El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, anunció un proceso penal contra los miembros de la Sala Primera Constitucional del Tribunal de Justicia de La Paz por suspender la atribución constitucional de la Asamblea Legislativa de interpelar a ocho ministros de Estado.
Dicha suspensión respondió a la acción de amparo constitucional que presentó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a la que se adhirió la mitad del gabinete de Luis Arce y fue admitida por el vocal Israel Campero.
Montenegro y otros ocho ministros solicitaron la suspensión de las interpelaciones, como medida cautelar en su condición de terceros interesados. Esa acción fue cursada curso el vocal Campero, que remitió el recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Ahora, el TCP debe emitir un fallo, mientras tanto, todas las interpelaciones quedaron congeladas.
“La interpelación es un derecho que tienen los diputados para la fiscalización correspondiente. Hemos asumido defensa, la pasada semana en la Sala Constitucional, y estamos en este momento analizando la pertinencia inicial (de) procesos penales contra los miembros de esa Sala porque consideramos que se ha extralimitado en sus funciones”, declaró Mercado.
Sin embargo, el lunes, Campero negó que se haya suspendido las interpelaciones a los ministros, empero confirmó que existe una medida cautelar que suspende provisionalmente las interpelaciones contra ocho ministros en tanto el TCP resuelva el amparo interpuesto.
Explicó que la Asamblea Legislativa no cumplió, en el caso del ministro Montenegro, el proceso establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Así, emitió un fallo que frenó la interpelación a ocho ministros de Estado, porque otros siete se adhirieron al amparo.
“No descartamos ninguna de las acciones, pero vamos a defender el derecho constitucional que tienen los diputados y senadores para poder interpelar a un ministro”, complementó Mercado.