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Áñez demanda al Estado boliviano ante la CIDH por negarle un juicio de responsabilidades

La exmandataria Jeanine Áñez en la cárcel de mujeres de Miraflores.

La expresidenta transitoria Jeanine Áñez informó este jueves, a través de su cuenta de Twitter, que entabló una demanda contra el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la negación a otorgarle un juicio de responsabilidades. 

“Ayer presenté ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDH la demanda internacional contra el Estado Plurinacional de Bolivia por su negación a mi derecho al juez natural, mi derecho a #JuicioDeResponsabilidades, como me corresponde como ex Presidente de Bolivia” (sic), escribió.

El 20 de enero de este año, la exmandataria pidió, a través de una carta, al vicepresidente David Choquehuanca, como presidente nato de la Asamblea Legislativa, que haga cumplir la norma de juzgamiento de altas autoridades y viabilice en la Asamblea la autorización de juicio de responsabilidades.

EL 23 de enero, el Juzgado Primero de Instrucción Cautelar de El Alto determinó que Áñez sea juzgada en la vía ordinaria por la masacre de Senkata en 2019, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.

Lea más: Jeanine Añez despide a sus abogados y acusa al juez de prevaricato en el caso Senkata

De acuerdo con las investigaciones, el 19 de noviembre de 2019 se registraron esos hechos de violencia que derivaron en una decena de fallecidos, por impacto de bala. Cuatro días antes, se registró la masacre de Sacaba, en Cochabamba.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en enero, apuntó a los líderes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, de haber bloqueado el juicio de responsabilidades para Áñez en el Legislativo.

Argumentó que por esa situación se tuvo que acudir a un juez de El Alto para dilucidar el futuro de este proceso.

En 2022, Áñez pidió a CC y Creemos aprobar el juicio de responsabilidades para “exponer la verdad de los sucesos ante el país”, pero el tema no se logró debatir en la Asamblea.

De manera paralela, la exmandataria es procesada por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), durante su mandato en 2020.

Asimismo, está acusada en los casos Golpe de Estado I y II. En este último proceso, que se sustancia por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de 2022.