Policía traslada a Pando y Beni a los 57 implicados en minería ilegal en el río Madre de Dios
Diecinueve de los implicados en minería ilegal deben cumplir con detención preventiva en el penal de Villa Busch, en Cobija. El resto fue beneficiado con medidas sustitutivas.
Implicados en minería ilegal esperan por su vuelo hacia elmunicipio de Cobija, en Pando
Imagen: Roberto Guzmán
Las 57 personas aprehendidas por trabajos de minería ilegal en el río Madre de Dios fueron trasladadas la madrugada de este miércoles hacia Pando y Beni. Cumplirán las medidas cautelares que dictó la Justicia.
Luego de una audiencia, 19 de ellos guardarán detención preventiva en la cárcel de Villa Busch, en la ciudad de Cobija, en Pando. Los otros 38 implicados están beneficiados con medidas sustitutivas y llegarán a Riberalta.
“En lo que compete a la administración penitenciaria, también se va a velar por el respeto y los derechos humanos y la integridad física de cada uno de ellos en el penal de Villa Busch”, dijo el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, a La Razón.
El hecho que movilizó a más de 90 miembros de la Policía Boliviana y que implicó la destrucción de 27 dragas y otros materiales para el procesamiento de oro, generó revuelo en varios ámbitos.
El principal reclamo tuvo que ver con el uso de elementos como el mercurio, cuyos restos terminan en aguas del río Madre de Dios, que a su vez riegan cultivos de comunidades que están en su curso.
Repercusiones por minería ilegal
“No podemos permitir la minería ilegal y el uso excesivo de mercurio que es altamente contaminante para el medio ambiente y nocivo para la salud (…). Se debe tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud de nuestra población y preservar a nuestra Madre Tierra”, advirtió el vicepresidente David Choquehuanca.
Además, celebró el operativo liderado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Sin embargo, luego de la aprehensión de los implicados y su traslado hasta La Paz, familiares y vecinos de Riberalta protestaron; pedían la libertad de las 57 personas presuntamente vinculadas con ese ilícito. Bloquearon carreteras y anunciaron la radicalización de medidas. Incluso pidieron la renuncia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.