La comisión de fiscales anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca ejecutó este martes la orden de aprehensión contra un funcionario de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de iniciales J. A. C. por un supuesto cobro de Bs 20.000 para un fallo favorable de esta instancia judicial.
El fiscal de materia Fernando Aragón confirmó que el funcionario fue notificado en oficinas del TSJ y trasladado a la Fiscalía para que brinde su declaración dentro de este caso que fue abierto a denuncia de los magistrados del TSJ.
“Dentro de las labores realizadas por la comisión de fiscales anticorrupción, en conjunto con la Policía Boliviana el día de hoy se ha procedido a emitir un mandamiento de aprehensión y su ejecución con relación al señor de iniciales J. A. C., mismo que estaría vinculado con el cobro de dineros para emitir un fallo favorable hacia una persona que habría recurrido en casación ante el Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Aragón a Radio Fides.
Según el fiscal, de acuerdo con la denuncia que fue presentada por los magistrados del TSJ, la investigación está dirigida en función a cohecho pasivo (que acepta soborno) de acuerdo a los elementos colectados en la etapa preliminar.
“Se ha podido individualizar a un probable autor y por ende el Ministerio Público ha procedido a emitir la correspondiente resolución de aprehensión”, remarcó.
El Ministerio Público, en las siguientes horas, emitirá la imputación y pedirá las medidas cautelares por el funcionario del TSJ por el delito de cohecho pasivo.
Hoy vence el plazo para que el Movimiento Al Socialismo (MAS) llame a un nuevo cónclave para renovar su directiva. Arcistas y evistas continúan defendiendo sus convocatorias y aseguraron que se ajustarán a la norma, corrigiendo las observaciones del TSE.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la supervisión a los cónclaves del Pacto de Unidad que apoya al presidente Luis Arce, y del MAS que respalda al expresidente y jefe nacional del partido, Evo Morales: el primero del 3 al 5 de mayo en El Alto, y el otro, para el 10 de junio en Villa Tunari, en el Chapare de Cochabamba.
Basó su decisión en el incumplimiento del estatuto del frente político, que determina que el congreso debe ser coordinado con las organizaciones sociales matrices fundadoras, o sea, de los campesinos, los interculturales y las Bartolinas. Además, no presentaron las firmas de todos los integrantes de la directiva nacional.
Evistas
Ayer, el primero que anunció que se ajustarán a la norma fue Morales, tras su retorno de Venezuela y al filo del plazo. “Las últimas observaciones (del TSE), mañana tengo una reunión de emergencia. Hemos cumplido con toda la legalidad, nos hemos blindado jurídicamente. Van a haber novedades, estamos debatiendo, con apoyo externo inclusive”, dijo en radio Kawsachun Coca.
Ratificó que no se reconoce a los representantes del Pacto de Unidad arcista. “Cómo vamos a consensuar (con ellos) una convocatoria, ni siquiera son militantes; según el estatuto, militantes son los que hacen vida orgánica en el MAS, con ellos tenemos que consensuar”.
Dijo que el TSE no tiene atribución para definir el reconocimiento de las organizaciones matrices de esta tienda política. “El MAS decide con quién consensuar”. Y denunció que hay un plan para proscribir al partido e inhabilitar su candidatura. “Aquí quieren un genocidio contra el MAS”.
El plazo fatal para la renovación de las directivas nacionales en las tiendas políticas es el 5 de mayo y las que incumplan con ello corren el riesgo de perder su personería jurídica. Mientras que si el MAS no cumple hoy con la convocatoria al cónclave, puede ser pasible a una primera amonestación (a la tercera se pierde también la personería).
Arcistas
Asimismo, el Pacto de Unidad arcista también anunció ayer que sus asesores legales subsanarán hoy las observaciones del TSE para que autorice su congreso en El Alto.
Llevó a cabo una reunión a la que invitó a Morales, para buscar la unidad del partido y asumir una solo postura para el cónclave, pero no asistió. Lucio Quispe, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), indicó que se lo convocó desde el año pasado para dialogar y limar asperezas, por lo que le pidió “recapacitar” para no perder la personería.
Señaló que el Pacto de Unidad, “sí o sí” subsanará las observaciones del TSE y ratificó la realización del congreso, toda vez que “ya está programado” en El Alto. “Ahí vamos a decidir, no hay otra, por algo también está este directorio”.
LEGALIDAD
Agregó que se cuenta con el reconocimiento de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Viceministerio de Autonomías.
Guillermina Kuno, ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, dijo que desde su organización se invitó a Morales para una reunión, pero “nunca ha venido”. Señaló que el MAS es de las organizaciones sociales y no de “unos cuantos”
Y Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), pidió al jefe nacional del MAS reflexionar y buscar la unidad de frente político.
Ante desaire de Evo, Prada dice que la población se da cuenta quienes ‘no tienen la voluntad de coordinar’
La autoridad indicó que “incluso cartas notariadas se han ido a dejar a la Dirección Nacional del MAS-IPSP” con el registro de fotos porque "no querían ni recibirlas".
La ministra de Presidencia, María Nela Prada, en Bolivia TV.
Tras el desaire del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, a la reunión del Pacto de Unidad, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que la población se da cuenta quienes “no tienen voluntad de coordinar” y que en los hechos “se llenan la boca con palabras de unidad y de precautelar el instrumento” político.
El jueves, la dirigencia de campesinos, interculturales y Bartolinas invitó para este domingo a Morales, para buscar la unidad del partido y asumir una sola postura para el cónclave, tras el rechazo para una supervisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Queda claro quienes están precautelando nuestro instrumento político, quiénes están convocando estas reuniones a Evo (Morales), incluso en la convocatoria al congreso que sacan las organizaciones sociales se conmina la Dirección Nacional (del MAS) a poder asistir justamente… porque se realiza un congreso de manera consensuada con las organizaciones sociales”, indicó.
La autoridad señaló que las organizaciones fundadoras y legalmente reconocidas enviaron “muchas” notas, además “notariadas”, señalando una reunión para convocar al congreso, cumpliendo con lo que establece el artículo 13 del estatuto del MAS. “No las que ha creado Evo Morales para que (le) sean serviles a las ambiciones de poder, sino las que cuentan con todo lo legal y lo legítimo, y son las que están preocupadas por nuestro instrumento político”. “Por eso han remitido tantas notas y ninguna ha sido respondida por Evo”.
Añadió que “incluso cartas notariadas se han ido a dejar a la Dirección Nacional del MAS-IPSP” con el registro de fotos porque «no querían ni recibirlas» y esto quede registrado “ante la historia” y cumplir con este consenso que establece el estatuto del MAS.
Prada incluso indicó que la última carta que mandaron las tres organizaciones sociales el 18 de abril, es a partir de la resolución que sacó TSE, Le piden a Morales “coordinar una convocatoria a un congreso que estable el artículo 13 del estatuto (ya) que son finalmente las que han dado vida al instrumento político”.
“Es importante tomar en cuenta que el instrumento no es un partido político tradicional, ha sido el hijo de las organizaciones sociales, quienes le han dado vida para que sea su brazo político. No es la Dirección Nacional del MAS la que define con qué organizaciones coordinar o qué organizaciones son legítimas o legales. Son las organizaciones sociales las que definen cuál es la dirección nacional del MAS y son ellas que están velando” por su futuro.
En una semana, la FELCN afecta al narcotráfico en más de $us 3,1 millones
El viceministro Mamani mencionó que desde el 1 de enero al 20 de abril se ejecutaron 3.236 operativos que permitieron secuestrar 20,02 toneladas de droga.
La FELCN realizó el año pasado varias incautaciones de droga. Foto: APG
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este domingo que en los operativos realizados entre el 10 y 18 de abril se afectó al narcotráfico en $us 3,1 millones.
Señaló que, en ese tiempo, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizaron nueve operativos “exitosos” que permitieron el secuestro de 264 kilos de clorhidrato de cocaína y 787,2 kilos de pasta base de cocaína.
“En una semana se ha secuestrado 1,05 toneladas de cocaína, 726 celulares, cuatro refrigeradores y 32 armas de fuego”, dijo Mamani.
Explicó que se realizó la destrucción e incineración de 43 fábricas de pasta base de cocaína, un laboratorio de cristalización y se aprehendió a 14 personas vinculadas a actividades ilícitas con el narcotráfico.
“Este trabajo ha sido en diferentes en lugares del país, y las 43 fábricas han sido en su mayoría distribuidas en la provincia Chapare del municipio de Villa Tunari, de Cochabamba”.
Además, mencionó que desde el 1 de enero al 20 de abril se ejecutaron 3.236 operativos que permitieron secuestrar 20,02 toneladas de droga.
Indicó que en cuatro meses se superó la cantidad de droga decomisada respecto a gestiones anteriores, e incluso los resultados de un año de gestión. “Este dato demuestra que la lucha contra el narcotráfico para nuestro gobierno es prioridad de Estado”.
También dijo que se intensificaron los patrullajes antinarcóticos, esto con el fin de identificar plantíos de marihuana. “Como resultado se tiene el secuestro y la incineración de 119,17 toneladas”
En lo que va del daño, añadió que se secuestró 114,91 toneladas de hoja de coca, se destruyeron 24 laboratorios de cristalización, 500 fábricas de droga y se aprehendió a 1.048 personas dedicadas a la elaboración y movimiento de las sustancias contraladas.
Ante ausencia de Evo, Pacto de Unidad le pide reflexionar y ratifica congreso en El Alto
El jueves, la dirigencia de campesinos, interculturales y Bartolinas invitó para este domingo a Morales, para buscar la unidad del partido y asumir una solo postura para el cónclave, tras el rechazo para una supervisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce, pidió este domingo reflexionar al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ante su inasistencia a la invitación para limar asperezas y buscar salvar la personería jurídica del partido. Además, ratificó el congreso nacional del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto.
El jueves, la dirigencia de campesinos, interculturales y Bartolinas invitó para este domingo a Morales, para buscar la unidad del partido y asumir una solo postura para el cónclave, tras el rechazo para una supervisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Lucio Quispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), indicó que se convocó a Morales desde el año pasado para dialogar e intentar la unidad, por lo que le pidió “recapacitar” para no perder la personaría.
Señaló que el Pacto de Unidad, “sí o sí” tendrá que subsanar las observaciones del TSE y ratificó la realización del congreso, toda vez que “ya está programado” en El Alto. “Ahí vamos a decidir, no hay otra, por algo también está este directorio”.
“Hoy hemos convocado a Evo Morales, presidente del instrumento del MAS-IPSP. Ya le hemos invitado cinco veces, tengo la documentación. Las invitaciones vienen desde el año pasado. Ahí está su silla vacía. Creo que este instrumento nos ha costado, a veces sigue hablando el hermano (Evo) que somos ilegales, ilegítimos, pero quiero demostrar que soy el ejecutivo legalmente de la CSUSTCB, Guillermina Kuno (de las bartolinas) y (Esteban) Alavi (de los interculturales)”.
Agregó también que se cuenta con el reconocimiento de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Viceministerio de Autonomías.
Kuno, ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, dijo que desde su organización se invitó a Morales para una reunión, pero “nunca ha venido”. Señaló que el MAS es de las organizaciones sociales y no de “unos cuantos”
“Nosotros buscamos la unidad y el partido ha nacido de tres organizaciones, no es posible que pretendamos adueñarnos. Nadie es dueño, las organizaciones son dueñas, el cargo es pasajero, y siempre vamos a respetar a nuestros fundadores del instrumento político y su directorio que está aquí”.
También solicitó a Morales que reflexiona, también a sus principales colaboradores que lo rodean, y remarcó que “hay intereses personales” en ese bloque. “No buscaremos intereses personales, porque la abuela Bartolina Sisa ha buscado la unidad”.
Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), pidió el jefe del MAS reflexionar y buscar la unidad de partido.
“Con todo respeto se ha invitado para que pueda asistir, para dialogar como dijo el Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, no vamos a dar un paso atrás. Ayer hemos tenido un ampliado nacional y hemos elegido a nuestro representante para el congreso nacional del 3, 4, y 5 de mayo. No se puede postergar y dar un paso adelante para que se dé el congreso nacional”.
El Pacto de Unidad realiza este domingo una reunión de emergencia, ya que este lunes vence el plazo del TSE para que el MAS convoque a su congreso, bajo la advertencia de una amonestación. Las organizaciones políticas tienen hasta el 5 de mayo para renovar sus directivas, si no pueden perder su personería jurídica.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente de la Defensoría del Pueblo, registra 129 casos de tortura y tratos crueles ante el Ministerio Público en los últimos cinco años, empero, no hay ninguna sentencia condenatoria.
En entrevista con LA RAZÓN, el coordinador de esta instancia, Juan Ledezma, dice que del total, el 64%, o sea 82 casos, implica a efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía envió un reporte de los dos últimos años al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el 12 de marzo, sobre los procesos por el delito de vejaciones y torturas, del artículo 295 del Código Penal Indica que en 2022 hubo 12 denuncias en La Paz (4) Tarija (4), Chuquisaca (1), Cochabamba (1), Oruro (1) y Potosí (1), de las cuales solamente tres pasaron a las etapas preliminar y preparatoria, todas en La Paz; las restantes nueve llevan el rótulo de “cerradas”.
Mientras que el año pasado se registraron 19 casos en Chuquisaca (6), La Paz (4), Tarija (4), Cochabamba (3), Oruro (1) y Santa Cruz (1), de los cuales solo cuatro están en las etapas preliminar y preparatoria en La Paz (1), Chuquisaca (1), Cochabamba (1) y Tarija (1); el resto resultó “cerrado”.
SANCIONES. A la par, el informe de la gestión 2022 de la Defensoría, para la Asamblea Legislativa, señala que entre 2019 y 2022 se presentaron 1.463 denuncias de tortura y tratos crueles ante instancias disciplinarias de la Policía, con 19 sanciones ejecutoriadas.
“En la vía judicial no existe ninguna sentencia ejecutoriada por el delito de vejámenes y tortura. Se puede afirmar que en Bolivia existe un problema de impunidad”, advierte el documento.
Y la situación no cambió. De acuerdo con el oficio del Ministerio Público para Callisaya, entregado a LA RAZÓN, “en los casos registrados por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas… en las gestiones 2022 y 2023 no se cuenta aún con sentencia condenatoria”.
Al respecto, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI) informa que desde 1952 hasta 2022 se atendieron 1.591 casos de personas torturadas en el territorio nacional. De esa cantidad, el 55% corresponde a hombres y el 45%, a mujeres.
El coordinador Ledezma explica que de las 129 denuncias de tortura y tratos crueles ante la Fiscalía en los últimos cinco años, el 50%, o sea 64, apuntan a efectivos policiales al momento de detenciones y en celdas policiales.
Mientras que el 20%, es decir 26 casos, involucra a las prisiones del país. “Ahí ya vemos otro tipo de métodos de tortura, el más común es la tortura física, producto también de extorsiones de grupos de poder”. Y por último, Ledezma asevera que el 14% de las denuncias (18) se dieron en centros de formación militar como cuarteles, y el resto se refiere a una variedad de casos, entre ellos acciones asumidas por guardias municipales.
Emma Bravo, directora del ITEI, coincide con el MNP. Sostiene que “los que más torturan y maltratan” son miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Añade que este delito se presenta al momento de la aprehensión como factor de “investigación y confesión”, durante el traslado del detenido a un recinto penitenciario como factor de “amedrentamiento”, y en los centros carcelarios, como factor “punitivo”.
MUNDIAL. Ledezma indica que la tortura es una práctica mundial, puesto que se la tiene presente en países de Europa, Asia, Latinoamérica, África… Asimismo, subraya que los métodos para aplicarla han ido mutando y las convenciones internacionales hablan de tortura física y psicológica, e incluso de métodos que no producen dolor físico directo.
Respecto a esta problemática, el funcionario de la Defensoría del Pueblo señala que en Bolivia se identificaron algunos escenarios preocupantes, como el “retraso total” en la normativa, esto en razón de que “no se cumplen las obligaciones internacionales contra la tortura, como el tipo penal”.
Dice que el segundo factor tiene que ver con el desconocimiento, lo cual está enlazado con el “problema de impunidad en esta temática”, pese a que se concretan denuncias. “Hay un desconocimiento sobre el tema de qué es tortura y qué son los malos tratos, tanto de las fuerzas del orden, me refiero concretamente a la Policía y las Fuerzas Armadas, y también de la población en general”.
Afirma que por ello, cuando se reciben denuncias hay un porcentaje que no corresponden a torturas. “La gente se confunde y piensa que si un vecino le ha hecho una serie de lesiones, es tortura, pero en la tortura debe necesariamente estar involucrado un agente estatal.
No significa que la tortura sea realizada solo por policías o militares, puede ser realizada por particulares, pero siempre y cuando existe algún tipo de intervención estatal”.
El caso del hotel Las Americas es investigado por ‘torturas’.
la razón
ITEI indica que denuncias son ‘invisibilizadas’ en la Justicia
Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI), señala que cuando existe una denuncia por tortura, trata de ser ignorada, “no se la toma en cuenta o se la invisibiliza”.
La activista recuerda el caso de una joven que, el año pasado, estuvo detenida en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). “Una noche la sacaron y la llevaron al dormitorio de los policías. Y ahí la pegaron, la patearon, le aplicaron corriente eléctrica y le decían ‘confiesa tu crimen’, porque estaba acusada de haber participado en un crimen. Y ella decía ‘mátenme primero porque yo no voy a confesar algo que no he hecho’”.
Agrega que cuando ella contó lo sucedido al ITEI y después “estuvo delante del juez, le dijo ‘quiero mostrarle las marcas que me han dejado de la tortura’. El juez la miró y le dijo ‘no pasa nada’. Eso es una constante, los jueces no hacen nada”. Indica que en esos casos, lo que el juez tiene que pedir es que se muestren los efectos de la tortura. “Se anota, se sacan fotos y se documenta este caso de tortura, (pero) no invisibilizarlo”.
Señala también que, en noviembre de 2019, en la crisis social y política de entonces, se tenía documentación de torturas, con registros de fotos de marcas de los detenidos. “Pudimos entrar en las celdas y hablar con ellos, y uno de los jóvenes dijo ‘me voy a bajar el pantalón para que vean lo que me han hecho’. Se bajó el pantalón y tenía las piernas completamente moradas. Los detenidos se organizaron y empezaron a mostrar lo que les habían hecho y fuimos sacando fotos con un celular”.
Bravo añade que cuando se los volvió a ver en las celdas de las prisiones de San Pedro y Obrajes, “se comenzó a documentar, esto en razón a que se trabaja bajo el protocolo de Estambul”. “En una de las sesiones con el juez, estaban también los de Naciones Unidas, yo denuncié la tortura y le dije al juez: el ITEI puede presentar casos que ha documentado con fotos, (pero) nunca nos pidieron”.
Menciona que “hay un silencio de policías, jueces, fiscales y abogados sobre la tortura y eso contribuye a la impunidad. También contribuye a que las víctimas no se atrevan a denunciar y sean muy pocas las que denuncien”.
TORTURA Y TRATOS CRUELES
Tortura. Es todo acto por el cual se inflige intencionadamente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión por un acto que se haya cometido, o se sospeche que se ha cometido, o para intimidar a esa persona cuando dichos dolores o sufrimientos son infligidos por un funcionario público.
Tratos crueles. Comprenden otros actos que constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.
