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Jeanine Añez despide a sus abogados y acusa al juez de prevaricato en el caso Senkata

Jeanine Áñez es vista detrás de los muros de la cárcel de Miraflores. Foto: Álvaro Valero-archivo

Jeanine Áñez es vista detrás de los muros de la cárcel de Miraflores

Roberto A. Barriga

La expresidenta, Jeanine Añez, volvió a despedir a sus tres abogados en plena audiencia por el caso Senkata. Por lo que la cita fue reprogramada para el 5 de mayo. “Quiero prescindir en este proceso de mis tres abogados de confianza” dijo.

No es la primera vez que la ex mandataria retira en plena audiencia a Norka Cuellar, Alain de Canedo, Luis Guillen, para retrasar el proceso, en enero utilizó la misma estrategia.

Añez también volvió a refutar al juez que sigue el caso Senkata, Marco Amaru, lo acusó de cometer prevaricato, además desconoció a la justicia ordinaria y solicitó un juicio de responsabilidades.

“No me voy a prestar a esta patraña”, expresó. Además pidió al fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Lanchipa, cumplir con la Constitución Política del Estado (CPE) y la ley 044, que regula el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.

El proceso contra Jeanine Añez

Acorde al informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el 23 de julio del 2021, una de las primeras acciones implementadas en el gobierno de Jeanine Áñez fue la promulgación del Decreto 4078, sobre actuación de las Fuerzas Armadas, el 14 de noviembre de 2019.

Esta norma apodada “decreto de la muerte” pretendía eximir de responsabilidad penal a los militares y policías que participaron de las ejecuciones sumarias.

Con este decreto se desconocía los estándares internacionales de derechos humanos y se estimulaba la represión violenta. Además, se debe señalar que los alcances de este tipo de decreto contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos.

El informé detalló que existieron ejecuciones sumarias dentro del Estado Plurinacional de Bolivia y determinó que las víctimas estaban en desventaja al no contar con armamento ni siquiera equiparable al de sus agresores.

La masacre de Sacaba sucedió el 15 de noviembre de 2019, un día después que se promulgó “el decreto de la muerte” 4078, la de Senkata el 19 de noviembre.