Luego de su declaración informativa, la Fiscalía ordenó la aprehensión del exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos, investigado por supuestas “coimas” en proceso de contratación cuando estaba al mando de esa cartera de Estado.
Santos adelantó su declaración la mañana de este martes. Se presentó en el edificio del Ministerio Público, en La Paz, pese a que su comparecencia estaba programada para el miércoles a las 09.00.
«Vamos a presentar un pliego de imputación formal, como corresponde en procedimiento, y en los plazos que se nos permite (…). Una vez que el Ministerio Público impute formalmente (al acusado) se va a dar a conocer los argumentos», dijo el fiscal de Materia Franklin Alborta.
Una vez ordenada la aprehensión, efectivos policiales trasladaron a la exautoridad a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
El caso se conoció la semana pasada a través de una denuncia del diputado del MAS Gualberto Arispe, pero el Viceministerio de Transparencia Institucional presentó el proceso ante el Ministerio Público.
Investigación contra Santos
El avance de las investigaciones de ese caso derivó en la detención preventiva de dos funcionarios, Alexander S. y Viviana B., que supuestamente eran los recaudadores del dinero de las “coimas” para Santos.
Entre ambos poseían nueve viviendas sin declaración ante la Contraloría General del Estado y la mujer llevaba Bs 630.000.
Presionado por esa denuncia, Santos renunció a su cargo el viernes, en carta dirigida al presidente Luis Arce. Sin embargo, aseguró que esas denuncias “son falsas”, e incluso dijo que se querellará contra el denunciante.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que los funcionarios del Gobierno “están abiertos a cualquier fiscalización”.
“Estas acusaciones se tienen que esclarecer. No vamos a tolerar ningún caso de corrupción ni en este ni en otros casos”, agregó.
El caso también generó repercusiones por parte del expresidente del Estado y líder del MAS, Evo Morales, que incluso cuestionó la “utilidad del Ministerio de Justicia” ante los supuestos actos de corrupción por miembros del Gobierno.