Tras la aprehensión del gobernador de Potosí, Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez, por el delito de ganancias ilícitas que deriva del caso de las 41 ambulancias, el ministro de Justicia Iván Lima indicó que el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ha solicitado seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro, por lo que se está a la espera de la conclusión de la audiencia.
“Se está llevando una audiencia cautelar en los juzgados de la ciudad de La Paz por el delito de ganancias ilícitas. Estamos a la espera de que concluya la audiencia y se conozca la determinación del juez cautelar”, dijo Lima.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó el miércoles que se emitió la orden de aprehensión en contra de la autoridad de Potosí en el proceso penal que se le sigue precisamente por legitimación de ganancias ilícitas, debido a que un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) señala movimientos irregularidades en sus cuentas bancarias de la autoridad.
“La autoridad potosina fue citada en dos oportunidades a declarar y no se presentó; sin embargo, hoy acudió a la Fiscalía de La Paz de manera voluntaria y se acogió a su derecho a guardar silencio, por ello la Policía ejecutó la orden de aprehensión”, aclaró Alave.
Por este caso, la fiscal Pamela Portocarrero señaló que la investigación se inició en La Paz, donde ya se tiene a dos personas investigadas con detención preventiva: el propietario de la empresa que se adjudicó el proceso de compra de las ambulancias y la tramitadora aduanera para el ingreso de los vehículos al país.
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El ministro de Justicia también señaló que el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción impugnará la decisión de sobreseimiento de la Fiscalía de Potosí contra Mamani, dentro el caso de las 41 ambulancias.
“Hemos escuchado el clamor del pueblo potosino. Ese sobreseimiento está siendo impugnado y nos parece equivocada (la decisión) de la Fiscalía de Potosí”, dijo Lima.
El caso de las 41 ambulancias surgió luego de que la Gobernación de Potosí definió la compra de estos motorizados, sin embargo, funcionarios suscribieron un acta de recepción a pesar de que los vehículos no habían llegado a Bolivia.
En 2022, la Fiscalía imputó al gobernador Mamani por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Sin embargo, ese proceso contra Mamani quedó sin efecto el martes tras la resolución de sobreseimiento.