Un informe de la Defensoría del Pueblo identificó 103 conflictos en el primer trimestre de este año. La mayoría de esos hechos ocurrieron en los departamentos de La Paz y Santa Cruz.

“De 103 conflictos, los departamentos de La Paz y Santa Cruz, reportan respectivamente 18 y 17 hechos de conflictividad, determinando los que mayor cantidad de demandas plantean, seguidos de los departamentos de Potosí y Beni, con 16 y con 15 el departamento de Cochabamba”, dice el informe del Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), citado en una nota de la Defensoría.

Del total de esos casos, según el SIMAT, 75 fueron conflictos sociales como tal, mientras que 27 fueron alertas tempranas y hubo un acuerdo de resolución de conflicto.

Defensoría del Pueblo

El informe muestra que el principal motivo por las movilizaciones está relacionado con el ámbito laboral, “por la falta de pagos de haberes devengados; la suspensión y extinción de fuentes laborales por parte de los tres niveles del Estado.

“Los hechos de conflictividad en regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión”, añade la nota.

Entre sus ejemplos, cita los bloqueos de carreteras propiciados por sectores afines al expresidente Luis Arce que exigieron la realización de elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Asimismo, el informe muestra que, de la totalidad de reportes presentados, la mayor medida de presión utilizada por los actores demandantes es el bloqueo, como forma determinativa de exigencia de demandas.

Derechos

Aparte de lo expuesto, el documento identificó 39 casos del derecho al trabajo y empleo “que se han determinado por las tipologías laborales y económicas, lo que agrava más la situación del problema de estabilidad laboral o creación de fuentes de empleo.

También, advirtió la vulneración del derecho a la educación, principal función suprema del Estado, debe garantizar el acceso a este derecho humano y otros que se presentan en las gráficas del informe de conflictividad en Bolivia.

La Defensoría, según la nota, intervino en la resolución de conflictos “estratégicos”, entre ellos, elecciones judiciales y prórroga de autoridades judiciales, desabastecimiento de combustible, modificación a Ley de Pensiones, censo y límites municipales y departamentales, “elecciones primarias a través de las verificaciones in situ”, seguimiento y acciones para restablecer los derechos humanos.

La Procuraduría General del Estado pidió la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de cuentas de los implicados en el caso de los implicados en el caso de “irregularidades” en el diseño y construcción de las 18 piscinas de las plantas de litio en Uyuni, Potosí.

“Estamos haciendo las medidas con la Fiscalía, solicitando anotaciones preventivas, congelamiento de cuentas y todo lo que esté a nuestro alcance en Bolivia y fuera del país”, dijo el procurador general del Estado, Cesar Siles, a los periodistas en Cochabamba.

Siles explicó que el fin de esa medida es recuperar para el Estado los más de Bs 425 millones de daño que investiga el Ministerio Público.

Son 11 los implicados en ese caso, todos con mandamiento de aprehensión. Hasta el momento, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Se trata del exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliaria y que pagó una fianza de Bs 30.000, Paul Q. B., exgerente de Recursos Evaporíticos, y Cristian A. A., exencargado de Fiscalización. Los tres se beneficiaron con detención domiciliaria. En el caso del exingeniero de obras Jorge F. M., fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.

YLB

El Ministerio Público abrió el caso por una denuncia de Yacimientos de Litio bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno. Las “irregularidades” que se investigan fueron, según dijo la presidenta de YLB, Karla Calderón, cometidas entre 2013 y 2017, en la gestión del expresidente Evo Morales.

El miércoles, el exgerente de YLB Juan Carlos Montenegro, uno de los investigados en ese caso falleció por un infarto agudo, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), develado por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Aún se espera los resultados del examen toxicológico para confirmar o descartar la presencia de sustancias “extrañas” en el cuerpo de la exautoridad de YLB.

Además de eso, está pendiente el informe del estudio grafológico de la carta póstuma de Montenegro, aunque su abogada, Audalia Zurita, indicó a La Razón Radio que el contenido de esa misiva coincide con lo que conversaron, según ella, un día antes del deceso. “Se encontraba desalentado”, relató.

El texto es “auténtico” y el mismo Montenegro me lo mandó, develó la jurista.

El caso de las 18 piscinas de las plantas de litio derivó en una serie de críticas y cuestionamiento entre los actores políticos. Por un lado, la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el bloque de oposición afirmaron que el caso solo busca “tapar el fracaso” del presidente Luis Arce en su política de industrialización del litio.

Entretanto, el arcismo anunció que el caso busca establecer “responsabilidades” en el mal diseño e implementación de la obra.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, criticó este viernes a empresarios que “chantajean” a sus trabajadores con despidos, debido al incremento salarial anunciado por el Gobierno.

“Hay que decirles que no usen (el incremento) como instrumento o sometimiento o acoso de intentar despedir a los trabajadores diciéndoles: ‘Quieren incremento o estabilidad laboral’. Siempre ha sido un chantaje permanente para nuestros trabajadores a nivel nacional”, afirmó.

El dirigente se refirió al asunto en el acto de conmemoración por los 71 años de la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (CSTCB), en La Paz.

Aludió a la reacción de los empresarios ante el incremento del 8,85% al salario mínimo nacional y 3% al haber básico. Incluso, los empresarios calificaron el beneficio como “irresponsable”.

Justificaron su rechazo con el argumento de que dicho aumento, que ahora deja la paga mínima en Bs 2.500, generará inestabilidad laboral.

Incremento salarial

“Hay malos empresarios que vienen contradiciendo las políticas de nuestro Gobierno. Llamamos a la reflexión, no estamos buscando la confrontación. Hay que recordarles que muchas de las políticas que se han implementado en estos últimos años ha ido favoreciendo a los empresarios” respondió Huarachi.

El jueves, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Jaime Ascarrunz, planteó al Gobierno que la medida no sea retroactiva (desde enero de este año); o que se pague en seis cuotas mensuales.

Además, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) pidió que el monto de incremento sea pagado con los productos que tienen el sello “Hecho en Bolivia”.

Al respecto, el dirigente de la COB Gustavo Arce descalificó las sugerencias. “No estamos de acuerdo de ninguna manera, no hay vuelta atrás. Esos centavos que vamos a recibir como incremento salarial tienen que ser bien usados por los trabajadores; y generar movimiento económico”, dijo.

En medio de esa discusión, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Carlos Bolaños, en entrevista con La Razón Radio calificó de “lapidario” el incremento dispuesto por el Gobierno.

Consideró “insostenible” el incremento y señaló que, debido a una serie de factores adversos, entre ellos el contrabando, las utilidades de ese sector se redujeron hasta en un 70%.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negó que el Gobierno tenga vinculación con los amparos constitucionales que frenaron la preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

“Es una costumbre de tratar de responsabilizar de todo al Gobierno. No tenemos vinculación con los procesos y amparos que se están realizando”, dijo la funcionaria a los periodistas en La Paz.

La fase de evaluación de méritos a los postulantes fue paralizada por una medida cautelar dictada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano; postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso. La audiencia para la resolución de ese caso está programada para este viernes.

Aparte de eso, existen otros cuatro amparos por parte de postulantes que fueron rechazados en ese proceso.

Elecciones judiciales

Varios legisladores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del bloque de oposición atribuyeron el freno a la preselección a un supuesto interés del Gobierno para mantener vigentes a los magistrados y consejeros electos en 2017.

Incluso en entrevista con La Razón Radio, la senadora Silvia Salame consideró que existe una “mano negra” que quiere evitar las elecciones judiciales.

Alcón apostó por el debate y el consenso en la Asamblea Legislativa para cumplir con las elecciones judiciales. “Necesitamos dar ese paso de manera responsable”, sostuvo.

Dijo que los recursos para los comicios “están garantizados” por parte del Órgano Ejecutivo y que solo resta culminar con la preselección de postulantes.

El freno a la evaluación de méritos ocurrió un día antes de comenzar los exámenes de los postulantes; las preguntas están en custodia de una Notaría de Fe Pública, que precintó una oficina del antiguo edificio de la Asamblea Legislativa con las preguntas dentro de ella.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pidió a los políticos del país respeto por el fallecimiento del exgerente de YLB Juan Carlos Montenegro y afirmó que “no es responsable” politizar ese hecho.

“Pedimos el respeto con la familia (de Montenegro); lo que pedimos a los políticos es que dejen de mediatizar, politizar e instrumentalizar este tema (…). No es responsable realizar eso con respeto con la familia y con la población boliviana”, afirmó.

Alcón se refirió así a las declaraciones de algunos políticos que sugirieron que el Gobierno tuvo que ver con la muerte de Montenegro, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas evaporíticas de las plantas de industrialización de litio en Uyuni, Potosí.

La mañana del miércoles, Montenegro falleció al llegar al hospital del Seguro Universitario y se conoció una carta póstuma de la que aún se espera su estudio grafológico, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El fallecido exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) era uno de los 11 investigados en este caso y contaba con una orden de aprehensión en su contra.

Juan Carlos Montenegro

Lanchipa informó que se abrió un caso específico para esclarecer el deceso de Montenegro. Hasta el momento, se sabe que el Instituto Nacional de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó, luego de una autopsia médico legal, que la causa de muerte fue un infarto agudo.

Asimismo, dijo que está pendiente un informe toxicológico, para establecer la existencia o no de sustancias “extrañas”.

El Ministerio Público emitió 11 órdenes de aprehensión para 10 exfuncionarios de la estatal y una empresaria; de ese total, se ejecutaron cuatro hasta el momento, entre ellos, el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliaria y pagó una fianza de Bs 30.000.

El jueves, luego de su audiencia de medidas cautelares, Paul Q. B., exgerente de Recursos Evaporíticos, y Cristian A. A., exencargado de Fiscalización, se beneficiaron con detención domiciliaria; mientras que el exingeniero de obras Jorge F. M. fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.

“(Como Gobierno) no vamos a emitir más palabra”, complementó Alcón.

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