La propuesta de nueva Constitución planteada el domingo por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada se esfuma entre la indiferencia de la oposición y la memoria de la Masacre de Octubre de 2003, de la que fue principal protagonista mientras gobernaba.
El documento La Constitución de todos tiende a ser sepultado. Salvo las respuestas inmediatas del presidente Luis Arce y, un día después, de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Sánchez de Lozada reapareció en la escena pública casi 20 años después de su renuncia, el 17 de octubre de 2003; luego de la represión militar y policial en la crisis Guerra del Gas que terminó con la vida de al menos 69 bolivianos.
Entonces, las protestas se decantaron por la intención de la administración gubernamental de exportar gas natural a Estados Unidos a través de puertos de Chile. Derivaron luego en la demanda de nacionalización de hidrocarburos, la defensa de los recursos naturales; la institución de una Asamblea Constituyente, entre otras, consignadas en la llamada Agenda de Octubre.
Si bien Arce rechazó la propuesta, al considerar que busca extinguir el Estado Plurinacional y restituir la república, abundó en la responsabilidad de Sánchez de Lozada en la masacre de 2003. Esos “20 de años de silencio indolente no lo hacen inocente”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter sobre el exmandatario.
Masacre en 2003
“Presenciamos a un hombre desalmado, que ordenó asesinar a nuestros hermanos. A más de 60 bolivianos se les quitó la vida en la feroz represión del gonismo”.
El lunes, en conferencia de prensa, la ministra Prada secundó a Arce y respondió a Sánchez de Lozada con que la “república colonial” y el modelo económico “neoliberal” no volverán, y que la administración gubernamental defenderá la institución del Estado Plurinacional. Dijo que la propuesta “es nefasta, retrógrada y profundamente antidemocrática”.
En tanto, el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que el modelo neoliberal ya se «probó» en el país y que “fracasó”. También dijo que la propuesta del exmandatario es restrictiva para el ejercicio de la democracia.
Sánchez de Lozada planteó la elección parlamentaria del presidente y de un “primer ministro”.
Sin embargo, en los liderazgos de la oposición política la característica fue la indiferencia. Solo Samuel Doria Medina, otrora líder de Unidad Nacional (UN), aludió de manera periférica al documento del expresidente, de quien —en Twitter— escribió que “busca que se mencione esta idea en la última página de su biografía”.
“Su contenido no merece comentario: una persona que está 20 años ausente no considera la realidad y cree erradamente que la ley cambiará la sociedad”, dijo.
Gonzalo Sánchez de Lozada
Salvo criterios aislados de algunos de sus correligionarios, como la diputada Luciana Campero, que en La Razón Radio dijo que Sánchez de Lozada tiene casos pendientes con la Justicia, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) no se ha referido al asunto.
Entonces vicepresidente, el también historiador y periodista renunció el 13 de octubre de 2003 al gobierno de su compañero de fórmula, cuatro días antes de la dimisión del mandatario y de su sucesión constitucional.
Habitual crítico del modelo de Estado, que prefiere que sea federal, y del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no se refirió a la idea de Sánchez de Lozada. Encarcelado en Chonchocoro no expresó su reacción en redes sociales, administradas por su entorno.
Tampoco dijo nada la expresidenta Jeanine Áñez, quien, al proclamarse “sucesora” de Evo Morales en 2019 reivindicó la necesidad de retorno a la república. También en prisión, sus redes sociales son gestionadas por su familia.
Sánchez de Lozada, de 93 años, fue hallado responsable de ejecuciones en 2003 en un juicio civil en Estados Unidos que aún considera su apelación.