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Gobernador de Chuquisaca denuncia cobro de $us 15.000 en el Tribunal Constitucional

Gobernador de Chuquisaca

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, brinda una conferencia de prensa. Foto: Archivo La Razón

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, denunció este lunes el cobro de $us 15.000 para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la Gobernación en contra de la Ley 518 de Recursos Adicionales, aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

Condori señaló que este hecho es “muy grave” debido a que le han llegado algunas informaciones de que si la “Gobernación o Damián no pone $us 15.000, no se va a pronunciar el Tribunal Constitucional”.

Reiteró que extraoficialmente le llegó la información que solo si ponen “un monto determinado” se va a pronunciarse el TCP.

“No sé si son magistrados o funcionarios, creo que es muy preocupante, si así funciona la ley o las instituciones llamadas por ley, quienes tienen que velar la constitucionalidad», dijo.

Agregó»Aquí lo que se quiere es que se aplique la Constitución Política del Estado”.

La autoridad indicó que espera que no sea cierto esa información y que “si no se pronuncia esta semana (el TCP) vamos a suponer que la justicia funciona con plata”.

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El 27 de abril, la Gobernación de Chuquisaca presentó una acción abstracta de inconstitucionalidad en contra de la Ley departamental 518 de Recursos Adicionales. Además, solicitó que sea suspendida hasta que se conozca el fallo del Tribunal Constitucional.

La Gobernación de Chuquisaca busca verificar si la mencionada ley es o no compatible con la Constitución. Mientras se espera la determinación del TCP, la Gobernación solicitó como medida cautelar la suspensión de la aplicación de esta ley.

Mientras se espere la determinación del TCP sobre el fondo de esta acción, la Gobernación solicitó como medida cautelar la suspensión de la aplicación de esta ley.

El consultor jurídico de la Gobernación, Marco Antonio Valdivieso, dijo en ese entonces que, si se aplica esta norma, “se invierten recursos y es declarada inconstitucional, generaría un daño enorme al departamento, con responsabilidad penal, civil y administrativa para todas sus autoridades”.