El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) frenó cualquier debate de la Cámara de Diputados para otro proyecto de ley vinculado a la censura por la interpelación a autoridades, esto debido a la consulta previa del proyecto de Ley 350 enviada por el Ejecutivo. 

El presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, del Movimiento Al Socialismo (MAS), puso en conocimiento de esa instancia una nota remitida por el TCP en la que se indica que no es “posible iniciar o tramitar otro proyecto del que se encuentra en consulta”.

“Hacer (otra ley) implica incurrir en desobediencia y nosotros cumplimos en informarles a ustedes lo que está pasando. Más allá de nuestra voluntad, que felicito a los jefes de bancada que trabajamos juntamente con mi equipo y hemos propuesto un proyecto de Ley 304 con la esperanza de que no nos observen. Nos han observado”, dijo en el hemiciclo. 

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TCP

Parte del documento del TCP señala que “es de conocimiento público que se tiene proyectos de ley referidos a la censura vinculados en el fondo con el proyecto en consulta, mismo que se había remitido para su tratamiento a comisión, en ese sentido, en estricto cumplimiento de la norma antes señalada del Código Procesal Constitucional, no es posible iniciar ni tramitar otro proyecto de ley que tenga el mismo objeto que el que se encuentra en consulta, pendiente de la decisión final del Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo intérprete de la Constitución”.

Agrega que “considerando existe la posibilidad de que se incumpla con lo dispuesto en el auto constitucional 0185/2023 de 2 de mayo que resuelve en su parte resolutiva que se notifique al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional a efecto de lo estipulado por el artículo 113 de la CPE, (…) a través del presente pongo en conocimiento se tenga presente en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales que proceda a efectos del cumplimiento a lo dispuesto por el auto constitucional”.

El 21 de abril, el presidente Luis Arce, mediante memorial, a través de su representante, se apersonó ante el TCP para formular la consulta sobre la constitucionalidad de los artículos 3.III y 4 del proyecto de ley que establece los efectos jurídicos de la censura. Esta medida fue admitida mediante auto constitucional 0185/2023-CA, el 2 de mayo. 

Mercado indicó que ni bien se enteraron del recurso interpuesto contra las interpelaciones, fueron los únicos que se apersonaron en la Sala Constitucional Primera de La Paz para defender la facultad del Legislativo para interpelar.

MEDIDA

“Me dicen por qué no interpusimos un recurso penal. Lo analizamos, íbamos a iniciarlo a los vocales de la Sala Constitucional Primera de La Paz, pero no se puede iniciar un proceso penal cuando está en consulta la medida adoptada por ellos. Nos las iban a rechazar inmediatamente”, aclaró, ante las críticas de legisladores.

El miércoles, la Comisión de Constitución de Diputados rechazó el tratamiento del proyecto de Ley 304 de aplicación normativa sobre la interpelación y los efectos de la censura, pese a que las tres fuerzas políticas acordaron tratar con prioridad este documento.

Juan José Jauregui (MAS), presidente de la comisión, señaló que se sugirió en esa instancia rechazar todos los proyectos respecto a este tema, exceptuando la Ley 350, debido a que se encuentra en proceso de consulta constitucional. 

(22/09/2023)

La Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) expresó este jueves que no participará en ningún “evento inorgánico”, tras la invitación a un ampliado por parte del Pacto de Unidad con el fin de buscar la unidad de las organizaciones sociales y pueblos originarios campesinos.

“Mediante la presente, acusamos recibo de la invitación a una reunión convocada a nombre del Pacto de Unidad, a realizarse en la ciudad de La Paz, el 25 de los corrientes. Sobre el particular, queremos expresarles que la Dirección Nacional del MAS-IPSP, no participará en ningún evento inorgánico” (sic), señala parte del documento de respuesta al Pacto de Unidad afín a la administración de Luis Arce.

Con el objetivo de la unidad en las organizaciones sociales, la dirigencia del Pacto de Unidad remitió cartas al presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y al expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, para que asistan a un ampliado.

Lucio Quispe, ejecutivo de la CSUTCB afín al Gobierno, indicó que las organizaciones sociales no pueden pelear entre sí. “Tenemos que unificarnos. Los invitaremos (y les preguntaremos) por qué estas divisiones. Por eso quiero que lleguen, ahí hablaremos, nos sentaremos y dialogaremos”.

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Entre los argumentos para la inasistencia al ampliado del lunes, la dirección del MAS lamenta la falta de representación “orgánica y legítima” dentro de algunas de las dirigencias de los campesinos, así como de los interculturales. “Resta autoridad a los que hoy presumen ser dirigentes del Pacto de Unidad”.

Tres de las cinco organizaciones que conforman el Pacto de Unidad están fracturadas. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) está dividida y tiene ahora dos dirigencias paralelas, una reconocida por Arce y otra por Morales, con Ponciano Quispe.

Similar situación ocurre con los Interculturales, que también tiene dos dirigencias. En el caso de las Bartolinas, antes de la elección de su nueva dirigencia, en marzo, se registraron acusaciones de divisionismo entre los bloques arcista y evista.

“EL MAS no asistirá a ninguna convocatoria, reunión o ampliado, entre tanto no se resuelva por vía orgánica y sin interferencia gubernamental, este paralelismo causado por intereses sectarios. Rechazamos la manera cómo los congresos ordinarios de interculturales y la única, fueron manipulados por el gobierno, produciendo como en las dictaduras militares y gobiernos neoliberales, dirigencias funcionales para su instrumentalización política”, indicó la Dirección Nacional del MAS.

En las redes sociales se viralizó el enfrentamiento verbal en los pasillos de la Asamblea Legislativa entre el presidente de la Comisión de Constitución, diputado, Juan José Jáuregui, del ala ‘arcista’, y su colega Patricio Mendoza del ala ‘evista’.

Mendoza le encaró a Jáuregui sobre el tratamiento del proyecto de ley de las elecciones judiciales. “¿Por qué no debates? ¿por qué no dices la verdad? ¡qué me vas a hacer! vos tienes un proceso (acusado de pedir sexo a cambio de trabajo en el Gobierno)”, declaró Mendoza.

A lo que Jáuregui respondió “¿Por qué no se desenmascaran como Palmaflor? Empeza a razonar ¡Dejá de ser mentiroso! Andá a preguntar a tus senadores lo que han hecho”.

Minutos antes a este cruce verbal, Jáuregui afirmó que la dilación de las elecciones judiciales se dio a partir de que el Senado incorporara al proyecto de ley elementos contrarios a la Constitución Política del Estado y la Ley 025 del Órgano Judicial.

“La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ha incorporado un punto o una coma dentro de este (proyecto de ley), No. Lo único que ha hecho fue enviar en consulta como debió obrar la Cámara de Senadores para resolver estos temas. Los que ‘dilataron’ este caso son aquellos que obraron de manera irresponsable incorporando estos elementos que son absolutamente inconstitucionales”, dijo Jáuregui.

El 6 de septiembre, se remitió a consultas el proyecto de ley de las judiciales que apunta a destrabar la realización de los comicios, tras su aprobación en la Cámara de Senadores. Se decidió ello debido a que el documento tiene “inconsistencias” que deben ser objeto de “explicación” y “ajuste” para comenzar su tratamiento.

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Las consultas fueron enviadas a los ministerios de Justicia, de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, como parte del Órgano Ejecutivo; además del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TSJ y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Ayer se conoció la respuesta del Órgano Judicial en el que rechaza este proyecto de ley ante “una duda razonable” de inconstitucionalidad, sobre todo en cuanto a que subalternos asuman labores de magistrados.

“Existe duda razonable que el referido proyecto de Ley Nº 44/2023-2024, en cuanto hace especialmente a lo previsto en el artículo 2 y la Disposición Adicional Sexta del referido instrumento legal es contrario a lo previsto en los artículos 7, 9, 4, 12, 178 de la Constitución Política del Estado” (sic), señala el presidente del TSJ, Ricardo Torres, en la nota enviada al presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado (MAS), publicada por el diario Correo del Sur.

El antropólogo, artista y columnista de La Razón Édgar Arandia considera que en Bolivia existe un fenómeno “único”, que consiste en el establecimiento de dos sociedades paralelas: la clase media tradicional y la burguesía aymara.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, explicó que la “media clase” (así la llama) siempre está buscando acomodo para no volverse proletario o volver a la “gran” pobreza. “Durante el gobierno de los 14 años, mucha gente fue incluida y se convirtió en clase media”.

Afirmó que, en medio de ese periodo bajo el mando de Evo Morales, por primera vez se registraron cadetes en el Ejército con apellidos indígenas, como Mamani o Quispe, pero que al titularse lo primero que hicieron fue “blanquearse”: casarse con mujer “blanca”.

Pero, a su vez, explicó otro fenómeno que ocurre actualmente en la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Existe un movimiento de reivindicación de lo indígena-aymara, en el que los jóvenes se consideran “aymaras contemporáneos”. Es decir, hablan aymara, aprenden inglés y saben sobre informática y tecnología.

Según Arandia, estos jóvenes no buscan “blanquearse”, pero considera que este fenómeno conllevó un proceso lento de formación ideológica y hasta psicológica. Por ello, se ha construido la burguesía aymara, un imaginario totalmente diferente, en el que los sujetos tienen su propia manera de ver la vida, la felicidad, la muerte y el amor.

“A la nueva burguesía aymara no le interesa tener su reina, ni las grandes fiestas; ellos tienen sus cholets”, dijo el antropólogo.

Por otro lado, aseguró que todas las ciudades en Bolivia fueron construidas para los españoles y los símbolos (cascos españoles, leones y las cruces gamadas) representan a la clase media que busca “blanquearse” constantemente.

Por su parte, el politólogo y también columnista de La Razón Carlos Moldiz hizo un análisis de las clases medias y su rechazo hacia lo indígena durante el conflicto poselectoral de 2019. 

En su criterio, el pensamiento político “pitita” confundió y sedujo a amplios sectores de la población que, primero, les hizo avergonzarse de ser emparentados con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y, posteriormente, les causó una necesidad de decir “me da asco ser indio” y, como materialización de ello, resultó la quema de la whipala.

También mencionó que muchas personas que vienen de las burguesías de origen rural inician cambiándose el apellido “Choque por Gonzales”, tienden a inscribir a sus hijos en universidades “blancas” y, de ese modo, se alejan cada vez más de sus raíces.

“Los portavoces del pensamiento pitita representan a la nueva derecha (…), necesariamente tienen que ser machistas y racistas. El pitita representa la mayor amenaza para la democracia; son nazis”, describió Moldiz.

Por otro lado, Sergio Velasco, antropólogo y colaborador de La Razón, dijo que en 2019 hubo una “imposición de un pueblo sobre muchos pueblos” y cuestionó: ¿cómo se explica que personas que han sido beneficiadas por el proceso de cambio hayan sido quienes se fueron al otro bando?

En esa línea, afirmó que el discurso pitita “dio la sensación” a una parte de la clase media de un “ascenso social” al rechazar sus raíces, su pasado y al oponerse al partido de gobierno indígena.

En su lectura, el presidente Luis Arce representa a las clases medias que no niegan su pasado y que, al contrario, lo reivindican. “Son clases medias ascendentes, pero que no están negando sus raíces”.

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El procurador general del Estado, César Siles, afirmó que encontró una Procuraduría “cerrada y hermética” y se comprometió a “descongestionarla” de procesos innecesarios.

“Encontramos una Procuraduría muy cerrada y hermética; a partir de hoy tendrán una Procuraduría de cara al pueblo, al debate y al sufragio público”, dijo en su primera conferencia de prensa como titular de esa cartera.

Además, presentó a los tres subprocuradores interinos de Defensa y Representación Legal del Estado, Sidney Morales; de Supervisión e Intervención, Iván Córdoba, y de Competencia, Aldo Torres.

“Tenemos que descongestionar procesalmente a la misma Procuraduría; tenemos que tener criterios de intervención más sólidos y más transparentes”, agregó Siles.

Asimismo, brindó un detalle de los procesos de cada una de las subprocuradurías.

César Siles

Por ejemplo, en la subprocuraduría 1, de Defensa y Representación Legal del Estado, dijo que existe actualmente un portafolio de 111 casos, entre peticiones, acuerdos de solución amistosa y medidas cautelares.

Además, informó de siete sentencias que se encuentran en etapa de supervisión; dos sentencias que fueron cumplidas por el Estado boliviano y tres opiniones consultivas. Eso, únicamente, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

“En el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos tenemos pendientes siete solicitudes”, agregó Siles.

Señaló que, en temas arbitrales, hay nueve casos activos: cinco arbitrajes comerciales y cuatro emergentes de las denuncias presentada por Bolivia a tratados bilaterales de inversiones.

“Hemos previsto generar un Consejo de Asistencia para la Defensa Arbitral, con una función de elaborar estrategias y lineamientos para la etapa conciliatoria tanto procesos de arbitraje en materia comercial como materia de inversión”, planteó Siles.

En cuanto a la subprocuraduría 2, de Supervisión e Intervención, se encontraron 550 procesos penales, civiles, coactivos, contenciosos y contenciosos administrativos, a nivel nacional, “en los que la misma Procuraduría es una de las partes procesales”.

Pero además informó de otros 263 casos, a escala nacional, en procesos de supervisión donde “la procuraduría realiza seguimiento o patrocinio”. “Debemos preguntarnos: ¿era necesaria la participación (de la procuraduría) en tantos procesos?”

Procuraduría

Si bien Siles cuestionó la participación de su oficina en procesos excesivos; fue diferente su percepción cuando se refirió a la tercera subprocuraduría, de Asesoramiento, Intervención y producción normativa.

Dijo que ese despacho emitió dos dictámenes en 2023, además de 145 recordatorios y 32 recomendaciones.

“Nos parece insuficiente (esa producción) para lo que va del año. Queremos activar en esta área la iniciativa y producción legislativa en el marco competencial de la Procuraduría”, reclamó.

Adelantó que desde esas tres oficinas se plantearán modificaciones a la legislatura “que no se ha tocado desde 2009 (cuando entró en vigencia la Constitución Política del Estado vigente).

“La Procuraduría tiene iniciativa legislativa, pero nos preguntemos: ¿cuántas normas han sido propuestas por la Procuraduría hasta la fecha, y cuántas han sido promulgadas con la iniciativa legislativa constitucional?”, cuestionó.

Siles fue nombrado en el cargo el 6 de septiembre. En su acto de posesión, comprometió un “cambio de timón” en la administración de la Procuraduría General del Estado.

Por su parte, el saliente, Wilfredo Chávez, dijo que dejaba el cargo “asumiendo tiempos políticos”.