Ante los casos violencia política contra concejalas y asambleístas mujeres en el país, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia informó que, de 500 casos de acoso y violencia política contra mujeres, solo se emitieron tres sentencias en los últimos 10 años.
La Ley 246 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que rige desde 2012, garantiza el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en cargos del Estado o gobiernos municipales. Sin embargo, en los últimos meses incrementaron las denuncias a nivel nacional.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Chuquimia reveló que entre 2021 y 2023 hubo 90 denuncias, siendo La Paz el principal departamento donde se concentra la vulneración de derechos políticos, seguido de Santa Cruz.
En La Paz se registraron 35 denuncias; en Santa Cruz, 13; en Cochabamba, Oruro y Potosí, ocho; en Chuquisaca y Beni, seis; Tarija, cuatro y; en Pando, dos.
Asimismo, se presentaron 183 renuncias de mujeres asambleístas departamentales y concejalas municipales a sus cargos entre 2021 y 2023. Y, en los últimos diez años, suman un total de más 500 casos de violencia política contra funcionarias.
La vocal aseguró que este fenómeno se debe a que cuando las funcionarias llegan a la mitad de su gestión son presionadas por sus suplentes para hacerlas renunciar y “devolver” el cargo.
Por ello, recordó a las asambleístas que la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza el mandato fijo por cinco años a mujeres electas por voto popular. “No dice (la CPE) que debe haber una gestión compartida”, añadió.
Asimismo, aseguró que la violencia es ejercida por sus suplementes hombres, principalmente, de su mismo partido político.
Tras la brutal golpiza a Muriel Cruz, el acoso contra la concejala de La Paz Eliana Paco y amedrentamientos a dos concejalas de Cochabamba, se realizó un informe interinstitucional que analizará estos tres casos de acoso político.
A raíz de las denuncias, se llevó adelante una reunión nacional con los comités de géneros de los nueve departamentos, el Tribunal Electoral Departamental (TED) y el TSE para analizar los avances de la promoción de la Ley 246.
Por su parte, la cumbre de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) manifestó su preocupación por la presión ejercida por su colegas que las obliga a buscar su renuncia.
Chuquimia señaló que “llama la atención y preocupa” que en menos de un mes se hayan recibido tres denuncias de mujeres que fueron electas como concejalas municipales. Actualmente, el TSE trabaja en mecanismos de prevención en concejos municipales de todos los departamentos.
Sentencias por violencia política
La primera sentencia por violencia política data de 2021 y fue contra el exdiputado Rafael Quispe, quien fue sentenciado a dos años de cárcel por acoso político a la exdirigente de las Bartolinas, Felipa Huanca.
La segunda data de 2022 y fue contra Arturo Vegamonte quien fue condenado a tres años de prisión. María Patzi, exasambleísta por Cochabamba, denunció a su colega quien la presionó para que renuncie a la titularidad de su cargo en 2018.
La tercera y última sentencia fue contra el concejal de Villa Montes, Marco Antonio Espíndola, quien fue condenado a tres años de prisión por el delito de violencia política contra la concejala Norma Hidalgo.
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