El abogado Jorge Valda, defensa del teniente coronel Miguel Santiesteban, informó este miércoles que el juicio oral seguido contra Jeanine Áñez y otras 17 personas dentro el caso Senkata fue suspendido hasta el lunes 16 de septiembre debido a la recusación de los miembros del Tribunal de Sentencia Cuarto y a la falta de notificación de los imputados.

“Luego de haber llamado la lista a todas las víctimas (y) a los imputados, de pronto se dio cuenta el secretario que no notificó a ninguno de los imputados. Ninguno de los imputados se hizo presente en audiencia, porque no los condujeron en el penal de San Pedro a la sala de computadoras”, informó el jurista.

Además, indicó que el secretario de sala informó que los acusadores particulares, entre ellos, los ministerios de Justicia y de Gobierno, y la Procuraduría General del Estado presentaron una recusación contra los miembros del tribunal. 

Recusación

“Por razón, el día de hoy se ha suspendido la audiencia del caso Senkata, señalándose día y hora para el 16 de septiembre a las 09.30. Habrá que ver si los miembros del tribunal se excusan y se apartan del proceso y remiten al tribunal siguiente, producto de las acciones intimidatorias que está realizando las distintas carteras de estado en contra de este tribunal”.

El domingo, el Tribunal Décimo Anticorrupción de El Alto dejó sin efecto las observaciones del Tribunal de Sentencia Cuarto que paralizó el juicio oral en el caso Senkata y ordenó que en 24 horas se señale día y hora para la reactivación del juicio contra Áñez y otros los imputados.

Además, ordenó la remisión de obrados al Ministerio Público para que se investigue a los miembros de este tribunal.

La semana pasada, el juicio oral fue paralizado por 10 días para que se hagan las correcciones, debido a que el Tribunal de Sentencia advirtió de “errores” en las acusaciones formuladas contra los investigados. Esto, porque no “habrían” identificado el grado de participación de cada uno de los imputados, por los hechos del 19 de noviembre de 2019.

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Añez y otras 17 personas son acusadas por el delito de genocidio por la masacre de Senkata de 2019, como llamaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El 19 de noviembre de 2019, efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana intervinieron la movilización de manifestantes que bloqueaban el ingreso y salida de combustibles en la planta de Senkata, en El Alto.

Entonces, 10 personas fallecieron por impactos de bala, en una operación amparada en el Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de ese año, que eximia a los militares y policías de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

Proclamación

El hecho ocurrió a los pocos días de que Áñez se proclamara presidenta; luego de la renuncia del presidente Evo Morales, que dejó el cargo en medio de una fuerte crisis social, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.

Áñez, entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre. Primero, se proclamó presidenta del Senado y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces tenía dos tercios de votos.

La exmandataria cumple una pena de 10 años en el penal de Miraflores por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ratificó la marcha programada desde el 17 de septiembre “para salvar a Bolivia”. El inicio de la movilización está previsto en Caracollo, Oruro.

“(En el ampliado) se decidió una marcha pacífica a partir del 17 de septiembre bajo un pliego (petitorio). Dijimos que, si el Gobierno atiende hasta el 15 de este mes, no hay marcha; si no atiende, hay marcha el día 17. Lo que me sorprende es que hay muchos sectores que se van plegando”, dijo el dirigente político en Santa Cruz.

Entre las demandas planteadas en el encuentro están la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del MAS evista de Lauca Ñ, en octubre del año pasado.

Además, ese ampliado determinó la expulsión del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca de las listas del MAS.

El 3 de septiembre, en el municipio de Villa Tunari, el MAS afín a Morales realizó un ampliado en vez de un congreso, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinara no acompañar ese encuentro programado para esa fecha.

El ampliado determinó la expulsión del partido del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, pero, además, ratificó la candidatura de Morales para las elecciones generales de 2025.

También, aprobó la declaratoria de emergencia ante cualquier intento de proscripción del MAS e inhabilitación de Morales los comicios venideros. En el ámbito económico, exigió la solución a la crisis de los combustibles y dólares, y transparentar las reservas internacionales.  

Morales aclaró este miércoles que quien conduce esta marcha no es el Pacto de Unidad, sino el “Estado Mayor del Pueblo”, esto ante la falta de apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB).

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“Me acuerdo que en tiempos neoliberales, la COB se vendió a la derecha; la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia estaba con la derecha, no quería la nacionalización. Pero ahí viene organizada con muchos dirigentes, principalmente departamentales, el Estado Mayor del Pueblo que conduce la marcha”, aclaró.

Indicó que algunos sectores se suman sin su dirigencia a la marcha, como es el caso de los médicos y el magisterio. “A mí me sorprende, será una marcha histórica para salvar a Bolivia; pero también por la vida, por la democracia y recuperar nuestra revolución democrática cultural”.

Desde el Gobierno se señaló que la movilización convocada por Morales evidencia un plan de “desestabilización” con fines políticos personales.

“Lo que vamos a empezar lamentablemente a ver en nuestro país, a la cabeza del señor Evo Morales, es la puesta y ejecución en marcha del plan de desestabilización al gobierno democráticamente legal y constituido dentro del territorio nacional (sic)”, dijo Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, en días pasados.

En el ampliado de Villa Tunari, Morales llamó “cuartel de la revolución” a Caracollo, desde donde comenzará la marcha. La movilización pretende llegar a La Paz el 23 de septiembre.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, el senador evista Roberto Padilla, alertó este miércoles que está en riesgo el proceso de selección y designación del nuevo Fiscal General del Estado debido a la vigilia de la Central Obrera Boliviana (COB) que, en su criterio, perjudica el ingreso de postulantes al edificio antiguo de la Asamblea Legislativa.

“Para la Comisión Mixta de Justicia Plural no hay garantías, no hay esa claridad para que entren los postulantes (a las instalaciones). Por eso mismo, vamos a solicitar a los que están haciendo vigilia injustamente que abran la puerta de entrada. Estamos preocupados por la vigilia que están realizando a la cabeza de (Juan Carlos) Huarachi, por orden del (presidente) Luis Arce”, denunció el legislador.

Añadió que el proceso está en riesgo debido, en su opinión, a que “el plan del Gobierno es perjudicar esta etapa de elección y selección del Fiscal General del país”. “Están perjudicando el trabajo de la comisión mixta, porque la entrada para las oficinas de la comisión está cerrada por la vigilia”.

Proceso

El 2 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó la convocatoria para la elección y designación del fiscal General del Estado. La comisión mixta tiene 45 días para ejecutar el proceso de preselección de postulantes.

Tras la publicación de la convocatoria, se inició con este proceso que consta de 14 etapas. El proceso se encuentra en la fase 2, de presentación de postulantes, que tiene una duración de 15 días, que concluirá el miércoles 18 de septiembre.   

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Padilla pidió a los sectores sociales que se encuentran en vigilia dejar entrar a los postulantes para su registro. Dijo que desde la anterior semana la comisión trabajaba en la recepción de la documentación, empero, aclaró que a la fecha no hay ninguna postulación.

“Hay (personas) que están realizando preguntas; esperemos que los últimos días se presenten los postulantes, tanto hombres como mujeres, porque estamos convencidos que habrá muchos postulantes”.

Denuncia

Afirmó también que desde hace tiempo se denuncia que, desde el Gobierno, se prepara otras medidas con el fin de frenar la elección del Fiscal General del Estado. Supuso que el ministro de Justicia, Iván Lima, “puede ser postulante”.

Además, “no han descartado que se tendría que nombrar a un Fiscal General del Estado mediante decreto”; dijo en alusión al ministro, que la semana pasado abrió esa posibilidad ante la presunción de falta de consensos en la Asamblea Legislativa en ese propósito.

Lima recordó que las tres organizaciones políticas que conforman la Asamblea Legislativa se encuentran divididas.

“(Se) tiene un plan para perjudicar el trabajo de la comisión mixta con este tipo de vigilias que están ordenados desde el Gobierno nacional”, insistió el senador evista Padilla.

El actual fiscal general, Juan Lanchipa, concluye su gestión el próximo 23 de octubre, por lo que el proyecto plantea la designación de uno nuevo, como fecha límite, el 22 de ese mes.

La congresista peruana Rosangella Barbarán envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país para conocer las medidas que tomará esta cartera ante un posible éxodo de ciudadanos bolivianos.

“Debido a las proyecciones que indican una masiva llegada de ciudadanos bolivianos al Perú debido a la crisis, he enviado un oficio a @CancilleriaPeru para que informe las medidas y filtros como exigencia de Visa u otros que implementarían para evitar otra crisis en nuestro país (sic)”, escribió la legisladora en sus redes sociales.

La solicitud la hizo a raíz de un reciente informe de la consultora Gas Energy Latin America que anticipa que más de un millón de personas de Bolivia llegará a Perú debido a una crisis energética por la que atraviesa este país.

Informe

“Solícito con carácter de urgencia nos informe sobre las medidas que implementará su despacho para evitar el éxodo boliviano, tales como: la exigencia de visa a ciudadanos bolivianos u otros requisitos de ingreso”, escribió Barbará en la carta dirigida al canciller de Perú, Elmer Schialer Salcedo.

La legisladora peruana recordó en el documento sobre la situación que vive Perú luego de la migración masiva de venezolanos, que, según cifras de la ONU, asciende a 1.224.519 de inmigrantes.

En la misiva, también acusa a la migración de colapsar los servicios básicos. “Nuestros hospitales no se dan abasto y los padres de familia hacen largas colas para alcanzar una vacante en los colegios públicos”, denunció.

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Barbarán también indicó, a través de una grabación, que actualmente los bolivianos ingresan a su país con el documento de identidad. Por ello “para salvaguardar nuestro país y evitar inmigrantes sin filtro ingresen, debemos llamar medidas urgentes, como la exigencia de visas u otros requisitos”.

Alerta

El exviceministro boliviano Álvaro Ríos, titular de Gas Energy Latin America, en una entrevista a Infobae Perú, señaló que “a partir del 2029 empezará la importación” de gas a Bolivia “porque ya no tendrán nada qué ofrecerle al mundo. Esto, debido a una caída de la producción, debido a políticas estatistas que ahuyentaron totalmente la exploración privada, donde se concentran los mayores riesgos”.

Añadió que “en el Perú pasará lo mismo que con Venezuela hace algunos años, y se espera que más de 1 millón de bolivianos lleguen por la crisis”.

Ante la vigilia permanente de la Central Obrera Boliviana (COB) en la Asamblea Legislativa, la Cámara de Senadores informó que la sesión que debía instalarse este miércoles a las 09.00 se reprogramó para el jueves a las 10.30, pero en el salar de Uyuni, Potosí.

Según informó ese órgano camaral, en esa ciudad será considerado el crédito para la construcción de la carretera Uyuni-Hito 60 con una inversión de $us 223 millones.

Según comunicado oficial, la decisión fue tomada por la directiva “ante los enfrentamientos suscitados en puertas de la Asamblea Legislativa el día martes 10 de septiembre y ante las amenazas vertidas por parte de dirigente de la COB de tomar las instalaciones de la Asamblea, y precautelando la seguridad de los legisladores”.

En tanto, dispuso trabajo de comisiones para esta jornada.

La senadora Daly Santa María (CC), segunda vicepresidente de la Cámara Alta, indicó que ante la vigilia organizada por la COB y las agresiones registradas en la marcha de los trabajadores del martes, no hay garantías para sesionar en la Asamblea.

“Teníamos la sesión el día de hoy, pero ante amenazas que van a tomar y las agresiones, quién nos garantiza que agarren y se estén entrando a amedrentarnos como pretenden. El Senado va a trasladar su agenda para el día de mañana y la otra (semana) vamos a seguir sesionado (en otro lugar). No se puede seguir funcionado bajo la presión de (Juan Carlos) Huarachi. Huarachi que vaya a defender los derechos de los trabajadores y deje de ser un aliado del gobierno de turno”, dijo la legisladora.

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El martes, la COB determinó una “vigilia permanente” en demanda de la aprobación de los proyectos de ley pendientes en la Asamblea Legislativa.

“Se instala la vigilia permanente hasta que la Asamblea trate los proyectos de ley. Nos declaramos en reunión permanente para organizarnos y hacer un cronograma de vigilia permanente en plaza Murillo”, indicó Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la organización.

Están pendientes de aprobación 12 créditos externos por un valor de $us 1.076 millones y “leyes sociales”, como la modificación de la Ley de Pensiones a través del Proyecto de Ley 035.