeanine Áñez investigada
Después de sendas investigaciones, organizaciones internacionales como el GIEI y la CIDH concluyeron que en Senkata hubo una masacre; es decir un asesinato de personas que, en ese momento, se encontraban movilizadas. Protestaban por la caída de Evo Morales y en resistencia a la administración de Áñez.
Policías y militares se movilizaron hasta Senkata después de que Áñez y su gabinete de ministros firmaran el decreto 4078; que les autorizó el uso de la fuerza sin ningún tipo de responsabilidades por los hechos.
Pocos días antes, en la población de Sacaba, otras 16 personas perdieron la vida en acciones policiales y militares similares a las de Senkata.
Los abogados de Jeanine Áñez consideran que la imputación de la Fiscalía no tiene objetividad, porque a priori califica de “pacífica” la protesta de 2019 en Senkata. Al contrario, la Fiscalía considera que pacífica o no, nada justifica que 10 personas mueran a manos de policías y militares.