Abel Loma, abogado de Claudia C., acusada de ser “recaudadora” del caso Coimas en el Ministerio de Medio Ambiente (MMAyA), dijo que su defendida se presentará en la Fiscalía de La Paz en las “próximas horas”. 

“La señora Claudia en las próximas horas va a hacer una presentación espontánea ante la Fiscalía. Ella no está desaparecida, no han atentado contra su vida y está con la misma predisposición de colaborar para que se pueda esclarecer este caso de corrupción”, dijo.

El 13 de mayo, Claudia C. dijo ser “recaudadora” del dinero que era para el entonces titular del MMAyA, Juan Santos. Reveló los hechos de corrupción en una entrevista con la red DTV. Ella contó de procesos con “millonarias coimas” y la compra de al menos 27 inmuebles adquiridos con esos recursos.

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El jurista lamentó las declaraciones del jueves del fiscal departamental de La Paz, William Alave, en las que señaló que se está tramitando la declaratoria de rebeldía, debido a que se la buscó y al no estar presente, “se la ha imputado”.

“Antes que el señor fiscal salga y dé una conferencia de prensa, nosotros hemos realizado un apersonamiento en el que nos estamos poniendo a derecho de la Fiscalía departamental” (sic).

Explicó que el domicilio de la Claudia C., testigo de este caso, es la calle Alto de la Alianza de la ciudad de La Paz y que no entienden por qué realizaron una notificación en Santa Cruz.

“No entendemos por qué este error de la Fiscalía o esta estrategia para hacerla declarar rebelde directamente. Quizás la intención es sacar la imputación de manera directa”.

La directiva de Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), a la cabeza de Édgar Salazar, rechazó este viernes que hubiese existido una toma violenta de sus oficinas y pidió reconducir las “posiciones” y “políticas sectarias”.

“Aclaramos que no existió violencia alguna contra las personas que se encontraban en ambientes de nuestras oficinas, a quienes les pedimos como representantes de la institución, a que desocupen de manera pacífica, así lo reflejan las imágenes que se encuentran en nuestro poder, con conclusión no hubo violencia alguna, y que además nuestros actos estuvieron acompañados de un Notario de Fe Pública”, se lee en parte del comunicado.

Las oficinas de la APDHB fueron tomadas este viernes por la directiva de Salazar, donde cerraron las puertas y las sellaron con tablones de madera, evitando así que puedan ingresar a las instalaciones del lugar, ubicado en la avenida 6 de agosto. Fueron desalojadas cuatro personas.

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Agentes de la fuerza del orden llegaron hasta las instalaciones para resguardar y evitar que existas desmanes.

De acuerdo con el comunicado, desde el 17 de diciembre de 2021, fecha en que se eligió un nuevo directorio y presidente de APDHB, la directiva vino demostrando con acciones la elección y posesión, personería jurídica, representación ante el Servicio de Impuestos Nacionales, Resolución Constitucional N° 178/2022, por lo que están dispuestos a “demostrar” ante cualquier instancia legal vigente su legalidad. 

Pedido

La Defensoría del Pueblo, en un comunicado, exhortó a sus miembros a resolver los problemas orgánicos en el marco de sus estatutos internos, bajo mecanismos que no vulneren los derechos de las personas, mostrando una señal de que el diálogo es la mejor vía para resolver las diferencias.

“La Defensoría del Pueblo recuerda que las instituciones competentes del Estado, tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de todas las personas y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos, en el marco de la pluralidad, respeto y convivencia pacífica, reconocidas en la constitución”, señala el comunicado.

La dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) señaló que el apoyo de Comunidad Ciudadana (CC) al ministro de Justicia Iván Lima es la última prueba de la “derechización” del Gobierno de Luis Arce.

“Esta es la última muestra de la derechización de nuestro Gobierno que olvidó que llegó al poder con la sigla del MAS y el liderazgo de nuestro Hermano Evo Morales”, se lee en parte del comunicado difundido en sus redes sociales.

Agrega también que en la Asamblea Legislativa el grupo de ‘renovadores’ de ese partido político se unieron a CC y Creemos para aprobar la “innecesaria e inconstitucional” ley del censo “impuesta” por la derecha golpista.

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El partido de Gobierno alega que los hechos que comprueban el alejamiento del Ejecutivo del rumbo histórico y principios del proceso de cambio se argumentan en como un diputado suplente expulsado de esa sigla política usó cartas falsificadas y presionó políticamente al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Constitucional para tratar de defenestrar su estatuto y dirigencia nacional con la complicidad del Ministerio de Justicia.

También menciona que el ministro de Obras Públicas repite el discurso de la derecha imperialista y ataca a pueblos hermanos como Cuba y Venezuela o el tema de la entrega de cuarteles móviles del Comando Sur de Estados Unidos.

Entre sus argumentos también está que el Ministerio de Gobierno confirmó que pide informes a la DEA y repite la práctica de gobiernos neoliberales de tratar de criminalizar al Trópico de Cochabamba con supuestos operativos, mientras la prensa internacional informa del decomiso de grandes cantidades de droga que sale del país, incluso a través de Boliviana de Aviación (BoA)

“La derecha interna amenaza, persigue y maltrata a militantes del MAS y los acusa de ser ‘evistas’ para dividir y destruir al instrumento político”.

La dirigencia del MAS reitera su pedido a mantener la unidad y dignidad del instrumento político del pueblo ante la “derechización” de la supuesta renovación que cada día aparece más metida en “corrupción” y “protección al narcotráfico”.

Comunidad Ciudadana (CC) desconoce las “actuaciones y decisiones” de la senadora Silvia Salame, tras su voto en contra de la censura del ministro de Justicia Iván Lima, en la sesión de interpelación martes.

“Con su voto, y en su comunicado a la opinión pública, deja en claro que sus decisiones en la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) sólo responden a su derecho a la libertad de pensamiento y expresión y que su compromiso no es con ningún partido político, es decir que no se siente vinculada orgánicamente con la alianza ni con el mandato representativo que emerge de ella”, señala parte de la nota enviada a la senadora con la firma de su líder Carlos Mesa.

La misiva agrega que a partir de la fecha de la carta, 2 de junio de 2023, respetando su “voluntad pública” y explícita de que no se considera parte de la alianza Comunidad Ciudadana; “sus actuaciones y decisiones” en el plano interno y en el externo de la ALP, “las consideramos ajenas a nuestra organización tanto en lo orgánico como en lo político”.

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Reto

La senadora, el jueves, retó a sus correligionarios a expulsarla de la alianza por apoyar a la no censura contra el ministro de Justicia.

“Si cree CC que yo merezco ser expulsada (de la alianza); que soy una tránsfuga, etcétera, tiene a su alcance todas las medidas y todas las disposiciones legales que están previstas en la ley de partidos políticos”, dijo la legisladora opositora en entrevista con La Razón Radio.

La noche del martes, por iniciativa de CC, el ministro Lima respondió a una interpelación de 11 preguntas; ese informe terminó aprobado por la mayoría de los legisladores presentes, entre ellos Salame.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, informó este jueves que los familiares de los tres policías acribillados en el municipio de Porongo desistieron del proceso contra Misael Nállar Viveros, principal acusado.

“Dentro el caso CUD 701402172200943, seguido a denuncia de oficio en contra de Misael Nállar Viveros y otros por la presunta comisión de los delitos de asesinato (…) a efectos de presentar de manera libre y voluntaria el desistimiento del presente proceso penal a favor de Misael Nállar Viveros», refiere parte del acta de desistimiento que realizó la familia de los uniformados. 

Nállar es acusado del asesinato de los sargentos Eustaquio Alanes y Alfonso Chávez, ambos se encontraban patrullando la zona del Urubó en el municipio de Porongo, a unos 54 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en junio de 2022.

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El vehículo policial en el que se transportaban, según las investigaciones, sufrió un “desperfecto” y David Candia, miembro del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana (GACIP) los fue a auxiliar. Los tres uniformados luego fueron asesinados, según la hipótesis de la Policía, por Nállar y sus acompañantes.

Nállar se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de Choncochoro de La Paz, al igual que su hermano Widen y el colombiano Esteban Beltrán Muñoz.

Conminatoria

Respecto a la conminatoria de cinco días que dio el juez que lleva este caso para que se presente un requerimiento o solicitud conclusiva, Mariaca indicó que la comisión de fiscales, dentro sus facultades de principio de independencia y respetando la objetividad que deben de caracterizarlos, van a emitir su resolución que crean “pertinente”.

“El Ministerio Público dentro de sus facultades y al ser un delito que se tiene que perseguir de oficio, va a resolver conforme a derecho dentro de la conminatoria en la cual se ha hecho conocer a la comisión de fiscales y dentro del plazo establecido”.