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Ministro de Gobierno confirma baja definitiva del capitán Alberti de la Policía Boliviana

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El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, brinda una conferencia de prensa

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes la baja definitiva de la Policía Bolivia del capitán Javier Alberti Uzqueda, sin derecho a la reincorporación, por estar vinculado a acciones ilícitas.

“De esta manera, vamos limpiando las fuerzas policiales de elementos dañinos para la institución y el trabajo policial, no permitiremos que se empañe el trabajo de casi 40 mil hombres y mujeres por algunos efectivos policiales que adecuan su conducta a tipos penales”, escribió Del Castillo, desde su cuenta de Twitter.

También el Ministro de Gobierno subió a sus redes sociales una carta del presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la institución policial, en el que informa y confirma “la resolución sancionatorio de retiro o baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación”. El documento fue remitido al comandante general de la Policía, general mayor Álvaro Álvarez Griffiths.

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Alberti desde 2009 fue involucrado en una serie de ilícitos que van desde narcotráfico, extorsiones y venta de carros robados.

El más reciente hecho se registró en Santa Cruz, en marzo de este año, donde fue involucrado en un robo agravado, junto con otro capitán de la Policía, identificado como Salomón Salek.

Salek fue capturado el 21 de marzo en Santa Cruz y fue enviado a la cárcel de Palmasola por 45 días, con detención preventiva. En tanto, Alberti estaba en calidad de prófugo y fue capturado el 22 de marzo en La Paz.

Antecedentes

Alberti tiene amplios antecedentes, el 2009 estuvo implicado en un caso de narcotráfico de 59 kilos de cocaína, por lo que fue recluido en el penal de Palmasola. Otro caso conocido se dio en 2015 donde fue aprehendido por extorsión y privación de libertad.

En 2021 Alberti fue acusado de extorsionar a transportistas en la localidad de Challapata y en 2022 se vio involucrado en una denuncia de robo de vehículos en Chile y su posterior comercialización en Bolivia.    

Además, tiene cinco casos de antecedentes disciplinarios, tres con requerimiento fiscal de acusación y 10 casos que habrían sido rechazados o archivados.