Pasaron 14 días desde la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anuló la convocatoria y reglamento de elecciones judiciales. En ese tiempo, la Asamblea Legislativa no logra reencaminar el proceso.
La comisión extraordinaria conformada en la primera reunión convocada por el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato del Órgano Legislativo, se encuentra estancada.
La tarea encargada a dicho mecanismo —de 12 integrantes, delegados de oficialismo y oposición— fue la elaboración de un proyecto de ley único, para su consideración legislativa posterior. Hasta la fecha no hubo avances en esa comisión.
En criterio del jefe de bancada de la Cámara de Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrés Flores, el diálogo está “en pausa”, aunque cuestionó a la oposición. En entrevista con La Razón Radio, este lunes, dijo que este bloque “coloca trabas” al diálogo.
Comisión extraordinaria
En el inicio de las reuniones, la semana pasada, la oposición consideró que el MAS rompió el diálogo al ausentarse del foro dos senadores de las comisiones mixtas de Justicia y de Constitución.
Al menos cuatro puntos generan disenso entre las bancadas del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos: repostulación de magistrados y consejeros, veedores, número de preseleccionados y votación en masa de preseleccionados.
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CC y Creemos consideran que ninguno de los actuales magistrados y consejeros tiene derecho a la repostulación; en el MAS consideran que aquellos pueden repostularse a los tribunales ajenos a su función actual.
Sobre la participación de veedores internos y externos, hay coincidencia en que éstos se enarquen en las competencias de senadores y diputados de decidir la preselección de postulantes. Sin embargo, esas coincidencias no fueron discutidas finalmente.
Postulantes
Flores recordó, en el caso del número de preseleccionados, que la oposición pretende un mayor número a lo discutido con anterioridad, que alcanza a 96 en total de los tres tribunales y el Consejo de la Magistratura. Además, dijo que la votación por ellos debería ser individual, no en masa.
La Ley 1513, anulada por el TCP disponía cuatro personas por cada departamento para al Tribunal Supremo de Justicia, también cuatro por departamento para el Tribunal Constitucional y 14, en circunscripción nacional para el Tribunal Agroambiental, y 10, en circunscripción nacional para el Consejo de la Magistratura.
Las elecciones judiciales, con fecha incierta aún, deberán definir la elección de 23 magistrados y consejeros, suplentes y titulares.
El Tribunal Supremo Electoral (TCP) conminó a la Asamblea Legislativa la remisión de las listas hasta el lunes 4 de septiembre, para “garantizar” comicios el domingo 3 de diciembre. Flores consideró prudente llevar esas elecciones el 17 de diciembre, aunque no haya coordinación aún entre órganos.
El 31 de julio, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 60/2023, con la que anuló el proceso y exigió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva convocatoria y reglamento, y preselección con dos tercios de votos.