Parte de la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez cree que, si ella continúa retirándose de las audiencias y despidiendo abogados, podría ser declarada “rebelde” y, consiguientemente, apoyada por la defensa pública.
“El juez determinó una suspensión (de la audiencia del jueves) hasta el 5 de mayo, para darle una nueva oportunidad para que se presente y con abogados; pero si ella se niega y si se retira será declarada rebelde, se designará abogados de oficio y el proceso continuará”, vaticinó en La Razón Radio Alaín Canedo.
El jueves se desarrolló una audiencia de medidas cautelares en el caso de Senkata, en la que el Ministerio Público pidió seis meses de detención preventiva para Áñez, pero ésta argumentó que, en su calidad de exmandataria, le corresponde ser sometida vía juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria.
Impotente ante su situación de acusada por la vía penal, despidió a sus abogados. “Quiero prescindir en este proceso de mis tres abogados de confianza”, informó a través de un video en redes sociales.
No es la primera vez que la expresidenta retira en plena audiencia a sus abogados Norka Cuellar, Alain de Canedo y Luis Guillen; en enero hizo lo mismo.
Canedo justificó la decisión de Áñez en razón de que los fiscales y el juez de El Alto que la procesan no son competentes en el caso. “Nos ha confesado que ya estaba harta, hastiada de que no se respete el ordenamiento jurídico de la Constitución Política del Estado y la Ley 044, que establece que un mandatario, por cualquier tipo de delito, tiene que ser procesado mediante juicio de responsabilidades”, aseguró.
Áñez enfrenta hasta el momento cinco casos: golpe de Estado I, golpe de Estado II, EBA, Senkata y Sacaba. En junio de 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión en el caso Golpe de Estado II, debido a su autoproclamación en 2019. Fue acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, en la sucesión del expresidente Evo Morales.
Abandonó dos audiencias, uno en el caso EBA y la noche del jueves en el caso de Senkata. Su defensa cree que ocurrirá lo mismo en los otros tres casos.
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Canedo aún la asiste en los casos golpe de Estado I, golpe de Estado II y Sacaba. Pero fue despedido de los procesos EBA y Senkata.
Luego una investigación de ocho meses en Bolivia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció que en Senkata hubo una masacre, lo mismo que en Sacaba. Al menos 20 personas fueron asesinadas a bala en ambas masacres.
Ambos hechos fueron sustentados en el Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, que otorgaba inmunidad penal a los militares. El caso considera que ese decreto firmado por Áñez y su gabinete fue el origen de las masacres.