El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, afimó ayer que la avioneta con droga siniestrada en Argentina fue liberada por el Ministerio Público de Santa Cruz a pesar de estar precintada.
Informó que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó una denuncia penal contra los presuntos autores del ilícito, para esclarecer “cuáles han sido los factores y motivos para que esta aeronave, que estaba siendo investogada, sea devuelta, cuando ni siquiera había concluido la etapa de investigación”.
En la transmisión digital La Razón Radio, Mamani identificó ayer dos momentos, desde que la avioneta, primero, fue detectada por radares en mayo, en un “supuesto vuelo irregular”.
Relató que el 23 de mayo los radares identificaron la aeronave en cuestión, con matrícula de control CP-3123, pero no había información sobre su plan de vuelo. Así, los miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizaron las investigaciones y dieron con el aparato en el aeropuerto de Puerto Suárez, en Santa Cruz, y el Ministerio Público lo precintó.
“Por ese motivo, la aeronave fue devuelta por el Ministerio Público, el 28 de junio, a Nilo L.T., que es el propietario de la aeronave”, dijo a La Razón Radio.
Lo llamativo del caso —dijo Mamani— es que la revisión haya sido realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), con un resultado negativo a cocaína, y sin microaspirado, en vez de pedir que la realice el Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas (Citesc), de la FELCN.
El funcionario explicó que las investigaciones por el hecho conocido por una publicación del diario argentino Clarín comenzaron la tarde del miércoles.
“Se ha procedido al arresto, para fines investigativos, a tres ciudadanos. Este proceso está en investigación”, reveló Mamani.
Según contó, se ejecutó una orden de allanamiento al hangar 101 del aeropuerto El Trompillo, de la capital cruceña. En él se secuestraron documentos, DVR (discos que almacenan imágenes de cámaras de seguridad) y dos aeronaves, una con matrícula de control CP-2809 y otra, CP-3008.
Lo mismo ocurrió en el hangar 112, “cerca de las 17.00”, en la misma terminal aérea, aunque esta vez no se secuestró aeronaves.
Se identificó al propietario de la aeronave siniestrada como Nilo L. T., y su domicilio, en la zona en la calle Nataniel Aguirre, en la zona cerca al aeropuerto El Trompillo, también fue allanado.
Por su parte el director de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, señaló este jueves que la aeronave, hallada volcada y con más de 300 kilos de cocaína, tiene su base de operación en el aeropuerto de El Trompillo de Santa Cruz.
Según reportó, el último plan de vuelo “legal” que se conoce, data del 18 de julio desde el aeropuerto de El Trompillo.
Informes oficiales señalan que que la nave estaba autorizada de volar ese día a Asención de Guarayos y volver al día siguiente.
Liderada por el Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), una marcha en apoyo a la movilización del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista llegó al centro de La Paz desde la zona de Chuquiaguillo.
Centenares de personas recorrieron las principales avenidas de ese sector, arengando el apoyo al exmandatario Evo Morales y reclamando “solución” a la crisis del país.
Ondeando banderas del MAS y la wiphala, los movilizados se sumaron a la columna que partió de Caracollo, Oruro, la anterior semana y que recorrió la autopista que une los municipios de La Paz y El Alto hasta llegar a la altura de las oficinas de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN).
La anterior semana, Morales anunció que su movilización ingresaría a La Paz “por los cuatro puntos cardinales”: Villa Fátima, Río Abajo, el sector del lago Titicaca y la carretera a Oruro.
Ante la llegada de las movilizaciones, la Policía Boliviana reforzó la seguridad en puntos estratégicos. Por ejemplo, cerró el paso a la plaza Murillo y sus alrededores, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y la Casa Grande del Pueblo.
Otro de los puntos donde dedicó más vigilancia es la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), ubicado en la calle Pisagua, cerca de la avenida Montes.
Hace dos semanas, organizaciones sociales afines a Morales intentaron con violencia tomar la sede de los trabajadores. Cuestionaron al líder de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi, por haber organizado una marcha en apoyo al Gobierno.
Por su parte, Huarachi denunció ese hecho como un intento de golpe sindical.
Pese a la tensión del domingo en la zona de Ventilla, en El Alto, el presidente Luis Arce dijo que “no caerá en provocaciones” de una guerra civil, como algunos dirigentes evistas del MAS lo anunciaron.
“Para que haya guerra civil se necesitan dos frentes antagónicos, y ése es un gusto que no te daremos”, dijo el mandatario en un nuevo duro mensaje a Morales.
Asimismo, Arce apostó por el diálogo y la resolución de ese conflicto.
Con la mira puesta en el 1 de diciembre para, por fin, organizar las esperadas elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se planteó un calendario electoral de 110 días sin preclusión y con un padrón “seguro”.
La convocatoria a los comicios, conocida el 13 de agosto, marcó el inicio de las 36 actividades hasta el día en que los bolivianos acudan a las urnas a elegir las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En una entrevista con La Razón, el vocal electoral Gustavo Ávila explicó que las fechas definidas en “este calendario electoral ya no se pueden modificar ni sustituir. Son actividades que debemos cumplirlas como Órgano Electoral”.
De hecho, el principio de preclusión de dicho calendario de actividades está definido en el inciso K del artículo 2 de la Ley 026, de Régimen Electoral, y señala: “Las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato no se revisarán ni se repetirán”.
PLAZOS. Así, los plazos del proceso fijados en el calendario de las elecciones judiciales quedan “sellados” y sin opción a modificación “de ninguna manera”.
La fase previa a la organización de los comicios a cargo del TSE fue la preselección de postulantes que llevó la Asamblea Legislativa. El camino fue accidentado y se cumplió luego de atravesar varios escollos, entre recursos judiciales y cuestionamientos que demandaron acuerdos políticos y hasta la intervención del mismo Órgano Electoral.
Por iniciativa de los vocales electorales, el TSE propició un encuentro multipartidario e interinstitucional que, con la participación de líderes de 11 partidos políticos, definió priorizar las judiciales respecto de las elecciones primarias que, por el mismo acuerdo, serán suspendidas una vez promulgada la ley sancionada en la Cámara de Senadores.
“Decidimos convocar ese diálogo y ha tenido esos resultados, (porque) ahora ya tenemos una elección (judicial) cierta, porque, antes del diálogo, era una elección incierta; no sabíamos si se iba a realizar o no”, dijo Ávila.
PADRÓN. Mientras se resolvía, primero, la preselección de postulantes y, luego, el calendario electoral surgió cuestionamientos sobre la seguridad o no del Padrón Electoral vigente.
Sobre eso, el vocal electoral, designado por el presidente Luis Arce a principios de abril, aseguró que el Padrón “ya fue sometido a varias auditorías” cuyos resultados lo calificaron como “seguro”
Tomando en cuenta que el calendario electoral prevé 10 días — del 21 al 30 de agosto— para el empadronamiento masivo, Ávila aseguró que el Padrón Electoral “está abierto” para su revisión.
Incluso recordó que el quinto punto del Acuerdo por la Democracia del 10 de julio establece “una completa transparencia” del proceso a cargo del TSE.
“Cualquier ciudadano, cualquier representante de la organización política, una organización social, una plataforma, puede asistir a los diferentes tribunales electorales y revisar el padrón electoral. Estamos abiertos a que los revise”, dijo.
Los dólares desaparecieron y en las calles se vende a precios altos. Foto: Archivo
La actividad más “amplia” del calendario es la recepción de demandas de inhabilitaciones, para la que el TSE dispuso 95 días —del 14 de agosto al 16 de noviembre— sin impedir el avance de las otras.
Otra de las fases a las que se le asignó más tiempo es la difusión de méritos de los postulantes, durante 42 días, desde el 17 de octubre al 27 de noviembre.
Sobre esta última fase descrita, el vocal Ávila enfatizó que solo el Órgano Electoral puede difundir información de los profesionales. Para eso, describió que se utilizan los tradicionales medios de comunicación: prensa, radio y televisión, y “todas las redes sociales”.
En caso de que algún postulante promueva su candidatura por su parte, explicó Ávila, expone su continuidad en el proceso. Pero la sanción, que es la inhabilitación total, no solo será para él, sino para el medio que difunda la información, aunque, en ese caso, es pecuniaria.
Los bolivianos elegirán por tercera vez a las altas autoridades de los tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremo de Justicia (TSJ) y Agroambiental, y del Consejo de la Magistratura. Se trata de 23 magistrados y tres consejeros —titulares y suplentes en ambos casos— cuyo mandato constitucional es de seis años.
La primera vez que Bolivia celebró las elecciones judiciales fue el 16 de octubre de 2011; la segunda ocurrió el 3 de diciembre de 2017. En el último caso, los magistrados y consejeros resultaron prorrogados a través de la Declaración Constitucional 049/2023.
Hay causales para repetir la votación
El calendario electoral de las elecciones judiciales publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispone una repetición de votación en el caso de “contratiempos” con las mesas de sufragio dispuestas para esos comicios.
En un eventual caso de anulación de las mesas electorales, las actividades tienen prevista la repetición de la votación para el 15 de diciembre.
¿Cuáles son las causales para la anulación de las mesas de sufragio que llevaría a una eventual nueva votación? En una entrevista con La Razón, el vocal electoral Gustavo Ávila describió cinco posibles causales.
La primera está referida a los jurados electorales, pues la norma manda a que sean tres por cada mesa de sufragio, y en el caso de que no se cumpla esa condición, la votación se repetirá. Tendrá el mismo efecto si las actas electorales no cuentan con la firma o huella de los jurados de mesa
Los asistentes al encuentro multipartidario del 10 de julio.
Asimismo, la votación se repetirá cuando una mesa sea instalada en un recinto diferente al que inicialmente se estableció o cuando la votación se haya iniciado antes del horario dispuesto para el sufragio, que es de 08.00 a 16.00, el domingo 1 de diciembre.
Incluida una eventual repetición de la votación, el calendario publicado el viernes por el Órgano Electoral cuenta 62 actividades hasta la remisión del informe final a la Asamblea Legislativa.
Las elecciones judiciales serán posibles luego de un largo camino de escollos, que demandó de acuerdos entre las tres fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa y hasta un encuentro multipartidario propiciado por el TSE, que logró un pacto para priorizar esos comicios.
Ahora, los actores políticos celebran que se hayan “allanado” las elecciones judiciales.
El 56% de los hogares en Bolivia cuenta con internet fijo
La mayoría de los usuarios, el 92% de un universo de 1.255.926, cuenta con la instalación de internet a través de fibra óptica, según un reporte de la ATT.
Una joven cumple sus actividades en la modalidad de teletrabajo desde su domicilio.
El 56% de los hogares en Bolivia cuenta con servicio de internet fijo, según el boletín de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), con datos cerrados hasta diciembre de 2023.
“La penetración del acceso a internet fijo en Bolivia alcanza a diciembre 2023 al 56%, lo que equivale a decir que, por cada 100 familias (con cinco integrantes), 56 tienen conexión a internet fijo. La penetración se ha incrementado desde un 8% en 2013 hasta un 56% en 2023, con un promedio de crecimiento del 24%”, señala el documento publicado en la página institucional de esa entidad.
En 2014, dicho fenómeno fue apenas 9%, en 2015 subió a 11%; en 2016, 13%; en 2017, 19%; en 2018, 27%; en 2019, 33%; en 2020, 40%; en 2021, 49%, y 2022, 55%.
El departamento con mayor presencia en el mercado de internet fijo es La Paz, con un 63,7%; seguido del departamento de Cochabamba. con un 63,6%. En tercer lugar se encuentra Tarija, con un 58,4%, y en cuarto lugar, Oruro, con un 57,3%.
Otro dato que llama la atención es que, a diciembre de 2023, la tecnología maìs empleada por los operadores para prestar el servicio de internet fijo, incluyendo tecnologías de última milla alámbrica e inalámbrica, es la FTTX ( fibra hasta el hogar), con el 92%.
Uno de los factores que impulsó la instalación del servicio de internet domiciliario fueron las restricciones que se implementaron en plena pandemia de COVID-19, que llegó a Bolivia el 10 de marzo de 2020, coincidente con el gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez.
Desde Argentina, en septiembre de ese año, el expresidente Evo Morales reivindicó la obra, cuyo proyecto fue consolidado en 2016. Recordó que el gobierno de entonces invirtió $us 66 millones para abaratar costos de telecomunicaciones, telefonía móvil e internet.
Si bien durante el régimen transitorio fue clausurado el año escolar (Resolución 050/2020, del 31 de julio de 2020), el uso de la tecnología comenzó a cobrar fuerza. Así, durante el gobierno de Luis Arce, en 2021, la educación virtual se acentuó y una nueva forma de impartir clases se posicionó en el país: la educación a distancia.
El nuevo gobierno dispuso modalidades a distancia con clases virtuales y, en lugares remotos, con ayuda de radio y televisión.
Hasta ese momento, pasar clases desde casa era algo prácticamente inexplorado en el país. El Ministerio de Educación se valió de plataformas gratuitas para salvar el calendario cerrado en 2020.
Aunque había opciones, la prioridad era que los niños vuelvan a las aulas debido a que la distancia impedía el desarrollo pleno de la educación. De a poco, con la implementación de protocolos y la apertura de la vacunación contra el COVID-19 para los niños a partir de los cinco años, y luego otros grupos etarios, la presencia en aulas se incrementó.
Asimismo, nuevas modalidades se implementaron en diferentes actividades; por ejemplo, el uso de la banca digital para transacciones, la compraventa de productos y servicios, y otro tipo de usos cotidianos.
LABORAL. Lo mismo ocurrió en el ámbito laboral, luego de que el Ministerio de Trabajo también decidiera el trabajo a distancia con el fin de evitar contagios masivos, que implementaron medidas que permitió que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades desde sus domicilios.
“Casi todos teníamos que trabajar desde casa, salir y exponerse era demasiado riesgoso y, como no había las vacunas (contra el COVID-19). Más bien que el internet nos permitía eso. Lo mejor era cuidarse y laburar a distancia. Todo en las noticias tenía que ver con muertes por ese virus, a toda hora: mañana, tarde y noche; lo mejor era cuidarse en casa y así cuidar, también, a nuestras familias”, dijo a La Razón David Quenta, docente de una universidad privada en La Paz.
Se tiene previsto mayor crecimiento de líneas móviles con acceso a internet, considerando que, al 31 de diciembre de 2023, que es el lapso analizado por la ATT, se registra cerca de un millón de líneas móviles con tecnología GSM que “podrían ser sustituidas por líneas con acceso a internet”.
“La penetración del servicio de internet móvil calculada para diciembre de 2023 alcanza al 91%; es decir que, por cada 100 habitantes, 91 tienen activas líneas con el servicio de internet móvil”, añade el documento.
La diferencia con la penetración del número de líneas móviles totales (99%) se debe a que todavía en el país existe terminales con tecnología GSM; es decir que no cuentan con acceso a internet móvil, solo llamadas.
También hay usuarios que, teniendo líneas móviles con acceso a internet, usan solo voz.
Existen 20.430 kilómetros (km) de tendido de fibra óptica en el país, de los cuales 12.433 son de distribución del servicio y 7.997 km de acceso para internet.
Medio millón y más de hogares tienen televisión por cable
A diciembre de 2023, 570.581 hogares del país contaban con servicio de televisión por cable, 315.165 más que en 2013; la mayoría, en el eje del país, según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
La información está contenida en un reporte publicado en su página institucional.
“Por cada 100 familias (con cinco integrantes), 23 cuentan con el servicio de Tv Cable”, señala el informe.
Según ese cuadro, se observa crecimiento hasta 2019, pero en 2020 se produjo una reducción en ese tipo de servicio; sin embargo, y en gran medida “por las ofertas empaquetadas”, la cantidad de conexiones a diciembre 2021 se incrementó; a diciembre 2022 se registró una reducción de 25.276 conexiones. Mientras que, en 2023, la caída fue de 24.304 conexiones, o sea, 11,51% menos que en 2022.
La Razón intentó comunicarse con las tres operadoras autorizadas para brindar ese servicio, pero no logró la comunicación. Sin embargo, varios usuarios advirtieron “un mar de ofertas” de plataformas digitales que brindan “de manera gratuita” el acceso a ese tipo de beneficio comercial.
“Hay plataforma gratis, como Magis y el mismo internet, que ya hace que los servicios de Tigo, Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) y Cotel (Cooperativa de Telecomunicaciones de La Paz) se vean caros. Porque, en realidad es más accesible. Con Bs 30 puedes ver más canales e incluso series y películas”, dijo Álvaro P. a este medio.
“Se tienen los servicios de streaming de contenidos bajo demanda como Disney Plus, Star Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus, entre otros, donde el usuario puede decidir qué ver y bajo qué circunstancias; son tantas opciones para elegir que se tiene menor interés en lo que son los canales tradicionales de televisión, con paquetes que incluyen los canales que interesan y los que no también”, señaló en su reporte.
Si bien hay usuarios que optaron por las plataformas “gratuitas”, algunos como Iver D. defienden “lo seguro” de los operadores”. “Cuando las plataformas se caen, no tienes a quién reclamar”.
El uso de esas plataformas no está restringido, pero tampoco existe una norma que delimite condiciones para su uso o que den seguridad a los usuarios que acceden a ellas.
Un router que distribuye señal de internet a dispositivos. Foto RRSS
El delegado político de la alianza opositora Creemos para el encuentro multipartidario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Zvonko Matkovic, señaló al expresidente Evo Morales como su “carcelero” y le reclamó por “robarle” 10 años de su vida.
El cruceño dirigió esas palabras al líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), en su participación en el encuentro político.
“Es (la) primera vez que tengo a mi carcelero enfrente. Usted, señor Morales (…). Usted me robó 10 años de vida; me robó a mi familia y usted me robó a mi hijo y, lamentablemente seguimos en ese camino”, dijo Matkovic mirando a Morales.
Así, Matkovic recordó su encarcelamiento por el denominado caso Terrorismo, en el gobierno de Morales, en el asalto al hotel Las Américas donde murió Eduardo Rózsa y otros.
“Seguimos con instituciones que han sido avasalladas. No existe una independencia de poderes. La justicia está peor que nunca y eso es harto decir. Estamos gobernados por un Tribunal Constitucional que por favores políticos se le permitió auto prorrogarse y el TSE es el último vestigio de libertad de los bolivianos”, añadió el opositor.
En la transmisión del acto no se pudo ver la reacción de Morales frente a las declaraciones del también expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.
El encuentro de este miércoles llegó a un acuerdo de 12 puntos, en el que destaca la petición para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que suspenda las elecciones primarias. El TSE presentará el proyecto de ley para esa tarea.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) evista logró revalidar la sesión de la Asamblea Legislativa presidida por el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, el pasado 6 de junio, que ya había sido anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La jueza de Sentencia Penal 6 de Cochabamba, Silvia Clara Zurita, ordenó, mediante un auto judicial, al vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, convocar a una sesión para validar las resoluciones de la mencionada sesión bicameral. Para ello, le otorgó un plazo de 72 horas.
“Se ordena el cese de los actos de hostigamiento, búsqueda o persecución sin causa jurídica alguna en contra de Andrónico Rodríguez, por parte de cualquier actor político del país, a su vez, se ordena al Vicepresidente del Estado y Presidente de la ALP, convoque en el plazo máximo de 72 horas a sesión de la ALP a fin de garantizar la validez constitucional de las actuaciones cuestionadas en esta acción tutelar para evitar actos de usurpación a atribuciones previstas en el artículo 158 de la Constitución (sic)” señala en la resolución del documento publicado por el diario chuquisaqueño Correo del Sur.
Además, el fallo estableció que el comandante departamental de la Policía en La Paz, Édgar José Cortez, y los comandantes de seguridad de la Asamblea Legislativa “garanticen tutela a la vida y la integridad física de Andrónico Rodríguez y se abstengan de emitir órdenes que constituyan protección por acción u omisión o pongan en riesgo la vida o integridad física del presidente del Senado”.
La solicitud fue presentada el 21 de junio por la senadora evista Lucy Escobar, que impugnó la resolución del recurso directo de nulidad interpuesto por el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, del ala arcista.
El jueves de la pasada semana, el TCP anuló la cuestionada sesión a la que asistieron 28 de los 36 senadores y 78 de los 130 diputados. Los ausentes en esa ocasión fueron los senadores y diputados del ala arcista del MAS.
Inmediatamente, los legisladores evistas, el mismo Andrónico Rodríguez y los miembros del bloque de oposición desconocieron dicha decisión y defendieron la “legitimidad” de esa sesión.
La polémica en este caso se originó desde la convocatoria. Rodríguez se atribuyó la titularidad de la Asamblea Legislativa mientras el vicepresidente y presidente nato de ese órgano, David Choquehuanca, ejercía la presidencia del Estado, pues el presidente Luis Arce se encontraba de viaje en Rusia.
Opositores
La oposición —el MAS evista, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— aprobaron el cese de los magistrados y consejeros electos en 2017; la resolución para la continuación del proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales y a la sanción de un crédito externo de $us 174 millones. Además, elevó a rango de ley un decreto presidencial sobre amnistía e indulto de reclusos.
En una conferencia de prensa, la senadora Escobar y su colega William Torrez, también evista, celebraron la decisión judicial.
Sin embargo, los legisladores emitieron duros cuestionamientos respecto de algunos jueces. Escobar calificó como “sicarios de la Justicia” a algunos jueces del país, de los que, además, dijo que “responden órdenes” del ministro de Justicia, Iván Lima. “No necesitamos mercenarios. Vamos a valorar la decisión de la Juez (Silvia Zurita)”, declaró la evista.
En esa misma línea, el senador Torrez destacó la decisión “valiente” de la jueza Zurita. “La independencia del órgano (Asamblea) fue vulnerada y desinstitucionalizada por órdenes del Gobierno”, consideró.
La Razón intentó comunicarse con legisladores del ala arcista del MAS para conocer su criterio respecto de este fallo; sin embargo, no hubo respuesta.
Tampoco se pronunciaron a través de redes sociales.
El fallo abre otra frente de conflicto en el seno del MAS.
