Luego que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmara la citación al jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales para que declare por los supuestos de estupro y tráfico de personas, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba no descartó una “convulsión e insurgencia” si detienen al líder cocalero.

“Lo que a suceder es grave en Bolivia. No garantizamos nada, estamos sosteniendo a las bases, (será) responsabilidad del Gobierno que haya insurgencia y convulsión. No vamos a permitir que toquen, peor que encarcelen a Evo”, advirtió Dieter Mendoza, dirigente de la Federación Bulo Bulo a Cadena A.

El cocalero indicó que “cualquier” cosa que suceda en Bolivia será responsabilidad de los jueces y fiscales; “corruptos y del Gobierno traidor”, además de los vocales de justicia que se “corrompieron”.

Fiscal

Lanchipa aseguró este lunes que Morales fue citado a declarar por una comisión de fiscales conformada desde la Fiscalía General del Estado. 

“La comisión ha dispuesto la citación de las tres personas indicadas en este caso; entre ellos el Evo Morales Ayma, para que se presenten a la oficina de la Fiscalía Departamental de Tarija el jueves 10 de octubre de este año 2024”, señaló Lanchipa.

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Luego que la Justicia anulara la orden de aprehensión contra Morales, se conoció una investigación que le sigue el Ministerio Público por una denuncia de estupro y trata de personas que data de 2019. El líder cocalero es acusado de abusar de una menor de 15 años y además tener una hija con ella.

Mendoza también denunció que se busca “cualquier” excusa para encarcelar a Morales, por lo que ya “no se cree” en la justicia que “está corrompida” y lo único que se busca es encarcelamiento.

Acusación

“Lo han acusado desde hace décadas de terroristas, de narcotraficante, corrupción, pero ¿han encontrado algo?, no y no lo van a encontrar porque es un líder que ha trabajado desde la transparencia”, justificó el dirigente.

Indicó que “ahora” se inventan este proceso, al cual lo calificó de “guerra sucia”, sin ninguna prueba. “El caso estaba cerrado, pero como hoy manipulan, como hay una injerencia en el sistema judicial buscan cualquier excusa para desprestigiarlo y tratar de encarcelarlo”.

Tras la restitución de Sandra Gutiérrez en el cargo de fiscal departamental de Tarija, el equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció este lunes que la resolución del juez Iván Córdoba es un favor al ministro de Justicia, César Siles, luego que éste haya ejercido como subprocurador en la Procuraduría General del Estado.

“Iván Córdoba ha sido subprocurador de César Siles y después de una serie de denuncias por corrupción ha sido director de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría General del Estado hasta hace poco tiempo”, denunció la abogada Cecilia Urquieta.

La jurista argumentó también que quien llevó el proceso de esta acción de libertad en favor de Gutiérrez fue el abogado Vacaflor; también exdirector de la Procuraduría en la gestión de Siles. 

Amistad

“Estas personas son muy allegadas a César Siles, son amigos de Siles; y casualmente ahora de forma irregular ha caído en este juzgado y ha salido esta resolución con justificaciones legales que desconocemos”.

El domingo, la Justicia determinó la restitución de Gutiérrez al cargo de fiscal departamental de Tarija, luego que fuera destituida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, tras emitir una orden de aprehensión contra Evo Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas.

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Uquieta también denunció que el juez Córdoba está postulando para el cargo de Fiscal General del Estado; pero además es candidato para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Está en las dos listas en este momento”.

“Esta persona con estas irregularidades, con este tipo de denuncias y que justamente ahora parecería que estaría cumpliendo algunos favores para el ministro de Justicia. Nos sorprende que justo ahora caiga en la sala (de garantías) de este señor que ha sido hasta principios de este año subprocurador o ha trabajado en la Procuraduría General del Estado”.

Fallo del juez

El domingo, el juez Córdoba justificó su decisión al considerar la destitución de “arbitraria” y que afecta la integridad personal de Gutiérrez. 

“Lo que convierte el acto en arbitrario y al ser arbitrario, entonces, consecuente con el antecedente de la presión que se habría ejercido por parte del jefe de Recursos Humanos; se convierte en un acto que afecta la integridad personal de esta ciudadana; particularmente en lo que tiene que ver con su circunstancia o aspecto psicológico vinculados con el derecho a la vida”, indicó a Unitel.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi señaló este lunes que ocho candidatos a magistrados, entre titulares y suplentes, para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tienen asegurado su elección para los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Pando y Potosí.

“Señalar que se habría incumplido la Ley 1549, por un lado, y segundo, que dos candidatos están cuasi elegidos (en cuatro departamento), porque uno será titular y el otro será suplente. Hay que recordar que en un proceso judicial como este es por simple mayoría, el ganador gana por un voto”, indicó el vocal electoral.

Tahuichi recordó que en agosto la Asamblea remitió una lista de 139 candidatos al Órgano Electoral, sin embargo, a la fecha, dijo que se produjeron 12 renuncias. Señaló que en carrera se cuentan con 127.

Indicó que la Ley 1549 “Transitoria para las elecciones judiciales 2024” establece de un techo máximo y un mínimo para estar ternas para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Supremo de Justicia.

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“Ha pasado una cosa extraña que tendrá que explicar la Asamblea. El origen deviene de ahí. Para el caso del Tribunal constitucional Plurinacional, en cuatro departamentos, la Asamblea remitió al Órgano Electoral dos candidatos. Eso por debajo del techo, hay que entender según la Ley 1549 el techo mínimo era cuatro postulantes, hasta un máximo de ocho”, recordó.

Reiteró que la Asamblea, como es de conocimiento público, remitió dos postulantes por debajo del techo mínimo para los departamentos. “Esta valoración, no corresponde al Órgano Electoral, corresponde a la Asamblea”.

El vocal electoral recordó también que el cuerpo colegiado del TSE definió mediante por votación proseguir con el proceso, pese a su voto disidente que pidió que las listas deberían volver a la Asamblea para que sea completado con el mínimo, que establece la norma.

El 1 de diciembre, los bolivianos elegirán 23 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional Plurinacional, y tres miembros del Consejo de la Magistratura. Serán, en total, 52 autoridades electas, entre titulares y suplentes.

El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz declaró culpables a los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López y los sentenció a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles y contratos lesivos al Estado, por la adquisición irregular de material antidisturbios en noviembre de 2019.

En tanto, otros tres acusados también fueron sentenciados entre tres, cinco y siete años de privación de libertad y uno fue absuelto de culpa. 

“Los miembros del Tribunal ingresaron a deliberar y emitieron la Resolución Sentencia N°20 /2024, declarando: culpables a Arturo Carlos Murillo Prijic por el delito Negociaciones Incompatibles con una pena privativa de libertad de ocho años, a Luis Fernando López Julio por el delito Contratos Lesivos al Estado con una pena privativa de libertad de ocho años”, señala el comunicado del Ministerio de Justicia.

Además, fueron sentenciados la exdirectora general de Asuntos Administrativos Ruth Palomeque Ríos a cinco años de privación de libertad. En tanto, el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno Sergio Zamora Bascopé recibió tres años de privación de libertad y el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions (TBS) Bryan Samuel Berkman recibió una condena de siete años.

Así también, el Ministerio de Justicia señaló que el exresponsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa Dennis Vera Rada fue absuelto de los cargos.

Los sentenciados están acusados de delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.

“El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, reitera su firme compromiso con la ‘Cero tolerancia a la Corrupción’ y asegura que este caso enviará un mensaje contundente contra los hechos de corrupción que ocurrieron en el gobierno de facto de Jeanine Añez, durante el último trimestre del 2019” señala la cartera de Estado.

De acuerdo con los antecedentes, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez en 2019, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), la que a su vez adquirió este material de la firma Cóndor de Brasil.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

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Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal. Ante esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.

En 2019, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4090, con el que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional “de gases antidisturbios o antimotines” y “material no letal para uso de la Policía Boliviana”.

La adquisición se hizo en tiempo récord a través de la empresa intermediaria BTS. Si bien el Ministerio Público comenzó a investigar en mayo de 2020 el ilícito, el caso fue más visible a raíz de la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos, en mayo de 2021.

En un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que involucra a Murillo y otros funcionarios del régimen de Áñez en delitos de conspiración, soborno e intento de lavado de dinero, se señala que el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno Sergio Méndez ya había comenzado con las cotizaciones con la intermediaria BTS el 16 de noviembre de 2019.

En abril de este año, un tribunal de Estados Unidos dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

Bolivia recurrió a la Justicia de Estados Unidos para recuperar ese dinero. Luego de varios recursos, presentó una tercera enmienda el 17 de febrero de 2023. Los últimos argumentos del Estado fueron presentados el 24 de marzo de 2024, señala la traducción del documento.

Ante esa información, el tribunal de Miami decidió que Murillo pague esa indemnización, que se desglosa así: $us 2.291.402,00 por daños reales; $us 443.319.42 por intereses previos al juicio devengados desde el 8 de abril de 2020 al 27 de marzo de 2024; $us 569,09 de viáticos por día hasta la sentencia definitiva y $us 1.030.000 por otras fuentes relativas al litigio.

Murillo fue acusado en Estados Unidos con delitos de incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo y demanda constructiva.

En enero de 2023, la Corte de Distrito de los Estados Unidos (EEUU) al sur de Florida, Miami, condenó al exministro a cinco años y ocho meses de prisión.

Luego que el Grupo de Puebla expresara su preocupación por la campaña de “lawfare” contra Evo Morales, el Foro Madrid acusó este viernes a este grupo de políticos y académicos de doble moral y dijo que “cuando sus miembros cometen delitos son automáticamente exonerados y apoyados”.

“Tampoco es la primera vez que el Grupo de Puebla avala los crímenes del también padrino e impulsor de la llamada ‘CELAC Social’, Evo Morales. El Grupo de Pueblo también respaldó el fraude perpetrado por Morales en 2019. Avalar los crímenes de sus miembros ratifica como una organización criminal”, señala el pronunciamiento del Foro Madrid.

También indica que las graves acusaciones hechas por una fiscal boliviana en contra del líder cocalero “por pedofilia, trata y tráfico de personas deben seguir su curso legal y juicio”.

“No es la primera vez que Morales ha sido acusado de cometer estupro, pervertir a menores de edad y hasta embarazarlas. Evo Morales debe ser enjuiciado por todos los crímenes cometidos, los cuales incluyen: pedofilia, estar al frente de una red de trata y tráfico de personas, tener nexos con el narcotráfico, promover la violencia en el Perú, perpetrar un fraude electoral”.

El Foro recordó que, en 2020, el entonces viceministro de Transparencia, Guido Melgar, aseguró que Morales “era padre de una niña nacida en 2016, cuando su madre tenía 16 años”. La autoridad de entonces señaló que “la menor existe, la madre existe, y la menor tiene como padre registrado a JUAN Evo Morales Ayma” (sic).

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El miércoles, la todavía fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, fue apartada del cargo luego que se diera a conocer una orden de aprehensión que quedó sin efecto por la justicia contra Morales por los delitos de estupro y trata de personas.

La exautoridad denunció al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de proteger a Morales luego que le ordenara apartarse del caso y dejar sin efecto la comisión de fiscales conformada para la investigación.

El jueves, el Grupo de Puebla hizo un llamado a estar atentos a la politización de la justicia boliviana, luego que “algunas” encuestas electorales favorecen a Morales.

“A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra de Morales, algunas infundadas y otras que ya fueran resueltas judicialmente en el pasado”.

El Foro Madrid indicó que la pugna entre Luis Arce y Evo Morales, que, según el Grupo de Puebla, ha derivado en la “supuesta persecución política”, no es sino “una guerra entre mafias para tomar el control. Ninguno de los dos merece gobernar Bolivia”.