El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, afirmó este viernes que las inciertas elecciones judiciales “no están desahuciadas” y que ese órgano camaral aguardará las respuestas de las consultas enviadas a siete instituciones.

Mercado respondió a un periodista que en plena conferencia de prensa preguntó: “Presidente, ¿están desahuciadas las elecciones judiciales?”.
“No están desahuciadas las elecciones; lo que tenemos que hacer es avanzar como corresponde, pero sin tener que marchar al ritmo de otros órganos del Estado”, dijo Mercado.

Consideró que el proyecto de ley sobre los comicios aprobado en Senadores responde a un acuerdo “oscuro” que tiene que ver “pegas en el espacio judicial”, que terminó de concretarse con el rechazo del proyecto de ley contra abusos sexuales a niñas y niños.

Recibido por la presidencia de Diputados, el documento que buscaba reencaminar las judiciales llegó a la Comisión de Constitución, para que su contenido sea analizado por sus miembros.

Así, fue remitida una consulta a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, advirtió al menos cinco “inconsistencias” en el contenido del proyecto de ley, cuya aprobación calificó de “improvisada” y que priorizó los pactos políticos.

Las observaciones tienen que ver con el presupuesto para la realización de los comicios, cuyos recursos estaban previstos para diciembre de este año y, como la propuesta refiere la votación la segunda o tercera semana de enero, “requiere de una nueva partida presupuestaria”.

Los otros cuestionamientos de Jáuregui están dirigidos a la paridad de género, la meritocracia y, entre las principales, la vacancia, que surge de la votación en los comicios luego del fin de gestión de los magistrados, el 2 de enero.

“Este presidente ha mandado notas pidiendo que nos respondan lo antes posible”, agregó Mercado.

Entretanto, la consulta del TSJ significa que la Asamblea Legislativa aún no puede realizar acción alguna para reencaminar el proceso.

Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que presentarán ante la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de ley contra el abuso sexual a niños y niñas.

La diputada oficialista Blanca López comunicó la intención. “Vamos a replantear el proyecto de ley, vamos a volver a presentar el proyecto de ley, porque esta ley es tan sensible”, dijo en una conferencia de prensa en el edificio de la Asamblea Legislativa, en La Paz.

La legisladora fustigó a los diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y el “ala radical” del MAS por rechazar la Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes.

Reclamó que el bloque de diputados que hizo una huelga de hambre y hasta se tapió en exigencia de la sanción de la ley para las elecciones judiciales “sea ahora quien le niega justicia a las niñas y niños” víctimas de ese tipo de ilícitos.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, reclamó que 54 de sus colegas, que votaron en contra de la norma, “les hayan dado la espalda a los niños del país”.

“Han negado justicia a los niños abusados. Han terminado de sellar su pacto”, reclamó.

Diputados del MAS

La diputada Miriam Martínez, también del MAS, afirmó que los legisladores que rechazaron la norma, aunque no brindó nombres, tienen “doble discurso y doble moral”. Según dijo, los mismos diputados que aprobaron la norma en la Comisión de Constitución rechazaron luego en el plenario camaral.

“Se ha materializado un acuerdo oscuro, subterráneo y mañoso (…). Es un bloqueo lleno de intereses personales de un cuoteo de candidatos para los máximos órganos judiciales, pero perjudica gravemente”, dijo la legisladora.

Conocido el rechazo de la propuesta de norma, el ministro de Justicia, Iván Lima, apuntó a los expresidentes Carlos Mesa y Evo Morales por de postergar la ley de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños y niñas hasta la próxima legislatura.

“No hay razones jurídicas para rechazar este proyecto de ley (…). Evo y Mesa han propiciado que se rechace este proyecto de ley. Ya no va a poder ser tratado en esta legislatura (2022-2023)”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa en La Paz.

De igual manera, fustigó a los legisladores que rechazaron el proyecto de norma y dijo que esa decisión “mutila” el derecho de varias víctimas de ese tipo de delitos, cuyos casos “van a ser archivados”.

Dos mujeres fallecieron en una balacera en Desaguadero, en la frontera con Perú, según un reporte preliminar de la Policía. Entre las víctimas está una policía. Además, hay otro uniformado que se encuentra en terapia intensiva.

El hecho ocurrió la madrugada de este viernes, según el informe preliminar. La Policía Boliviana aún no informó de lo sucedido, pero se conoce que los efectivos afectados pertenecen a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

La policía fallecida es la sargento Sonia Capquique Guarachi, de 30 años. Mientras que la otra mujer no fue identificada y tiene una edad de entre 35 y 40 años.

El sargento Gróver Laime Ronquillo, de 39 años fue trasladado al Hospital Corazón de Jesús de El Alto, con el siguiente diagnóstico: «Trauma abdominal penetrante por arma de fuego, trauma torácico penetrante por arma de fuego, trauma hombro izquierdo por arma de fuego, trauma mano izquierda por arma de fuego, fractura multifragmentaria de húmero izquierdo y choque hipovolémico».

El ministro de Justicia, Iván Lima, apuntó al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y al expresidente Carlos Mesa de postergar la ley de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños y niñas hasta la próxima legislatura.

La noche del jueves, la Cámara de Diputados rechazó la aprobación de la Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes.

En la votación, 54 diputados rechazaron la norma y 44 la respaldaron.

“No hay razones jurídicas para rechazar este proyecto de ley (…). Evo y Mesa han propiciado que se rechace este proyecto de ley. Ya no va a poder ser tratado en esta legislatura (2022-2023)”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa en La Paz.

Lima aseguró que esa decisión “mutila” el derecho de varias víctimas de ese tipo de delitos, cuyos casos “van a ser archivados”.

En su criterio, la decisión priorizó intereses políticos, antes que “la verdadera relevancia social de esta norma”, de la que recuerda que fue promovida para garantizar la justicia para las víctimas.

“Su argumento ha sido el odio contra el ministro de Justicia y el diputado (Juan José) Jáuregui. Tenemos un grupo de 54 diputados que le han dado la espalda a las víctimas”, apuntó.

Iván Lima

Anunció que una comisión interpondrá ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); eso, con el fin de «conseguir una sentencia de avocación, que pueda hacer el trabajo que el parlamento no quiere hacer”.

Fustigó a los diputados que, según cuestionó, pudieron presentar una redacción alternativa. “¿Por qué no han modificado esta (propuesta) de ley? ¿Por qué no hacen su trabajo?”, reclamó.

Sin embargo, anunció un trabajo desde la Comisión (de la Ley) 898, Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, “para hacer prevalecer el derecho de las víctimas”.

“La Asamblea (Legislativa) a la cabeza de Carlos Mesa y Evo Morales le ha dado la espalda al pueblo boliviano”, insistió.

En medio de la sesión en Diputados, cobraron fuerza los reclamos contra el presidente de la Comisión de Constitución de ese órgano camaral, Juan José Jáuregui; que tiene en curso una denuncia por recibir supuestos beneficios sexuales en razón de sus cargos.

Un grupo de legisladores del MAS y de la oposición exigieron la salida del mencionado diputado. Entretanto, Jáuregui solicitó licencia para la sesión que comenzó el jueves por la tarde y se extendió hasta las primeras horas del viernes.

El procurador general del Estado, César Siles, afirmó que encontró una Procuraduría “cerrada y hermética” y se comprometió a “descongestionarla” de procesos innecesarios.

“Encontramos una Procuraduría muy cerrada y hermética; a partir de hoy tendrán una Procuraduría de cara al pueblo, al debate y al sufragio público”, dijo en su primera conferencia de prensa como titular de esa cartera.

Además, presentó a los tres subprocuradores interinos de Defensa y Representación Legal del Estado, Sidney Morales; de Supervisión e Intervención, Iván Córdoba, y de Competencia, Aldo Torres.

“Tenemos que descongestionar procesalmente a la misma Procuraduría; tenemos que tener criterios de intervención más sólidos y más transparentes”, agregó Siles.

Asimismo, brindó un detalle de los procesos de cada una de las subprocuradurías.

César Siles

Por ejemplo, en la subprocuraduría 1, de Defensa y Representación Legal del Estado, dijo que existe actualmente un portafolio de 111 casos, entre peticiones, acuerdos de solución amistosa y medidas cautelares.

Además, informó de siete sentencias que se encuentran en etapa de supervisión; dos sentencias que fueron cumplidas por el Estado boliviano y tres opiniones consultivas. Eso, únicamente, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

“En el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos tenemos pendientes siete solicitudes”, agregó Siles.

Señaló que, en temas arbitrales, hay nueve casos activos: cinco arbitrajes comerciales y cuatro emergentes de las denuncias presentada por Bolivia a tratados bilaterales de inversiones.

“Hemos previsto generar un Consejo de Asistencia para la Defensa Arbitral, con una función de elaborar estrategias y lineamientos para la etapa conciliatoria tanto procesos de arbitraje en materia comercial como materia de inversión”, planteó Siles.

En cuanto a la subprocuraduría 2, de Supervisión e Intervención, se encontraron 550 procesos penales, civiles, coactivos, contenciosos y contenciosos administrativos, a nivel nacional, “en los que la misma Procuraduría es una de las partes procesales”.

Pero además informó de otros 263 casos, a escala nacional, en procesos de supervisión donde “la procuraduría realiza seguimiento o patrocinio”. “Debemos preguntarnos: ¿era necesaria la participación (de la procuraduría) en tantos procesos?”

Procuraduría

Si bien Siles cuestionó la participación de su oficina en procesos excesivos; fue diferente su percepción cuando se refirió a la tercera subprocuraduría, de Asesoramiento, Intervención y producción normativa.

Dijo que ese despacho emitió dos dictámenes en 2023, además de 145 recordatorios y 32 recomendaciones.

“Nos parece insuficiente (esa producción) para lo que va del año. Queremos activar en esta área la iniciativa y producción legislativa en el marco competencial de la Procuraduría”, reclamó.

Adelantó que desde esas tres oficinas se plantearán modificaciones a la legislatura “que no se ha tocado desde 2009 (cuando entró en vigencia la Constitución Política del Estado vigente).

“La Procuraduría tiene iniciativa legislativa, pero nos preguntemos: ¿cuántas normas han sido propuestas por la Procuraduría hasta la fecha, y cuántas han sido promulgadas con la iniciativa legislativa constitucional?”, cuestionó.

Siles fue nombrado en el cargo el 6 de septiembre. En su acto de posesión, comprometió un “cambio de timón” en la administración de la Procuraduría General del Estado.

Por su parte, el saliente, Wilfredo Chávez, dijo que dejaba el cargo “asumiendo tiempos políticos”.