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El Tribunal Supremo Electoral registró 182 renuncias por acoso y violencia política desde 2021

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El encuentro sobre prevención del acoso y violencia política contra las mujeres. Foto: APG

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) registró 182 renuncias de autoridades por acoso y violencia política desde 2021 hasta mayo de 2023, informó la vocal Dina Chuquimia.

Los datos fueron expuestos durante el Encuentro Nacional “Buenas prácticas y lecciones aprendidas en la prevención del acoso y violencia política contra las mujeres en ejercicio en la función político-pública”. El evento se realizó esta semana en Cochabamba con la participación de tribunales electorales departamentos, los 9 comités departamentos de género, concejalas y asambleístas.

Según las cifras presentadas, en 2021 se registraron 157 renuncias; en 2022 la cifra alcanzó a 18 y hasta mayo de 2023 ya existen 7 casos.

En el caso de las denuncias, las cifras registraron 34 casos en 2021, 43 en 2022 y 13 hasta junio, totalizando 90 hechos.

Chuquimia relató algunos casos de acoso y violencia política. Y lamentó que muchas de las mujeres, autoridades electas por voto popular, no conozcan las normativas que las respaldan. Además, les garantizan el ejercicio de sus mandatos por cinco años, como señala la Constitución Política del Estado.

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Contra el acoso y la violencia

Asimismo, resaltó que el Tribunal Supremo Electoral continúa trabajando políticas de prevención con mayor incidencia en la gestión compartida.

“Muchas mujeres, actuales autoridades electas, habrían hecho compromisos de palabra y suscritos en los cuales aceptaron realizar la gestión compartida, situación que no es legal. La Constitución Política del Estado respalda a las mujeres electas para que cumplan su gestión de 5 años ininterrumpidos”, enfatizó la autoridad electoral.

Además, explicó que a través del TSE se garantiza el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus funciones amparadas en la Ley Nª 243.

En la jornada de trabajo, anunció que coordinarán con los Tribunales Electorales Departamentales actividades de capacitación, promoción y difusión de las normas contra el acoso y violencia política.

La ley 243 establece una sanción de ocho años de privación de libertad para los culpables de violencia política.