El bloque arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) buscará modificar los artículos 6 y 64 del Estatuto Orgánico, de “liderazgo nato” de Evo Morales y años de antigüedad, respectivamente, en un congreso orgánico en 90 días.

Dicho planteamiento fue conclusión del polémico congreso ejecutado el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto. El cónclave empezó el viernes en el coliseo Héroes de Octubre, en medio de un fuerte resguardo policial, para lo cual se destinaron más de 4.500 efectivos.

En entrevista con La Razón Radio, el secretario de Comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Juan Carlos Gutiérrez, aseguró que se convocará a un congreso en 90 días para tratar las modificaciones al estatuto porque —en su criterio— la norma interna está hecha a medida del evismo, en alusión a los artículos 6 y 64.

El parágrafo 15 del artículo 6 indica: “Respecto al liderazgo nato: La militancia del MAS-IPSP ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional, dignificando a Bolivia en el contexto internacional como líder del MAS”.

El punto 2 del artículo 64 del Estatuto del MAS, vigente desde el 22 de septiembre de 2021, establece que el candidato (binomio) “deberá contar con 10 años de antigüedad y una trayectoria intachable como militante del MAS”.

El dirigente Grover García, representante de la CSUTCB, fue elegido jefe nacional del MAS que respalda al presidente Luis Arce. De consumarse legalmente su elección, reemplazará a Morales, quien concluyó su mandato el 5 de mayo luego de 25 años de liderazgo en ese partido.

Junto con García fueron elegidos Julia Ramos, de la Confederación Sindical Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia (Csumciob) “Bartolina Sisa”, y Fidel Surco, de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), ambos como vicepresidentes.

La documentación del congreso será presentada este 6 y 7 de mayo para su eventual validación por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, el Órgano Electoral puso como plazo fatal el 5 de mayo.

Gutiérrez defendió la legalidad y legitimidad del congreso del MAS arcista y afirmó que ese bloque “recuperará” partido de Morales. “Se viene el trabajo duro (porque) habrá resistencia del otro lado (evismo)”.

La supervisión al congreso causó revuelo en la arena política, debido a que el acompañamiento fue obligado por un fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El TSE, en reiteradas ocasiones previas, había rechazado las solicitudes de las facciones evista y arcista por incumpliendo del artículo 13 del Estatuto Orgánico.

El artículo 13 establece que “el Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.

Ninguna de las facciones contaba con las 14 firmas de la dirección nacional; por ello, el TSE había rechazado ambas solicitudes.

Al conocerse el acompañamiento del Órgano Electoral, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), el bloque evista anunció medidas de presión para rechazar las determinaciones del cónclave.

El domingo, el ala evista se reunió en la ciudad de Cochabamba para analizar la situación del congreso arcista y determinó declararse en emergencia con miras al ampliado del 18 de mayo, para definir medidas de presión.

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A diferencia de 2023, cuando Zvonko Matkovik fue elegido presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz con 17 votos, el respaldo a su plancha, este año, fue reducido, y su sustituto, Antonio Talamás, logró 21 votos.

Aunque el ahora expresidente dijo que “Creemos no perdió nada”, el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Dilfe Rentería dijo en La Razón Radio que, con esa votación, la gente que apoyaba a Luis Fernando Camacho “ya está fuera”.

El viernes, la Asamblea Legislativa eligió a su directorio entre Talamás y Giliana Etacore, que tenía en su plancha a Matkovik como vicepresidente.

Talamás recibió el apoyo de 21 asambleístas, entre disidentes de Creemos, el MAS y representantes de pueblos indígenas, y Etacore, seis. De este modo, el camachismo quedó desplazado de la directiva.

Las tres anteriores directivas fueron presididas por Matkovic.

Rentería criticó las gestiones de la exautoridad y afirmó “no ha hecho un buen trabajo” en tres años. “Esa gente que apoyaba a Camacho no actuó por el bien de Santa Cruz. Prácticamente ellos (asambleístas camachistas) eran del Ejecutivo y Legislativo”.

“Se han dedicado a hacer política”, cuestionó.

Aseguró que 21 autoridades apostaron por el cambio y otros seis continuaron apoyando a Matkovic. “Esto quiere decir que todos querían un cambio. Con esta decisión esperemos que haya cambios”.

Lamentó que durante la gestión camachista las 15 provincias de Santa Cruz quedaron abandonadas por la ausencia de proyectos. A su vez, reclamó que en los tres años la bancada del MAS recibía malos tratos y desiguales.

“No se nos daba las condiciones, teníamos una sola oficina. Ni siquiera teníamos derecho usar el vehículo institucional”, denunció. 

Recordó que luego de la detención de Camacho, el 28 de diciembre de 2022, les quitaron la secretaria de la bancada y personal administrativo del MAS.

Sin embargo, afirmó que, pese a la asunción de Talamás, la bancada del MAS continuará haciendo fiscalizaciones a las obras que se ejecuten en el departamento. “Si hay casos de corrupción, los vamos a denunciar. Si bien apoyamos a Talamás, no quiere decir que dejaremos nuestro rol fiscalizador”.

A Talamás lo acompañan los asambleístas Mavy Pedraza (Creemos), como primera vicepresidenta; Jhonny Silvestre (MAS), segundo vicepresidente; y Keila García (Creemos), secretaria.

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El país se encuentra frente a un desorden institucional “tan grande” entre los cuatro órganos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) que un poder puede decirle a otro que no cumpla sus propias normas y eso pone en riesgo, incluso, las elecciones generales de 2025.

Dichas consideraciones fueron expuestas por el economista Armando Ortuño, el abogado Vladimir Peña y el comunicador y analista político Manuel Mercado en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

A poco más de un año de las elecciones generales, la Asamblea Legislativa no logra encaminar las elecciones judiciales y tampoco debate su agenda, esto debido a decisiones judiciales y la división de las fuerzas políticas que la componen.

La más grave de las crisis políticas la sufre el Movimiento Al Socialismo (MAS), que impide consensos y la viabilidad de proyectos de ley emanados desde el Órgano Ejecutivo.

Ortuño consideró que la crisis interna del MAS afecta la gobernabilidad del país y pone en riesgo a las elecciones de 2025, debido a que, en su criterio, afecta la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que la población y actores políticos deberían cuidar.

El MAS atraviesa por una profunda crisis desde septiembre de 2022, cuando el expresidente Evo Morales denunció un “plan negro” en su contra, según dijo, impulsado por el gobierno del presidente Luis Arce.

Desde entonces se conformaron dos facciones, una formada por afines a Arce (arcistas o renovadores) y otra, por los seguidores de Morales (evistas o radicales).

En medio de la constante pulseta, las facciones arcista y evista intentan llevar adelante sus congresos por separado para elegir a su nueva dirección nacional; para ello, solicitaron la supervisión del TSE. Sin embargo, este órgano rechazó ambas solicitudes por incumplimiento del artículo 13 de su estatuto orgánico.

No obstante, la facción arcista presentó un amparo ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuya instancia falló a su favor y ordenó una medida cautelar que instruye al TSE acompañar el congreso convocado por el ala arcista que se realiza entre el 3 y el 5 de mayo en El Alto.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció una intromisión del Órgano Judicial tras el fallo que le obliga a supervisar el congreso, aunque lo hará de manera “provisional y excepcional”.

Al respecto, Peña aseguró que el conflicto del partido oficialista ha tocado la institucionalidad de los órganos del Estado. En su criterio, Arce se está defendiendo a través de mecanismos del Estado y advirtió que Morales, en respuesta, puede recurrir a las calles.

En coincidencia, Mercado afirmó que, en política, recurrir a los jueces es una mala estrategia, que, a largo plazo, podría tener efectos negativos para el país. Por ejemplo, la desconfianza y ausencia de credibilidad del Órgano Electoral que es, finalmente, la única vía democrática que da solución a las diversas crisis. 

“Ya no estamos discutiendo el conflicto del MAS. Va más allá del problema y eso genera escenarios de riesgo en la institucionalidad democrática”, acotó Ortuño. 

Peña lamentó que la intervención de un órgano sobre el otro afecte a la democracia. Según el jurista, “hay mucho ruido, humo, polarización y confrontación» sobre los fallos de salas constitucionales de distintos departamentos.

Afirmó que “el ADN” del MAS es operar a través de fallos y jueces. Recordó que, en 2016, Morales desconoció un referéndum en el que perdió y, posteriormente, fue habilitado como candidato a través de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

Ese mismo año, el magistrado del TCP Macario Cortez explicó que se decidió «declarar la aplicación preferente» de los derechos políticos por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta.

El fallo se produjo, debido a que el MAS presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitante constitucional a los mandatos consecutivos.

«(Luis) Arce está haciendo lo mismo que (Evo) Morales», dijo sobre la obligatoriedad de supervisión al congreso.

Mercado coincidió con Peña e indicó que Morales no solo ignoró el referéndum, sino que intentó volver la reelección un derecho humano a través de ciertas modificaciones a la Constitución. “Gravísimo error”.

También, recordó que el TCP, en 2019, “avaló” la sucesión de Jeanine Áñez a través de un comunicado, luego del derrocamiento y salida del país de Morales rumbo a México.

El 12 de noviembre de ese mismo año, el TCP emitió un comunicado en el que invocó la Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001, con la que ese año el entonces vicepresidente Jorge Quiroga blindó su sucesión ante el dimisionario presidente Hugo Banzer.

Áñez y la oposición entendieron que ese comunicado validaba la sucesión de la senadora del partido Unidad Demócrata (UD).

“El TCP le dio legalidad a un gobierno y dio legalidad a acciones como sacar a los militares a las calles con un Decreto Supremo (4078) que permitía el uso de la violencia”, rememoró Mercado.

Por ello, afirmó que la política está transcurriendo por encima del Estado y sus poderes. “Eso significa que la política se ha salido de los márgenes y límites de los poderes que están muy debilitados”.

Ortuño consideró que la crisis institucional está llevando al país a una situación de ingobernabilidad que afecta la capacidad del Gobierno de afrontar la crisis económica, la escasez de dólares, litio, carburantes, exportaciones y empleo.

“Todo eso afecta en nuestra vida cotidiana”, añadió.

En su criterio, el país “se está paralizando» y aquello incide en la cotidianidad de los ciudadanos. Hizo referencia al bloqueo en la Asamblea Legislativa que no tiene la capacidad de consumar acuerdos para aprobar leyes o establecer una agenda parlamentaria.

Para salir del estancamiento institucional, Peña planteó una agenda de “regeneración democrática” y evitar que la política utilice la Justicia para una intromisión en las decisiones políticas y la institucionalidad del país.

Por su parte, Ortuño reclamó que, a partir de los fallos, cualquier juzgado podrá definir cualquier cosa sobre temas electorales. Advirtió que el país está ingresando en un proceso de «repolarización».

“Es una ilusión creer que a punta de sentencias se va a eliminar a Evo Morales. A lo único que nos llevará es a que en dos años sigamos en un conflicto que afectará la gobernabilidad”, dijo.

De ese modo, llamó a la población a proteger al Órgano Electoral y recomendó a los partidos políticos —MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— a encontrar acuerdos mínimos para que el país funcione. “Hasta las elecciones son inciertas”, advirtió.

En conclusión, Ortuño consideró que el TSE tiene la responsabilidad de tomar “decisiones difíciles” y acudir a la opinión pública cuando se vea vulnerado.

Bolivia atraviesa por una crisis política, económica y judicial. Las bancadas de la Asamblea Legislativa no encuentran consensos para aprobar leyes por sus disputas internas.

La situación económica es complicada por la falta de divisas y la caída de la producción de carburantes. Y, el proceso de elecciones judiciales fue paralizado por una resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Pando.

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La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame presentó un proyecto de ley ante la Comisión Mixta de la Cámara de Senadores y solicitó la convocatoria a una sesión para reanudar el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales con una propuesta de “cumplimiento” de la Ley 1549, que fue declarada constitucional con la Sentencia 0049/2023.

El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija (Pando) dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las judiciales.

En entrevista con La Razón Radio, Salame afirmó que la medida es “un avasallamiento de poderes” y que, por ello, su equipo hizo un análisis para ponderar la validez de las resoluciones de los tribunales.

“Indudablemente, hemos dado con la solución y es que la Asamblea emita una resolución suponiendo a la prosecución de la preselección judicial con base al principio de ‘erga omnes’”, añadió.

Erga onmes es una locución que significa de cumplimiento obligatorio y aplicabilidad de una norma, acto o contrato.

Para Salame, los legisladores deben aprobar una resolución que establezca el cumplimiento de la Sentencia Constitucional 060/2023 y la Declaración Constitucional 0049/2023, ambas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La Sentencia 060/2023, del 31 de julio de 2023, dejó en fojas cero los comicios e instó a la Asamblea a realizar una ley de convocatoria.

El TCP emitió, el 11 de diciembre, la Declaración 0049/2023, que dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.

Según la legisladora, si bien la determinación de la Sala Constitucional Primera de Pando dispuso la anulación del proceso de preselección y la inaplicabilidad de la Ley 1549, la misma entra en contradicción con la 0060/2023 y la 0049/2023 que son de obligatorio cumplimiento para la Asamblea.

Aseguró que los asambleístas deben hacer cumplir la sentencia y la declaración. Contó que la Comisión Mixta de Justicia Plural convocó a sesión el lunes, mientras que la Comisión Mixta de Constitución todavía no se pronunció. 

Advirtió que, si las comisiones no analizan el proyecto de ley para reanudar las elecciones, Salame enviará una carta al vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para que él convoque al pleno y se tome la decisión de seguir con el proceso de preselección.

Las elecciones están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección, también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y la ausencia de mujeres e indígenas.

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Wilfredo Chávez, exprocurador y abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció que el presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel Campero, también ejerce funciones como titular del Tribunal Administrativo en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, por ello, incurre en incompatibilidad de funciones.

“Israel Campero ejerce su cargo magistrado en la OEA y a la vez es presidente de la Sala Constitucional de La Paz. Esto no puede ser posible”, reclamó en entrevista con La Razón Radio.

El jueves, la Sala Constitucional Primera de La Paz instruyó “al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas en favor del accionante”. La resolución fue firmada por Campero y Alexis Angles.

La resolución de dicha sala se dio a conocer luego de que el TSE rechazara la solicitud de supervisión al congreso del MAS convocado por el Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce: campesinos, interculturales y bartolinas.

Chávez aseguró que Campero incurre en una gravísima falta y que, incluso, debería ser destituido, ya que comete delito de prevaricato por su última determinación. “Está fuera del derecho, no tiene autoridad moral”.

Anunció que el tema será planteado ante Consejo de Magistratura debido a que esa instancia prohíbe a los jueces el ejercicio de cualquier otro cargo judicial. “Si era juez antes, debió renunciar”.

Visto en la página web de la OEA, Campero figura en primera línea como presidente del Triubunal Administrativo 2024, seguido de otros jueces, Pablo Sandonato de León (Uruguay), Wilson Vallejo (Ecuador), María Cecilia Cáceres (Chile) y Janet Nosworthy (Jamaica).

Campero comenzó sus funciones en ese tribunal en enero de 2019, mientras Evo Morales presidía el país, y termina su mandato en diciembre de este año.

Por otro lado, Chávez aseguró que esa decisión de supervisión no debería acatarse por la independencia de poderes entre el Órgano Electoral y el Órgano Judicial. “No podía existir que una sala tutele la decisión y dar una medida cautelar”.

“Es un congreso ilegal e inconstitucional por la decisión que se asume y que pretende robarle la sigla (al expresidente) Evo Morales”, denunció.

Aseguró que la facción arcista no cumple con ningún requisito para la convocatoria al congreso, debido a que no cuenta con la firma de Morales (actual jefe del partido). “Esto está generando la reacción de nuestros dirigentes”.

Anunció que se analizarán medidas para evitar que se consume ese —en su criterio— acto ilegal. “Esperaremos a ver qué pasa y los efectos de los recursos”.

Asimismo, acusó al TSE de ser parte “del grupo de delincuentes” que busca “robar” la sigla del MAS. Reclamó que el país tiene un “gobierno de facto”, debido a que opera con sentencias, resoluciones y jueces.  “Lo han hecho con las elecciones judiciales”.

Tras conocerse la supervisión del TSE al congreso arcista, Ponciano Santos, dirigente campesino afín a Morales, advirtió que la “guerra está declarada”.

Indicó que desde este viernes comienzan las movilizaciones, porque la decisión judicial no respeta la Constitución, las normas y la sigla del MAS.

Al respecto, Chávez afirmó que es una decisión que tomaron las organizaciones porque consideran que “un grupo de personas no militantes” les están arrebatando al instrumento político.

“Tenemos que indicar que las decisiones de a organizaciones del Pacto de Unidad vamos a respetarlas porque es algo que afecta a la democracia”, puntualizó.

El TSE determinó acatar “provisionalmente” la determinación de la Justicia, sin embargo, denunció una injerencia del Órgano Judicial.

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