Fundada en plena dictadura de Hugo Banzer en 1976, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) es blanco de disputas entre grupos afines de dos facciones políticas representadas por Édgar Salazar y Amparo Carvajal.
Ambos activistas de los derechos humanos se atribuyen la titularidad de la organización cuyo primer ejecutivo fue el sacerdote Julio Tumiri (+), a quien también acompañó entonces Carvajal.
Se acusan de tomar la APDHB en La Paz. El 2 de junio, Salazar se posesionó de las oficinas, caso que fue denunciado por Carvajal ante la Justicia. Sin embargo, la Sala Constitucional Cuarta denegó la acción de ésta y consideró que “no puede lograr dilucidar qué presidente es legítimo”.
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Grupos afines
Las disputas llegaron al extremo de que Carvajal tomara la terraza de la sede de la APDHB en La Paz, donde se mantuvo en vigilia por más de 10 días casi a la intemperie hasta el sábado.
En tanto, Salazar defendía su “legitimidad” y fue tildado de “avasallador” y de estar apoyado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y “protegido” por el gobierno del presidente Luis Arce.
En el otro extremo, Carvajal es arropada por plataformas y políticos de oposición que sostienen la tesis del “fraude” en las elecciones de 2019 y la sucesión “constitucional” de Jeanine Áñez ante la renuncia de Evo Morales.
El expresidente Carlos Mesa consideró valiente a la mujer de 84 años y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, una inspiración. Entretanto, Áñez la llamó “símbolo de la resistencia” y Jorge Quiroga, mujer “icónica”.
Carvajal abandonó el sábado más de 50 días de vigilia y Salazar abrió ayer la posibilidad de diálogo y ceder, para ambos casos, la titularidad de la organización.
Presidenta y vicepresidente de la APDHB, ambos se distanciaron desde 2018, cuando terminó su mandato en la APDHB. Salazar, en entrevista con La Razón el 6 de septiembre de 2021, denunció que, al no haber congreso para la renovación del directorio, Carvajal “usurpaba funciones”.
Además, lamentó que ella pretenda continuar en el cargo “hasta que la vida le aguante”. Y dijo que esa “figura” (presidencia vitalicia) no está consignada en los reglamentos de la APDHB.
Sin embargo, las diferencias se habían acentuado cuando el 11 de marzo de ese año Carvajal emitió un comunicado: Debemos “elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y de las Fuerzas Armadas, pidiendo se respete nuestra constitución y toda las leyes a favor de estas instituciones”.
Salazar cuestionó la posición “equivocada” y “personal” de Carvajal a favor de militares y policías, a los que acusó de “genocidio en contra de la población civil”.
Dato
Al amparo del Decreto Supremo 4078, firmado por Áñez y su gabinete el 14 de noviembre de 2019, militares y policías reprimieron movilizaciones en Sacaba y Senkata, cuyo saldo fue una veintena de fallecidos a bala, según estableció el Grupo Interdisciplinacio de Expertos Independientes (GIEI) en 2021, que incluso halló casos de ejecuciones sumarias y consideró a ambos hechos como masacres. El decreto eximía de responsabilidad penal a militares.
A mediados de diciembre de 2021, en un congreso de la APDHB convocado por Salazar, éste fue elegido nuevo presidente de la organización y Carvajal fue expulsada por su adhesión a la causa de militares y policías, y su presunta inclinación a favor de Áñez. Entonces, la dirigente octogenaria cuestionó la decisión y consideró que la convocatoria del congreso fue “apócrifa”.
El 21 de agosto de 2021, Carvajal intentó visitar en la cárcel de Miraflores a Áñez —entonces bajo detención por los casos Golpe de Estado I y II— y al no conseguirlo, instaló una vigilia.
Días más tarde, en una visita a Cochabamba, junto a Carolina Ribera, hija de Áñez, se reunió con miembros de la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que el GIEI consideró un grupo parapolicial y por el que pidió al Estado su desarticulación debido a su papel violento en la crisis poselectoral de 2019. “Jóvenes queridos, para mí son una resistencia necesaria”, los impulsó la activista.
(25/07/2023)