El presidente Luis Arce denunció este sábado que su gobierno sufrió asedio y ataques por parte de la derecha interna y externa, y volvió a advertir de una “guerra híbrida”, de la que dijo que “cada día cobra sentido”.

“En Bolivia, en noviembre pasado, hemos cumplido cuatro años de gobierno asediado y sometido a ataques de diversa naturaleza desde todos los frentes, desde la derecha y la nueva derecha interna y externa”, dijo el mandatario en Caracas, Venezuela.

Arce participó en la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en aquel país, en ocasión del 20 aniversario de la fundación del bloque.

Luis Arce

El jefe de Estado ya había denunciado ataques de la derecha y la “nueva derecha” –como denominó al evismo del Movimiento Al Socialismo (MAS)– que, en su criterio, amenaza la estabilidad de su gobierno. A ellos los acusó de “boicotear” no solo la economía del país, sino otros ámbitos.

Tampoco es la primera vez que Arce denunció una “guerra híbrida”. Se refirió a ella, precisamente, en el XXVII Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en junio de este año.

“Ese concepto aparentemente abstracto de guerra híbrida cobra sentido todos los días, pues en cerca de dos décadas no se había visto una guerra política, económica, legislativa y mediática tan intensa como la que experimentamos hoy. Pero estamos aquí, vivos, firmes y decididos a resistir y luchar todos los días y en todas las trincheras”, reiteró en Carcas.

La advertencia del mandatario respecto de los “ataques” que sufre su gestión cobró fuerza el 26 de junio, cuando el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga propició un “golpe de Estado fallido”, con intención de tomar el Palacio de Gobierno.

ALBA

La intentona golpista fue frustrada por el mismo Arce, que encaró al insubordinado en puertas de ese edificio, luego, cambio a todo el Alto Mando Militar.

Otro hecho identificado por el Gobierno como “atentatorio” fue el bloqueo evista de 24 días, por el que hay una investigación abierta contra dirigentes y exministros de Evo Morales, a quien atribuyen la organización de la protesta.

La medida fue dirigida por el denominado Estado Mayor del Pueblo, cuya dirigencia es del entorno del exmandatario.

Durante ese bloqueo, varios actores pidieron el acortamiento del mandato de Arce y que éste llame a elecciones antes de cumplir su periodo presidencial de cinco años.

Luego de una audiencia virtual, una sala constitucional de Sucre negó el amparo constitucional interpuesto por la expostulante Betty Sánchez que pretendía frenar las elecciones judiciales en La Paz.

La información fue confirmada por el abogado constitucionalista Israel Quino a través de sus redes sociales.

“(La) Sala Constitucional de Chuquisaca deniega amparo constitucional a postulante q pretendía suspender las elecciones judiciales para el Tribunal Constitucional Plurinacional en el departamento de La Paz, con lo q se garantiza el proceso eleccionario para el TCP este 15/12/24”, escribió el jurista.

Había expectativa por esa audiencia, pues, de ser contraria la decisión, se ponía en suspenso la votación para el TCP en La Paz e incluso en todo el país. Se trataba del último escollo del proceso electoral accidente desde cuando se lo concibió, en marzo de 2023.

¿En qué consiste la amenaza que tenía la votación? La accionante planteó una acción de amparo constitucional el 4 de diciembre, en el que alegó que, pese a que obtuvo una nota de 178 puntos como candidata a magistrada al TCP de La Paz, solo le calificaron 90 puntos.

El acto judicial respondió a una orden del TCP, que instruyó a sala constitucional admitir amparo que buscaba paralizar judiciales en La Paz.

La audiencia comenzó a las 10.30 de este sábado.

Los vocales de esa sala constitucional hicieron prevalecer el derecho de preclusión, pues observaron que la expostulante no presentó el recurso judicial en el plazo previsto para esa actividad. Dos votos definieron la negación.

Por la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4, la votación para los magistrados del TCP solo se cumplirá en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

Entretanto, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tendrá votación en siete departamentos, solo Beni y Pando mantendrán a sus autoridades electas en 2017.

La mañana de este sábado, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila garantizó las elecciones judiciales fijadas para este domingo y afirmó que cualquier sentencia constitucional que busque paralizar los comicios será de “imposible cumplimiento”.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila garantizó las elecciones judiciales fijadas para este domingo y que cualquier sentencia constitucional que busque paralizar los comicios será de “imposible cumplimiento”.

“El proceso está garantizado. Las y los (más de 7,3 millones) de ciudadanos habilitados (pueden votar) a partir de las 08.00. (…) Cualquier tipo de sentencia constitucional, nosotros consideramos que (alguna) resolución que se tome en las últimas horas va a ser de imposible cumplimiento, teniendo en cuenta que toda la logística ya ha sido desplegada”, dijo a los periodistas en La Paz.

Así respondió el vocal a una consulta de un periodista que abordó el tema.

Las elecciones judiciales se realizarán este 15 de diciembre, un año después de lo previsto por la Asamblea Legislativa y otro año de un accidentado intento. Ese órgano enfrentó una serie de problemas, cuya resolución demandó de acuerdos políticos y el mismo TSE.

Amparos, recursos y acciones populares fueron presentados para frenar su realización. Incluso, por disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4, los comicios serán parciales en el caso de los magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional.

Pero no es todo, este sábado, a las 10.30 comenzó una audiencia por el amparo constitucional que presentó la expostulante Betty Sánchez contra la comisión mixta de Constitución porque vulneró sus derechos durante la evaluación.

La accionante planteó una acción de amparo constitucional, el 4 de diciembre, en el que alega que, pese a que obtuvo una nota de 178 puntos como candidata a magistrada al TCP de La Paz, solo le calificaron 90 puntos.

El acto judicial obedece a una orden del TCP, que instruyó a sala constitucional admitir amparo que busca paralizar judiciales en La Paz.

El presidente Luis Arce afirmó que su Gobierno “cumplió” con la realización de las elecciones judiciales al garantizar el presupuesto y, siendo parte de los diálogos convocados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), evitar su paralización.

“Como Gobierno Nacional cumplimos nuestra misión constitucional para la realización de las elecciones judiciales, garantizando el presupuesto y asistiendo a los diálogos que fuimos convocados, como el Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia organizado por el Tribunal Supremo Electoral #TSE”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

Las elecciones judiciales debían llevarse a cabo en 2023, poro no se concretaron debido a una serie de escollos en la Asamblea Legislativa y en la fase de preselección de postulantes. Sumado a las deficiencias legislativas, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió los comicios y emitió la Declaración Constitucional 049/2023, el 11 de diciembre, que, además, prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017.

Elecciones Judiciales

Además, varios postulantes inhabilitados presentaron al menos 49 acciones judiciales, entre amparos constitucionales y otro tipo de obrados para frenar su avance, hasta que, finalmente, una acción popular, logró que los comicios se realicen de forma “parcial”.

Trasladado el problema al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), éste emitió la sentencia 0776/2024-S4, que suspendió la votación para los tribunales Supremo de Justicia (TSJ) y Constitucional Plurinacional (TCP).

Así, con los comicios fijados para este domingo 15 de diciembre, la población solo elegirá a los magistrados del TCP en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Mientras que en el caso del TSJ Beni y Pando no elegirán nuevas autoridades.

Luis Arce

“Reafirmamos que ésta es la única salida constitucional y democrática que tenemos para contar con nuevas autoridades del Órgano Judicial. Por tanto, nos corresponde como bolivianas y bolivianos cumplir con nuestro deber ciudadano este domingo 15 de diciembre, participando activamente en la elección del candidato o candidata que consideremos más idóneo para la administración de la justicia”, exhortó el mandatario.

Varios sectores cuestionaron que, en su criterio, el TSE no haya difundido de manera clara los méritos de los postulantes a los altos cargos del Órgano Judicial y del TCP.

“Es lo que hay”, dijo el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel respecto de las cuestionadas elecciones judiciales instituidas en la Constitución.

A través de un comunicado, la Policía Boliviana desmintió la versión de Evaliz Morales sobre el “allanamiento ilegal” de su vivienda y afirmó que ni ella ni su madre son investigadas.

“Desmentimos categóricamente lo citado en las denuncias de Evaliz Morales, ya que, en este caso, no se la (está) investigando, tampoco a su padrastro o madre”, señala el texto.

Al contrario, señala que “la actuación policial buscaba la ubicación del sr. Guy Vargas Aspiazu, quien continuaba registrando su domicilio en el inmueble que actualmente habitan estas personas”.

La mañana de este sábado, Morales denunció en sus redes sociales: “Hoy, “el gobierno de Luis Arce desplegó a su brazo armado en un intento evidente de sembrar miedo en mi hogar y en mi vida”.

Denuncia de Evaliz

“Ingresaron ilegalmente al domicilio de mi madre, donde vivo, con una orden dirigida a terceros sin vínculo con mi familia”, reportó.

Contó que quienes allanaron la vivienda de su madre rompieron la puerta, intimidaron a los vecinos y requisaron su cuarto en busca de incriminarla o sembrar pruebas. “Hago responsable al gobierno de Luis Arce de cualquier hecho irregular en el que pretendan involucrarme, así como de la seguridad y la vida de mi familia y la mía”, escribió.

Lea todo sobre el hecho:

Morales dice que el allanamiento de la casa de su hija fue usado como escarmiento

Evaliz Morales denuncia el allanamiento de su casa en busca de terceros

En su comunicado, la Policía detalló la intervención en la vivienda, la tarde del viernes.

Aclaró que se trataba del caso del descubrimiento de Bs 2,4 millones en una carga de cebollas, el 1 de diciembre, en la bodega de la Flota Yungueña, en la zona Villa Fátima de La Paz.

Allanamiento

Informó que el viernes, los efectivos policiales cumplieron una orden de allanamiento en el inmueble de la zona de Obrajes, en La Paz, registrado a nombre de Guy Alberto Martín Vargas Aspiazu, investigado en el caso.

Detalló que los agentes hicieron “uso de la fuerza estrictamente necesaria en las puertas, ya que estaban cerradas. En el comunicado, la Policía relató que la acción fue autorizada verbalmente por Félix Cárdenas Aguilar, padrastro de Evaliz Morales.

Cerca de las 18.00 se hizo presente la joven, quien, según el comunicado, dijo “que el inmueble pertenecía actualmente a sus padres, Félix Cárdenas Aguilar y Francisca Alvarado Pinto, a través de la compra de hace años (textual)”.

La Policía contó que, “en ese interín”, Evaliz llamó a Vargas Asíazu, quien, “a los minutos” llegó al lugar, donde fue citado formalmente sobre el caso.

Derechos

“En ningún momento se vulneró derechos y garantías, toda vez que todas las actuaciones se enmarcaban en un mandamiento judicial de allanamiento”, señala el texto.

Al contrario, Evaliz Morales consideró que “este acto no solo es un abuso de poder, sino una clara muestra de la persecución política que atraviesa nuestro país”.

“Clara prueba de ello son los más de 120 presos políticos que existen en San Pedro, Obrajes, Patacamaya, Chonchocoro”, protestó.

También se sumó a la denuncia su padre, el expresidente Evo Morales. “No se puede concebir tanto abuso político y persecución judicial utilizada como escarmiento”, afirmó el exmandatario a través de sus cuentas en redes sociales.

“La única razón de este abuso obedece a continuar amedrentando a todos los que enfrentan y denuncian con la verdad al Gobierno”, denunció.

El caso comienza a generar repercusión política, especialmente en redes sociales de los seguidores del exmandatario y su hija.