Tras la detención preventiva del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, señaló que dos informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dan cuenta de operaciones sospechosas que han sido la base para la imputación formal contra el sindicado.
“Si bien no podemos dar información precisa porque goza de confidencialidad, ciertamente hay depósitos de funcionarios que habrían realizado en cuentas de esta autoridad (Mamani) y además otro tipo de operaciones que han sido observadas por la UIF, que han dado fundamento a la imputación y posterior audiencia de medidas cautelares”, señaló Ríos.
La viceministra indicó que el empiezo de la investigación por legitimación de ganancia ilícitas contra Mamani data de marzo de 2022. Esto debido a que la proveedora Estefan Logistics era primero una empresa unipersonal y no tenía la capacidad económica para la provisión de 41 ambulancias, así como no tenía la representación del fabricante.
La adquisición de estos motorizados fue la punta del ovillo para la apertura de un caso que el martes terminó con el sobreseimiento de Mamani y la acusación de otros implicados. Sin embargo, el Gobernador fue aprehendido el miércoles cuando llegó a La Paz para brindar su declaración por otro proceso derivado del principal.
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“No sabíamos el modus operandi de la empresa. Se presume que hay otras vinculaciones. Adicionalmente que todo esto se hubiese facilitado por un contrato, lo que da cuenta un delito mayor de ganancias ilícitas que tiene autonomía frente a otros ilícitos y que tiene que ser investigado porque ya se trata de operaciones definitivamente identificadas y que merecen a que se llegue a determinar la verdad histórica de los hechos”, mencionó Ríos.
El juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz determinó este jueves la detención preventiva de Mamani, quien deberá permanecer en la cárcel de San Pedro de La Paz por seis meses.
Argumento
Entre los fundamentos para la detención, la Fiscalía de La Paz argumentó que, al ser la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, Mamani puede ordenar que se destruya, modifique, oculta, suprima o falsifique elementos de prueba en el proceso investigativo, así como suprimir o destruir documentación relacionada a los procesos de contratación con la empresa Estefan Logistics.
La autoridad departamental y los otros sindicados en este caso se acogieron al silencio y no prestaron su declaración informativa. Además, deben presentar su declaración los testigos a los cuales Mamani conoce y que están relacionados con este hecho investigativo.