Nacional

Monday 27 May 2024 | Actualizado a 20:47 PM

El Gobierno dice que hablar de ‘autogolpe’ es ‘falacia inaceptable’

El vocero presidencial ratificó que en 2019 hubo un golpe de Estado

La conferencia del Alto Mando de las FFAA que ‘sugirió’ la renuncia de Morales.

Por Boris Góngora

/ 7 de julio de 2023 / 07:20

Ante el discurso emergente en opositores sobre un “autogolpe” orquestado por el presidente Evo Morales en 2019, el vocero presidencial Jorge Richter remarcó ayer que hablar de ello es una “falacia inaceptable”, ya que entonces hubo un golpe de Estado.

El martes, los diputados del ala arcista Andrés Flores, jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Deisy Choque dijeron que en la crisis de 2019 Morales “instruyó” a la Central Obrera Boliviana (COB) y al Pacto de Unidad que soliciten su renuncia.

Esto fue aprovechado por los expresidentes Carlos Mesa, Jeanine Áñez, Jorge Quiroga y el gobernador Luis Fernando Camacho para querer instalar la tesis de un “autogolpe” y poner dudas sobre el discurso del Movimiento Al Socialismo (MAS) de que en noviembre de 2019 se aplicó una ruptura del orden constitucional.

“Señalar que en estos momentos, que a raíz de unas declaraciones como un hecho aislado dentro de lo que significó el proceso del año 2019, que ésta es la prueba para afirmar que se trata de que aquí hubo un autogolpe, eso no tiene una consistencia”, dijo Richter.

Indicó que Áñez, Mesa, Quiroga y Camacho vienen buscando desde 2019 una “salvación argumentativa” que señale y respalde de que no hubo un golpe de Estado. Mencionó que los hechos develan claramente que ellos generaron una ruptura institucional.

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‘Falacia’

“Entonces, señalar y decir de forma tan simplificada que una declaración exculpa o devela lo que ellos señalan, de que esto hubiese sido un autogolpe, es claramente una falacia inaceptable. El golpe de Estado es la consecuencia, hay hitos que hemos podido observar”.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunciaba a la presidencia, asediado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

Dos días después, tras reuniones extralegislativas, asumió el poder la entonces senadora opositora Áñez, quien ahora se encuentra en la cárcel con una sentencia en primera instancia de 10 años de prisión, en el caso Golpe de Estado II. Según la Fiscalía, ella se proclamó presidenta en una sesión legislativa sin el quórum respectivo y sin respetar el reglamento de la Cámara Alta.

ALEGATOS

Richter indicó que hay varias inconsistencias en los alegatos de quienes participaron en el “golpe”. Por ejemplo, la alta dirigencia de la Conferencia Episcopal Boliviana, que en un informe señala que no participó de la toma de posesión de Áñez, el 12 de noviembre de 2019. Pero, al finalizar su discurso de toma de mando del país, la exmandataria saludó a representantes de la comunidad internacional presentes y también a las autoridades de la CEB.

“Más allá de la intencionalidad discursiva, claramente existe y se ha demostrado por los hechos un golpe de Estado. Porque el vacío de poder que fue una construcción artificial para justificar lo que después hizo la señora Áñez, está claramente señalado en la Constitución Política del Estado cuál es el mecanismo para poder elegir a un Presidente o una Presidenta del Estado”.

El caso Golpe de Estado I investiga precisamente el derrocamiento de Morales. El principal implicado es Camacho, quien comandó las movilizaciones cívicas. Incluso reveló, en un video, que su padre “cerró” con policías y militares para que no intervengan en ayuda del gobierno de entonces. El expresidente cívico cruceño se encuentra con detención preventiva en la cárcel paceña de Chonchocoro, desde diciembre del año pasado.

(07/07/2023)

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Senadores presentan otra acción de cumplimiento contra Choquehuanca en Cochabamba

Los legisladores acompañados de dirigentes de organizaciones sociales determinaron instalar un piquete de huelga en puertas de la Sala Constitucional en demanda de la admisión de acción constitucional.

Los senadores William Torrez y Lucy Escobar presentan la acción de cumplimiento en el Tribunal Departamental de Cochabamba.

Por Boris Góngora

/ 27 de mayo de 2024 / 19:05

Los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista Lucy Escobar y William Torrez presentaron una nueva acción de cumplimento contra el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, pero esta vez, en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para que convoque a sesión del legislativo y se pueda tratar los proyectos de ley 073 y 075, referidos a la prórroga de mandato de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial.

Además, los legisladores acompañados de dirigentes de organizaciones sociales de esa facción determinaron instalar un piquete de huelga en puertas de la Sala Constitucional en demanda de la admisión de acción constitucional. 

“Hemos presentado una nueva acción de cumplimiento contra del presidente nato de la Asamblea Legislativa (David Choquehuanca), quien incumplió el mandato del artículo 163, numeral 7 de la Constitución Política del Estado” dijo Torrez.

El senador explicó que la disposición establece que cuando la sala revisora (Cámara de Diputados) después de haber recibido el proyecto de ley deja transcurrir 30 días y dentro ella no ha tratado el proyecto de ley en forma automática pierde competencia. “Es el presidente nato de la Asamblea que tiene la obligación de convocar de forma inmediata al pleno para que ahí se defina el curso de ambos proyectos de ley”.

Lea más: Sala Constitucional suspende audiencia de acción de cumplimiento contra Choquehuanca

El legislador también reprochó la “instrucción de manipular el sistema informático” que derivó la asignación de la acción de cumplimiento presentada en la Sala Constitucional Primera de La Paz, del “cuestionado vocal Israel Campero” y otro vocal, motivo por el cual retiraron el recurso presentado.

“Estamos en este Tribunal Departamental (de Cochabamba), convencidos de que acá los jueces y vocales son más éticos, y esperamos no llevarnos otro chasco, porque de hacerlo sería una nueva burla a todo el pueblo de Bolivia (…). Ellos tienen 24 horas para dictar el auto de admisión en la que ya tiene que ir señalado la hora y la fecha de la Audiencia del verificativo de la Acción de Cumplimiento y esta Audiencia tiene que estar dentro las siguientes 48 horas”.

En tanto, la senadora Escobar señaló que se entró a este primer piquete de huelga para que la Sala Constitucional “falle correctamente y de manera imparcial”.

“No estamos pidiendo que nos favorezcan, sino solamente que den cumplimiento al artículo 163, numeral 7 de la Constitución. Necesitamos que esto sea de la manera más rápida, estamos con nuestras organizaciones sociales, no nos vamos a mover hasta que salga la admisión y luego se pueda fijar la audiencia correspondiente”, declaró.

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La Policía aprehende a Harold Lora, dueño de Las Loritas

De acuerdo con Ríos, Lora presenta acusación por los delitos de estafa múltiple, estelionato, trata y tráfico de personas y violencia familiar.

/ 27 de mayo de 2024 / 17:13

En el marco de la investigación por presunta estafa, la Policía Boliviana aprehendió la tarde de este lunes al empresario constructor Harold Lora, gerente de Las Loritas Edificios.

“Pesa una denuncia en contra de Harold Lora por el delito de estafa con múltiples víctimas. Desde la semana pasada la Policía Bolivia se encontraba realizando el trabajo de seguimiento e investigación respecto a la ubicación. En ese sentido la Policía ha dado cumplimiento a esa orden de aprehensión y ahora está siendo trasladado a la zona sur para que pueda responder a la Justicia por los delitos que se lo acusa”, dijo Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con la autoridad, Lora presenta acusación por los delitos de estafa múltiple, estelionato, trata y tráfico de personas, violencia familiar, pero, además se lo relaciona con autoridades ediles, “en este caso el alcalde municipal de La Paz (Iván Arias), el secretario de Culturas y otros concejales que habrían facilitado que Lora pueda construir edificios e incluso sobrepasando la normativa municipal”.

Ríos pidió a los fiscales una investigación transparente a fin que se responda a las víctimas. “Llama la atención que más de 30 casos han sido cerrados o rechazados por el Ministerio Público, por lo cual en el marco de la transparencia sugerimos que en esa instancia se pueda conformar una comisión de fiscales a fin que se pueda responder a todas aquellas víctimas que han sido afectadas”.

En enero de este año, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que existen 100 denuncias en contra del empresario de La Paz por la entrega de dinero para la adquisición de un departamento.

“Aproximadamente son 100 (denuncias) vamos a atender a todos en el marco de la normativa”, dijo entonces Silva.

Lora también es investigado por el delito de uso indebido de influencias, por lo que la Fiscalía Departamental de La Paz emitió la imputación formal el 2 de mayo. Por este delito también se le investiga al concejal de La Paz Pierre Chaín.

Ambos son acusados por la emisión de la Ordenanza Municipal 046/2022. Esta norma “presuntamente”, pretendía favorecer al empresario al permitirle la construcción del edificio Las Loritas 10, ubicado en Calacoto, en la zona Sur de la ciudad.

“Dentro de la investigación preliminar, se colectó más de 35 elementos de convicción. Entre ellos, los documentos de compra y venta del terreno del Club de Unión Árabe a favor del empresario Harold Lora. Se presume que esta venta habría sido irregular y por el que existe otro proceso abierto”, informó el fiscal anticorrupción Franklin Alborta.

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Tras fallo del TCP, el proceso de preselección para las judiciales en la Asamblea sigue incierto

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, afirmó que ya perdieron toda competencia, de acuerdo a la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

Una sesión de la Comisión Mixta de Constitución

Por Boris Góngora

/ 24 de mayo de 2024 / 23:04

El proceso de preselección para las judiciales continúa incierto en la Asamblea Legislativa pese al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dio vía libre de continuar con las elecciones.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, informó este viernes que tras el fallo del TCP aún no se conoce la fecha de convocatoria por parte de las comisiones mixtas para retomar el proceso de preselección.

“Es de conocimiento que ambos presidentes de las comisiones mixtas de Justicia Plural y Constitución (Roberto Padilla y Miguel Rejas) obedecen al radicalismo y penosamente, según datos de sus colegas senadores, recién se va a convocar a sesión a la comisión mixta la siguiente semana”, dijo el legislador.

La Sala Segunda del TCP revocó el jueves el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando que anuló el proceso hacia las elecciones judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

Lea más: Ministro Lima dice que las judiciales están en manos de los presidentes de comisiones mixtas

Jáuregui cuestionó que ambos legisladores esperen que pase “el Gran Poder, las efemérides departamentales de Chuquisaca y seguramente cumplir los festejos por el Día de la Madre” para convocar a las respectivas comisiones de la Asamblea.

El legislador señaló que existen varios elementos que se deben analizar, lo cual amerita de una urgente reinstalación de las sesiones de las comisiones mixtas.

En tanto, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, afirmó que ya perdieron toda competencia, de acuerdo a la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

“Siempre hemos dicho que queremos continuar la etapa de preselección, pero ahorita nosotros ya no tenemos competencia. Hasta 5, 6 de mayo teníamos que remitir al Tribunal Electoral (la lista de candidatos preseleccionados), ¿ahora en qué fecha estamos? 24 (de mayo); ya no tenemos competencia”, señaló Padilla a radio Global Sucre.

Desde la oposición, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, señaló que la resolución del TCP tiene un fin político y la decisión les es “indiferente” porque no reconocen a los magistrados del Constitucional, debido a que están “usurpando funciones”.

Sin embargo, señaló que está claro que se debe hacer un ajuste de los plazos y esa será la tarea de las comisiones mixtas con un informe previo de cuál es el tiempo “exacto” que garantice la conclusión de la etapa.

Además, indicó que se está consiente que el país necesidad de nuevas autoridades judiciales y si en el escenario del debate y las consideraciones se tiene que dejar de lado las elecciones primarias, “por supuesto se dejará de lado en la Asamblea y se priorizará las judiciales”.

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Gobierno vuelve a descartar el traslado de Camacho a Santa Cruz para el inicio de su juicio oral

La audiencia de juicio contra Camacho fue fijada para el 27 de mayo, por lo que la orden judicial dispone que el traslado debe ejecutarse 24 horas antes al inicio de su audiencia. C

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en audiencia al cese a sus medidas cautelares.

Por Boris Góngora

/ 24 de mayo de 2024 / 19:31

El Gobierno volvió a descartar el traslado del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro a Santa Cruz para el inicio del juicio oral por el caso Decretazo, esto en razón a que no existen las condiciones de seguridad.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reiteró que no se generaron “las condiciones” para realizar el traslado, así como un pronunciamiento serio de parte de la administración de la justicia sobre ese tema.

“Hasta que el juzgado de Santa Cruz emita un informe técnico respaldando las condiciones de seguridad para el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho para una audiencia en la capital cruceña no se autorizará el mismo”, señaló Limpias, según Unitel.

La audiencia de juicio contra Camacho fue fijada para el 27 de mayo, por lo que la orden judicial dispone que el traslado debe ejecutarse 24 horas antes al inicio de su audiencia. Camacho debe declarar en el proceso del caso Decretazo, referido a la promulgación del Decreto Departamental 373, el 9 de marzo de 2022, con el que encargó su suplencia a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, ahora gobernador en ejercicio.

Limpias reiteró que cuando hubo la salida de algún privado de libertad por un tema delicado, se tuvo agresiones físicas no solo a él sino a sus custodios, por lo que espera que el Órgano Judicial y los jueces que están a cargo de ese tribunal les digan “no hay riesgos. Nosotros garantizamos” el traslado de Camacho.

Lea más: Tras denuncia de Human Rights sobre Camacho, Limpias señala que declaraciones no son ‘serias’

“Nosotros estamos viendo como Policía Boliviana, porque hay un informe del Comando Departamental y hay un informe de (la administración de la cárcel de) Palmasola. No nos responden qué es lo que va a pasar respecto al traslado de este privado de libertad. Es fácil decir desde un asiento que se traslade a una persona, sin responder el fondo de un informe técnico”.

En esa línea, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló que hay informes que se han emitido tanto de Inteligencia de la Policía Bolivia como por la administración penitenciaria respecto a la “conflictividad social” que se pueda generar sobre el traslado de Camacho a Santa Cruz.

“Como ustedes conocen, en el momento de su aprehensión, se han atacado a instituciones, se ha quemado el Ministerio Público, se han tomado aeropuertos internacionales y se ha puesto en riesgo toda la paz social en el municipio de Santa Cruz, por lo cual estos antecedentes justamente han sido valorados por los informes correspondientes, así como también otras posibles situaciones que se pueden generar por un posible traslado de Fernando Camacho”, dijo Ríos.

También reiteró sobre la recomendación que se hizo a los vocales de Sala Penal de Santa Cruz para que se pueda utilizar otros medios electrónicos disponibles, esto en razón a que existen audiencias que se llevaron de manera virtual y existen las condiciones para que puedan desarrollarse de esta manera en el recinto penitenciario de Chonchocoro, como en otros casos.

El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

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Tras denuncia de Human Rights sobre Camacho, Limpias señala que declaraciones no son ‘serias’

Limpias señaló que como administración penitenciaria se informó “muchas veces” que “no hay vulneración de derechos” de Camacho, y que en el tema administrativo se “trata” de garantizar todos los derechos del privado de libertad.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. Foto: APG.

Por Boris Góngora

/ 24 de mayo de 2024 / 18:07

Luego que el representante de Human Rights Foundation, Javier El-Hage, señalara que existe “vulneración a los derechos humanos” del gobernador encarcelado Luis Fernando Camacho, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló este viernes que esas versiones emitidas “no son serias”, debido a que “nunca se requirió una solicitud” de informes.

“Toda la información de los privados de libertad hemos puesto a disposición de estas instancias (como la CIDH). Nunca me ha llegado otro requerimiento de algún tipo de información de esas otras instancias (como HRF) que sacan sus informes viendo los medios de comunicación, no son serios. Lo serio es cuando vienen acá, nos piden informes y nosotros mostramos todo lo que corresponde y ven como están los privados de libertad, ahí podemos referir un informe más serio y reflejado a la realidad”, dijo el titular de la administración penitenciaria. 

El-Hage visitó el jueves a Camacho en la cárcel de Chonchocoro y tras su salida del centro penitenciario indicó que existe “vulneración a los derechos humanos” de la autoridad cruceña en el tiempo que está encarcelado.

“Hemos verificado in situ que el gobernador Luis Fernando Camacho padece desde hace 17 meses tratos crueles, inhumanos y degradantes que son violatorios del derecho internacional”, afirmó El-Hage a la Red Uno.

Lea más: Camacho deberá declarar como denunciado en el caso Firmas el próximo miércoles

Limpias señaló que como administración penitenciaria se informó “muchas veces” que “no hay vulneración de derechos” de Camacho, y que en el tema administrativo se “trata” de garantizar todos los derechos del privado de libertad.

“Hemos informado no solo a nivel de la opinión pública, sino a nivel internacional, también a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) hemos podido dar nuestro informe. Es más, es que la CIDH se ha hecho presente en el penal de Chonchocoro y se ha entrevistado por cerca de una hora con el privado de libertad y ha emitido un informe al respecto al trabajo que hace la administración penitenciaria”, señaló. 

Añadió que las opiniones de instancias que ven cómo es la realidad y cómo se está desarrollando el trabajo de la administración penitenciaria les “tiene tranquilos”, esto en razón que se “está respetando (los derechos) no solamente del privado de libertad de Luis Fernando Camacho, sino en todos los casos”. El gobernador cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

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