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Sunday 3 Mar 2024 | Actualizado a 14:11 PM

Detención preventiva es la causa mayor del 147% de hacinamiento

Solo el 35,6% de los privados de libertad en Bolivia tiene sentencia

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 15 de mayo de 2023 / 07:13

La población privada de libertad en Bolivia alcanzó a las 25.940 personas, entre varones y mujeres, hasta abril de este año. La detención preventiva es la causa mayor del 147% de hacinamiento

Sin embargo, la capacidad de los recintos carcelarios tan solo llega a 10.521, según los datos a los que accedió La Razón.

La información fue proporcionada por el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

Los datos muestran que de los 25.940 reclusos, el 64,4%, o sea 16.705, tiene detención preventiva. Frente a un 35,6%, 9.235, que cuenta con sentencia en sus procesos. Son, en total, 46 centros de reclusión en el país, de los cuales  20 urbanos y 26 provinciales.

Limpias atribuyó el hacinamiento del 147% “al tema de la justicia” y dijo que ese asunto “no pasa por falta de infraestructura. Sino porque los procesos judiciales no terminan”.

“El tema de fondo del hacinamiento es un tema de justicia, porque tenemos cerca de 17.000 privados de libertad. De los que no se conoce su situación jurídica, si es culpable o inocente”, dijo.

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Hacinamiento

El departamento que más hacinamiento presenta es Santa Cruz, que tiene una capacidad para albergar a 2.878 reos; sin embargo, existe una población de 9.619. Le sigue La Paz, cuyas cárceles debieran tener 2.115 personas recluidas, pero hay 5.387.

El tercer departamento en la lista es Cochabamba, que tiene 3.709 reclusos, pero la capacidad solo llega a 1.446. Mientras, Tarija presenta una población de 1.593, en recintos que, juntos, albergan a 907. En Beni, donde el límite de espacio es de 308, hay 1.181.

Con menor cantidad, Oruro muestra 1.586 privados de libertad, pero su capacidad es de 800. Luego, los datos muestran que los privados de libertad en Potosí suman 1.275 y su límite es de 980.

Chuquisaca tiene 1.017 reclusos y su capacidad es de 467.

El único departamento en el que los recintos penitenciarios no están hacinados es Pando, cuya población privada de libertad es de 573, en ambientes que reciben hasta 600 personas.

Una comparación anual de la cantidad de privados de libertad en los últimos cuatro años muestra que, a diciembre 2019, hubo un total de 18.208 reos; 17.035 en 2020, ; en 2021, 18.703; en 2022, 24.824, y en los primeros cuatro meses de este año, llegó a 25.940.

Del 100% de la población privada de libertad, el 93,33%, es decir 24.211, son varones, mientras que el 6,67%, 1.729, son mujeres.

El reporte muestra que el delito en el que más incurrieron los privados es “la violación de niñas, niño o adolescente”, motivo por el que ingresaron 3.988 personas a los recintos carcelarios.

Le siguen los delitos en relación con la Ley 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, por los que 3.3613 personas fueron privadas de su libertad.

El tercer delito con mayor incidencia es el robo y robo agravado, con una cantidad de 3.458 personas que supuestamente incurrieron en ese delito.

Limpias también habló del cumplimiento de Penitenciarías en torno a los derechos de los privados de libertad. Indicó que cumplen actividades destinadas a la educación, al trabajo y a la salud. También se impulsa actividades de cultura y deportes.

Incluso, mencionó que la capacitación, en cuanto a educación, está a cargo de más de 30 personas, que responden al Ministerio de Educación. Los capacitadores cumplen tareas específicas, aparte del personal de Penitenciarías, que alcanza los 185 funcionarios.

A poco de haber sido posesionado en el cargo, el 8 de noviembre de 2022, el presidente Luis Arce aprobó el Decreto Supremo 4461, de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos.

Sin embargo, por recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la norma fue abrogada, pues el organismo consideró aquella “una medida asociada a la impunidad”. Pero se conoce que, durante su vigencia, el decreto benefició a 796 privados de libertad.

Datos

Organismos internacionales también se pronunciaron, a su vez, sobre el hacinamiento.

Primero, el GIEI, en su informe final sobre los hechos de violencia y vulneración de derechos en 2019, estableció que autoridades judiciales “no respetan los estándares legales sobre el uso restrictivo de la detención preventiva”.

“Esta situación ha acarreado otros problemas, como el hacinamiento carcelario”, señala una parte del punto 3.2 de ese informe, que lleva por título Abuso de la detención preventiva.

El 22 de febrero de 2022, al emitir 19 observaciones sobre la situación de la Justicia, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, observó que “el 64,10% de las personas privadas de libertad (de entonces) estaban bajo detención preventiva”. Llamó a todas las instituciones y sociedad civil a conformar “un gran acuerdo nacional por la justicia”.

En marzo de este año, una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de su visita “in loco” sobre los derechos humanos en recintos carcelarios.

“Existe un empleo excesivo de la prisión preventiva, que, de medida excepcional, se convirtió en una práctica recurrente”, afirmó la primera vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, en  una conferencia de prensa.

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De 25 postulantes, 11 optan por al Tribunal de Justicia y solo tres por el Agroambiental

Luego de la fase de preselección que le corresponde a la Asamblea Legislativa, el TSE tiene un plazo de hasta 150 días para la organización de los comicios.

Un postulante a las judiciales, presentó sus documentos este domingo.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 3 de marzo de 2024 / 13:11

Al terminar la decimotercera jornada de recepción de postulaciones para las elecciones, 25 aspirantes ya dejaron sus documentos para ser parte de la preselección. De ellos, 11 apuntan a los altos cargos del Tribunal de Justicia y solo tres al Tribunal Agroambiental.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cuenta con siete postulantes y el Consejo de la Magistratura con cuatro aspirantes.

Todos ellos buscan ser parte de una lista de 192 personas que, luego de vencer varias etapas de calificación en dos comisiones de la Asambea Legislativa, debe ser remitida al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El tiempo establecido para la remisión de la lista al TSE es de 80 días, a partir de la convocatoria, según manda la Ley 1549, de Elecciones Judiciales. Sin embargo, faltan siete días más para el registro de postulantes.

Luego de eso, el TSE tiene un plazo de hasta 150 días para la organización de los comicios.

Elecciones

Es la tercera vez que los bolivianos elegirán a sus autoridades judiciales; la primera ocurrió el 16 de octubre de 2011 y, la segunda, el 3 de diciembre de 2017. EL periodo constitucional para el mandato de esas autoridades es de seis años, pero los magistrados y consejeros electos en los útimos comicios fueron prorrogado en se mandato por la Sentencia Constitucional 049/2023.

Actualmente, esa ampliación genera visiones encontradas en tres bloques del ámbito político. Por un lado, el bloque arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) defiende la prórroga como una salida “constitucional” al conflicto por las elecciones judiciales. En cambio, la facción evista del oficialismo, y la oposición aseguraron que esa medida responde a intereses del Gobierno.

Lo cierto es que ya corren los 230 días para que los bolivianos acudan a las urnas a definir quiénes conducirán la Justicia en el país, ese plazo está previsto en la mencionada ley.

La oficina encargada para la recepción de documentos está ubicada en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, frente a la plaza Murillo, en La Paz, y abrió sus puertas el 20 de febrero, por un periodo de 20 días, según lo establece la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

El horario dispuesto para la presentación de sobres es de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.00 de lunes a viernes; los sábados, domingos y feriados, el horario es de 08.00 a 12.00.

Lista de postulantes que presentaron su documentación:

Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)

1. Cyborg Kanashiro Bronnkss

2. Orlando Tito Flores

3. Vivian Fabiola Torrez Saavedra

4. Mariana Montenegro Añez

5. Saturnino Edgar Apaza Machaca

6. Erick Ghilmar Bilbao Portanda.

7. Carlos Ortiz Quezada

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

1. Iván Fernando Vidal Aparicio

2. Roberto Parada Mole

3. Johnny Farel Mérida

4. Iván Sandoval Fuentes

5. Primo Martínez Fuentes

6. Rubén Ángel Andrade Muñoz (mediante tercera persona, su hija)

7. Lilian Paredes Gonzales

8. Julio César Rojas Mendieta

9. José Miguel Vásquez Castelo

10. Wilson Quiroz Osinaga (vía tercera persona)

11. Daniel Soliz Flores

Tribunal Agroambiental (TA)

1. José Romero Sandoval

2. Pedro Montaño Moya

3. Mauricio Javier Rojas Orellana

Magistratura (CM)

1. Juan de Dios Rodríguez Cedeño

2. Leopoldo Miguel Escobar Ramos

3. Armando Arce Balcazar

4. Edgar Javier Rodríguez Bernal

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‘A calzón quitado’: Morales culpa a Arce y a Choquehuanca del bloqueo legislativo

Morales criticó los proyectos de le sobre créditos y comparó al Gobierno con el expresidente Carlos Mesa, y dijo que la aprobación de esas normas es otra forma de mendicidad.

El expresidente Evo Morales en el ampliado de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, la tarde del sábado.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 3 de marzo de 2024 / 12:06

El expresidente Evo Moral afirmó que los primeros bloqueadores en la Asamblea Legislativa son el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca porque, en su criterio, postergaron varias actividades, como el Censo y las elecciones judiciales.

“Pero hablemos a calzón quitado, quién dirige la Cámara de Diputados (…). Echa la culpa a Evo por los bloqueos de caminos, pero (quiero) ratificar nuevamente, el primer bloqueador es Lucho (Arce) y David (Choquehuanca) (sic)”, dijo en su programa dominical que se difunde por Radio Kawsachun Coca.

En su justificación, Morales recordó la postergación del Censo de Población y Vivienda y la pugna con el movimiento cívico de Santa Cruz, que derivó en un paro regional de 36 días. Afirmó que esa medida, que generó pérdidas millonarias a varios sectores productivos, fue el producto de “malos cálculos políticos”.

“Si no bloqueaba al Censo, no había 36 días de movilización en Santa Cruz; entonces ¿quién perjudica al departamento, de dónde viene eso?”, cuestionó.

Asimismo, recordó los escollos que sufrió la elección judicial y los problemas que terminaron por postergar los comicios que, según manda la Constitución Política del Estado (CPE), debió realizarse en 2023.

“Por instrucción del Presidente y Vicepresidente, con su intermediario Iván Lima (ministro de justicia), bloquean y buscan cualquier chicana jurídica para parar (ese proceso)”, dijo.

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Y dijo que eso causó el bloqueo de caminos de 16 días que propiciaron sectores afines al exmandatario. “Por eso digo que el primer bloqueador en Bolivia es Lucho y David; estoy demostrando, no estoy mintiendo”, insistió.

Culpó también a Arce, Choquehuanca y los legisladores del ala arcista de los conflictos en la Cámara de Diputados en medio de la discusión por la aprobación de siete proyectos de ley destinados a créditos y la prórroga de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Esas sesiones, la semana pasada, fueron marcadas por la agresión entre diputados arcistas y evistas del MAS y del bloque de oposición. El principal problema fue el cambio del orden del día en la convocatoria y el respeto a un acuerdo bicameral tripartidario.

“Bolivia depende de la deuda externa, (es una) vergüenza. Es otra forma de mendicidad (…), porque no hay un plan de cómo levantar la economía”, criticó.

Morales sostiene una confrontación con Arce desde septiembre de 2022, cuando denunció que es víctima de un “plan negro”.

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La Asamblea sufre las fisuras de sus tres fuerzas políticas

Pedrazas advierte de ‘simpatías’ entre el MAS y opositores.

Verónica Challco en la Asamblea Legislativa. Foto: APG

/ 3 de marzo de 2024 / 06:49

La Asamblea Legislativa sufre las fisuras y la atomización de sus tres fuerzas políticas, que degeneran en retraso de leyes, violencia, bochorno y crisis de gobernabilidad. La postergación de las elecciones judiciales, en 2023, es la grave consecuencia.

Al término de las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, el Movimiento Al Socialismo (MAS) —que ganó con el 55,1% de los votos— consiguió 21 de los 36 escaños en la Cámara de Senadores; CC 11 y Creemos cuatro. En Diputados, el MAS logró 75 escaños de 130; CC 39 y Creemos 16.

Dichas fracturas quedaron más expuestas esta semana en las sesiones de la Cámara de Diputados, que terminaron por aprobar cinco de los siete proyectos de ley sobre créditos destinados a infraestructuras, un programa de salud, preinversión y electrificación rural en varias regiones del país, que esperaban la luz verde de ese órgano camaral para seguir su trámite, ahora, en la Cámara de Senadores.

Aparte de esos proyectos, un crédito y los dos referidos a la suspensión de plazos procesales y la prórroga de mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 están pendientes de debate.

Bochornos

En medio de la discusión, surgieron bochornos, agresiones y hasta intercambio de golpes entre legisladores de oficialismo y oposición. El principal problema fue el orden del día de la convocatoria del presidente de Diputados, el arcista Israel Huaytari.

En el intento de abordar primero los proyectos sobre la prórroga, algunos diputados del bloque de oposición, liderados por la diputada Luisa Nayar (CC), y del bloque evista del MAS tomaron la testera en medio de agresiones, también, por parte de sus colegas del bloque arcista del MAS, que custodiaban ese espacio.

Lo llamativo del hecho es que no todos los diputados opositores participaron, debido a que cuestionan la legitimidad de la representación partidaria que firmó el acuerdo bicameral tripartidario del 2 de febrero. Dicho documento fue firmado por los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas en Senadores y Diputados.

Al respecto, el diputado de CC Marcelo Pedrazas dijo que su jefe de bancada, Enrique Urquidi, “no goza de la legitimidad y la representación” de sus colegas, por lo que cuestionó el acuerdo que permitió, más adelante, aprobar, sancionar y promulgar la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

En la misma línea, el diputado Miguel Roca, de la misma fuerza, dijo que Urquidi y otros legisladores —a los que se refirió como “la oficialidad”, cercanos al líder de CC, Carlos Mesa— firmaron el acuerdo con el MAS y Creemos en la comisión bicameral de la Asamblea Legislativa.

Asamblea

Esa declaración se hizo pública por un video que grabó con su colega Luisa Nayar, a quien encaró y dijo: “Defender este acuerdo no es mi pelea”. Ella reclamaba por su ausencia en los momentos de tensión y agresión en la testera del hemiciclo de Diputados.

Pero no es el único episodio polémico de CC. Durante el conteo de votos de los créditos que fueron aprobados, legisladores de esa fuerza identificaron a algunos miembros de CC que supuestamente “vendieron” su voto al oficialismo; los calificaron de “traidores”.

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Incluso, una lista de 11 personas fue publicada en las redes sociales de CC, entre ellos Pedrazas. “Si quieren cuestionar a traidores de CC, deberían hacerlo con quienes firmaron ese acuerdo (…). Yo no soy del CC masista”, se defendió el legislador.

Si bien las últimas sesiones develaron más fisuras, la atomización del MAS, CC y Creemos tiene larga data, y cuya consecuencia más directa fue el desacuerdo que derivó en la postergación de las elecciones judiciales de 2023 a 2024 y, lo que es grave, la prórroga de mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 por parte del Tribunal Constitucional.

La fisura más grave es la protagonizada por el MAS. Siendo la fuerza mayoritaria de la Asamblea Legislativa, ahora, desde sus alas arcista y evista, tiene que buscar aliados circunstanciales en la oposición tradicional. La disputa política instalada entre el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, y el presidente Luis Arce ha puesto en vilo a ese partido.

Creemos, del encarcelado Luis Fernando Camacho, no es la excepción. Desde el inicio del periodo se apartó de su aliado, Unidad Cívica y Solidaridad (UCS), y sufre también serias disidencias. 

El presidente Luis Arce y el jefe del MAS, Evo Morales.
El presidente Luis Arce y el jefe del MAS, Evo Morales.

La ruptura interna del MAS es visible desde 2022

El Movimiento Al Socialismo (MAS) fue el primer partido en sufrir un quiebre interno, que ahora alcanzó a su estructura social, legislativa y hasta su militancia, por el apoyo al presidente Luis Arce y al expresidente y jefe nacional de ese partido, Evo Morales.

“(El plan) era tener un satélite gobernante y que el gobierno iba a ser manejado por ellos; o sea, que era un gobierno a control remoto. Todos sabemos que (por parte de) Evo Morales era una de sus características. Entonces, Luis imprimió otro ritmo al hacernos del Ejecutivo, pero sobre todo cumpliendo un mandato de las organizaciones, sobre todo el Pacto de Unidad y las organizaciones sociales”, dijo en una entrevista con La Razón el viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico.

Si bien reconoció el evidente quiebre, remarcó que la división en el MAS “es cupular” y que, en las bases de la organización, solo se espera conocer un liderazgo nuevo. “Cuando el MAS decida, y al final se pongan de acuerdo quien va a ir de candidato, todo el MAS se va a ir por ese lado; estamos con las organizaciones, la pelea es cupular”, vaticinó.

Asamblea Legislativa

Del otro lado de la vereda, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, sin precisar la fecha, aseguró que el quiebre entre ambos actores políticos surgió en la última reunión de coordinación entre el Ejecutivo, la dirigencia de ese partido y las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, en el municipio de Sacaba, en 2022.

Entonces, relató García, Morales advirtió al mandatario sobre acciones de su hijo Marcelo Arce Mosquera, que supuestamente tenía participación en las negociaciones para explotar el litio, denuncia que se hizo pública en octubre del año pasado.

“El tema no era meterse, el tema era que tenga un poco de cuidado; (por) que puede hacer quedar mal su gestión; le puede hacer meter la pata, simplemente le dijo eso: No es meterme, sino es hacerte conocer que de repente puede hacerte quedar mal”, contó García a este medio. “Eso lo ha agarrado mal Lucho y desde ahí empezó la guerra sucia”, dijo.

Pero la vez que Morales mostró distancia con Arce fue a inicios de septiembre de 2022, cuando denunció que era víctima de un “plan negro”. Desde esa vez, los cuestionamientos contra Arce crecieron.

Una ‘mala conducción’ divide a la alianza CC

Expuesta una marcada división en la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) y sus bancadas en la Asamblea Legislativa, el diputado Marcelo Pedrazas atribuyó a una “mala conducción” de su líder, Carlos Mesa, y su entorno.

El legislador representante del departamento de Chuquisaca se identificó como “disidente” — como seis colegas— de lo que denomina el “adultocentrismo”, grupo en el que incluye a sus colegas Enrique Urquidi, Carlos Alarcón y Luisa Nayar, Gustavo Aliaga, además de los senadores Guillermo Seoane y Andrea Barrientos.

“No estamos de acuerdo con esas decisiones que se han tomado; yo los llamo disidentes porque nos hemos alejado voluntariamente por esa mala conducción que se ha tomado (respecto) de la alianza”, dijo a La Razón.

Incluso, dijo señaló que CC se dividió “hasta en cinco grupos” en la Asamblea Legislativa; adultocentristas, disidentes, apartados, expulsados y un grupo de diputados que se retiraron voluntariamente en la primera gestión legislativa, 2020-2021.

“Carlos Mesa es un caudillista (…). CC no es una del presidente de la alianza, representa a todas las fuerzas opositoras que confiaron en 2020 en esta alianza política”, remarcó el opositor.

Señaló que los cuestionamientos al entorno cercano de Mesa los dejaron tildados hasta de traidores; así ocurrió en la última sesión de la Cámara de Diputados que aprobó cinco de siete proyectos de créditos destinados a obras.

“Algunos (colegas de CC) recién están despertando, porque se dan cuenta de que hay mucho error político y hasta parece funcional al MAS”, lamentó Pedrazas.

En criterio del diputado, “hay que tomar en cuenta generar un cambio de ideas, y generacional también, de la conducción política del país”.

 Hay crisis ‘de origen’ y de ‘gestión’ en Creemos

El analista Vladimir Peña identificó dos tipos de “crisis” en la alianza opositora Creemos, liderada por el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La primera, a la que denominó “de origen”, tiene que ver con su conformación.

“La de origen se genera por los hechos de 2019. Es la transformación de la efervescencia de la calle en un proyecto político amorfo”, dijo en entrevista con La Razón.

Recordó que la candidatura de Camacho y el excívico potosino Marco Antonio Pumari “fracasó” y esa alianza “se redujo a Santa Cruz”.

Sin embargo, también dijo que Camacho, ya en su condición de gobernador, vio el “naufragio” de esa institución, por un “liderazgo insustancial”.

“Creemos adolece de un líder que tenga sustancias; se nota que Camacho no es un líder nacional, ni siquiera para dirigir la Gobernación de Santa Cruz. Puede ser un buen agitador de la calle, pero cuando está al mando de instituciones, es insustancial”, insistió Peña.

Además, el exfuncionario departamental identificó cuatro facciones en esa fuerza: “La que se fue con Jhonny Fernández, los camachistas, los disidentes y los independientes”.  

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Ahora un ampliado del MAS en Cuatro Cañadas ratifica a Morales como candidato en 2025

La dirigencia del MAS no dejó pasar la oportunidad, como desde hace un tiempo, de llamar “traidores” al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca.

El expresidente Evo Morales en un ampliado del mas en Cuatro Cañadas.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 2 de marzo de 2024 / 20:12

Un ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el municipio de Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz, ratificó al jefe de esa fuerza, Evo Morales, como candidato a las elecciones presidenciales de 2025.

“Ratificamos a nuestro líder histórico, Evo Morales, como único candidato del Bicentenario a la Presidencia del estado Plurinacional para el periodo 2025-2030”, señala la primera de las 17 resoluciones leídas por el excanciller Fernando Huanacuni.

El segundo punto de ese documento reivindica la “legalidad y legitimidad” de las resoluciones del congreso partidario de Lauca Ñ, celebrado en octubre del año pasado en el Trópico de Cochabamba.

Entretanto, el tercero convoca a la unidad de las organizaciones “en torno al liderazgo” del exmandatario.

Además, exigieron a la Asamblea Legislativa aprobar los proyectos de ley 073 y 075 para definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017 y cuyo mandato fue prorrogado por la Sentencia Constitucional 049/2023.

Evo Morales

Declararon en emergencia a su militancia ante “los intentos del Gobierno para inhabilitar” a Morales como candidato del MAS. Como acostumbra esa dirigencia en los últimos meses, no dejó pasar la oportunidad de tildar de “traidores” al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca.

Entre otras determinaciones, afirmaron que Arce y Choquehuanca “no representan ni practican la esencia ni los principios del MAS”; al contrario, incurren en “persecución y proscripción” de ese partido.

Arropado por organizaciones que lo respaldan, Morales lanzó críticas al gobierno de su otrora elogiado ministro de Economía. Ellos “intentarán siempre dividirnos, (pero) no nos van a dividir”, dijo en su participación.

Y recomendó a sus seguidores: “No vendernos ni rendirnos”.

Morales es el único político que anunció su candidatura, pese a la Declaración Constitucional 1010/2023 del 29 de diciembre del año pasado. El fallo elimina la figura de repostulación presidencial indefinida y declara, además, que no es un derecho humano.

Morales y los sectores que los respaldan vieron amenazadas sus pretensiones electorales y anunciaron una defensa legal. Incluso, el líder cocalero dijo que es un intento del Gobierno para anularlo políticamente.

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Llally sale de prisión con detención domiciliaria en el caso de supuesto abuso sexual

Jhonny Llally fue beneficiado con una medida sustitutiva, pero aún no puede volver a su despacho en la Alcaldía de Potosí.

El Alcalde de Potosí, Jhonny Llally, en una entrevista con La Razón Radio.

/ 2 de marzo de 2024 / 11:15

El alcalde de Potosí, Jhonny Llally, salió de prisión donde se encontraba recluido preventivamente en un caso que investiga la supuesta comisión del delito de abuso sexual. Ahora, la autoridad está beneficiada con detención domiciliaria, aunque sin derecho a salidas laborales.

Privado de libertad a principios de septiembre, Llally fue denunciado por abuso sexual y acoso sexual en el caso que se investiga a instancias de Y. J. P, una funcionaria municipal.

La defensa de la autoridad edil anunció que apelará la decisión del juez Raúl Lara, para que el acusado pueda salir a trabajar en los horarios que demanda su cargo.

Mientras dura las investigaciones de ese caso, la concejala Mayra Churata sumió de manera interina el mando de la Alcaldía potosina.
A días de su designación, el 5 de febrero, la autoridad en ejercicio posesionó a nuevos secretarios municipales.

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