El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que los $us 420.000 incautados en un megaoperativo en busca del capo uruguayo del narco Sebastián Marset fueron depositados en la cuenta de la Dirección Nacional de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en octubre.

“Esta plata ya se encuentra en dependencias del Estado; (estos recursos) son administrados por el Estado y nadie se ha gastado esta plata. Este narcotraficante está acostumbrado a mentir”, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

La aclaración de la autoridad sucede a las declaraciones del mismo Marset en una entrevista difundida el domingo por el programa Santo y Seña, de Canal 4 en Paraguay.

En esa entrevista, el buscado en al menos cinco países cuestionó que las autoridades hayan ofrecido $us 100.000 por su captura. “No mostraron un video si lo prendieron fuego (al dinero o) los donaron. Ofrecieron 100.000 y nadie me va a entregar. Así es Bolivia”, dijo.

Una vez más, el narcotraficante afirmó que recibió ayuda por parte de efectivos policiales para huir del megaoperativo policial del 29 de julio, cuando detonó el caso en Bolivia y que, además, contó con la participación de 2.500 policías.

Sebastián Marset

Al respecto, Del Castillo respondió: “Si le avisaron con tiempo, ¿por qué no se llevó esos $us 420.000? Ni el narcotraficante más grande deja $us 420.000, ni al narcotraficante más grande le estorban $us 420.000. Si alguien le avisó con tiempo, ¿por qué no se llevó esos recursos? Las investigaciones demuestran que la Policía no ha avisado de estos elementos”, defendió Del Castillo.

Según las autoridades, un efectivo policial fue secuestrado por el equipo de seguridad de Marset y fue quien, supuestamente, develó los detalles del operativo policial. Sin embargo, Marset negó esa acción.

“No vamos a revictimizar a un efectivo de la Policía Boliviana; eran efectivos policiales, no puedo exponerlos porque se pondría en peligro su vida”, respondió Del Castillo.

Antes de difundirse la entrevista, el Del Castillo dijo que el narcotraficante buscaba “lavar la cara” de alguien y previó que el narco iba a atacar al Gobierno y a sus autoridades porque afectaron a la organización criminal. Incluso, dijo que Marset estaba a punto de entregarse.

Según el ministro, la Policía desarticuló la organización liderada por Marset en Bolivia.

El caso Marset derivó en una serie de criterios a favor y en contra de la lucha del Gobierno contra el narcotraficante.

Por ese caso hay unas 54 personas investigadas por su presunta relación con el capo uruguayo. Incluso, las autoridades informaron de la captura y detención preventiva del entorno cercano del uruguayo.

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El jefe de la bancada de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Guillermo Seoane, afirmó que el Gobierno “se aplazó” en su intención de llevar adelante las elecciones judiciales. Apostó por un acuerdo político para el proceso que está en vilo desde el 20 de septiembre.

Además, el legislador insinuó que cualquier otra forma de resolución para las judiciales puede alejarse de lo democrático.

“El que se está aplazando es el Gobierno nacional, que hasta ahora no decide las cosas, a no ser que quiera decidirlo por otro mecanismo que no sea el democrático”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Recordó que, para garantizar las elecciones, su bancada propuso una ley corta, que implica el interinato por no más de dos meses en los altos cargos de jueces y consejeros. Enfatizó que los actuales magistrados y consejeros “deben cesar” en cuanto termine su mandato constitucional, es decir el 2 de enero de 2024.

“No nos podemos inventar y decir ‘que sigan nomas’; ellos tienen que cesar y quedarán (en sus cargos los funcionarios) subalternos por un tiempo no mayor a dos meses. La otra opción es un decreto”, explicó.

Elecciones judiciales

Consultado por un eventual acuerdo político entre las tres fuerzas para definir las judiciales respondió: “Sería lo más aconsejable para el país, pero habría que ver si (los actores políticos) quieren hacerlo o no”.

A pesar de que la Cámara de Senadores, en consenso con sus tres fuerzas políticas, aprobara la ley el 31 de agosto, las elecciones judiciales se encuentran en vilo. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió remitir el proyecto a consultas con tres ministerios del Órgano Ejecutivo. Además, de los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, el 20 de septiembre, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP, que, finalmente la admitió el 28 de septiembre.

Dicho proyecto prevé los comicios la primera quincena de enero de 2024, pero la gestión de los actuales magistrados termina el 2 de enero.

Los actuales magistrado y consejeros fueron elegidos en 2017 y posesionados el 3 de enero de 2018; cumplido el periodo de su gestión, el 3 de enero de 2024 debieran asumir los cargos los electos en un nuevo proceso.

Por su parte, El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que requiere de al menos 90 días para organizar los comicios, a partir de la remisión de la lista de 96 habilitados a los altos cargos judiciales.

Escollos

Cabe recordar los dos grandes escollos que frenaron los actuados sore las elecciones judiciales. Primero, el 12 de abril, el ciudadano Miguel Ángel Balcázar objetó con otro recurso el reglamento de convocatoria a postulantes. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni también había frenado el proceso, mientras varios postulantes habían sido habilitados.

Subsanadas las observaciones y con una nueva convocatoria en curso, el 27 de abril, el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria que frenó el proceso.

El 31 de julio, el TCP declaró inconstitucional el reglamento de convocatoria y el reglamento de la preselección de candidatos a las judiciales. Todo volvió a foja cero y los comicios quedaron en el limbo.

Bolivia planteó en Brasil la creación de un comando conjunto como mecanismo de coordinación para la prevención de desastres en el ámbito regional.

La propuesta fue presentada por la comisión boliviana que participó en la Primera Reunión Sudamericana de Diálogo Político y Diálogo de Defensa, que se realizó este miércoles en Brasilia y que estuvo liderada por la ministra interina de Relaciones exteriores, María Nela Prada.

“Nuestra propuesta ha sido afrontar justamente las consecuencias de esta crisis climática de manera efectiva, uniendo esfuerzos”, dijo citada en una nota de prensa de la Cancillería.

“Hemos agradecido a los países, por ejemplo, que nos están cooperando en este momento en la lucha contra los incendios y, poniendo eso como ejemplo, hemos planteado que se conforme una especie de comando conjunto”, afirmó.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y el vicecanciller Freddy Mamani también asistieron a la cita regional en la que varias autoridades respaldaron la propuesta boliviana.

Brasil

Prada explicó que el contexto boliviano sobre incidentes climatológicos no es un hecho aislado. Añadió que “las múltiples crisis por las que atraviesa el mundo entero, debido al sistema capitalista, empujan a los países sudamericanos a unir esfuerzos para enfrentar estos retos de manera efectiva”.

Los países que respaldaron a Bolivia en su propuesta volverán a reunirse los primeros meses de 2024, explica la nota, y la convocatoria estará a cargo de las autoridades de Brasil, que ejerce la presidencia pro témpore de ese organismo multilateral.

La Primera Reunión Sudamericana de Diálogo Político y Diálogo de Defensa congregó a los cancilleres y ministros de defensa de los 12 países que integran el Consenso de Brasilia.

El encuentro, entre otros temas, también analizó la coyuntura política a nivel internacional y, en especial, a nivel regional.

Además, consideró los desafíos que enfrenta el mundo ante la actual reconfiguración del orden internacional, la situación que enfrentan los países ante los delitos internacionales y, especialmente, el camino para que Sudamérica se consolide como un territorio de paz.

El expresidente del Estado y jefe nacional de Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, repudió la ratificación del rechazo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al congreso de su partido y anunció una reunión de emergencia para asumir medidas.

“Repudiamos el nuevo atentado de vocales sumisos al oficialismo enemigo del MAS-IPSP (…). Ante esta nueva acción política de odio al movimiento indígena y popular y golpe a la democracia, nos reunimos de emergencia para asumir las acciones contundentes en defensa del Instrumento Político del Pueblo”, escribió el líder cocalero en su cuenta de X.

También reclamó por el desalojo de militantes del ala evista del MAS por parte de la Policía. Éstos estaban instalados en cumplimiento de una vigilia al frente del edificio del TSE, en Sopocachi.

“A espaldas del pueblo y encubiertos por la represión policial a nuestra militancia rechazaron nuestro recurso para hacer valer la legalidad del X Magno Congreso Ordinario de Lauca Ñ”, añadió.

Una vez MAS dijo que el gobierno liderado por el presidente Luis Arce busca “descabezar y defenestrar al MAS” y que “se vale de la justicia para completar la tarea de los golpistas”.

TSE

Minutos antes se conoció la decisión del TSE, que declaró improcedente el recurso de revisión del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentado por el equipo jurídico de esa fuerza.

Los vocales Dina Chuquimia y Tahuichi Tahuichi participaron en la decisión; su recusación había rechazada por el pleno del TSE.

Primero, el 31 de octubre, el Órgano Electoral dejó “en cero” las resoluciones del congreso partidario del 3 y 4 de octubre en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba.

Entonces, los vocales argumentaron que algunos miembros de la directiva electa incumplieron requisitos previstos en la Ley 1096, de Organizaciones Políticas y en la misma convocatoria presentada por el MAS.

Entre ellos, observó que los postulantes a la dirección nacional del MAS y el Tribunal Disciplinario y de Ética no hayan acreditado la certificación de militancia expedida por el Órgano Electoral y menos la antigüedad necesaria, mínimo 10 años.

Según el exprocurador y abogado del MAS, Wilfredo Chávez, la directiva electa en Lauca Ñ, Cochabamba, el 3 y 4 de octubre, “cumplió con todos los requisitos”.

Luego de la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 reformulado, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, dijo que las peleas políticas que retrasaron su promulgación “no nos llevan a nada”.

“Los políticos tienen que entender que una vez (entramos) en función de gobierno tenemos que cumplir las expectativas de los ciudadanos, unir esfuerzos, esa la única manera de salir adelante”, dijo la autoridad cruceña en entrevista con Bolivia Tv.

El PGE 2023 reformulado fue promulgado el miércoles por el presidente Luis Arce, pero la discusión que lo permitió sufrió una serie de escollos en la Asamblea Legislativa.

Por un lado, los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista y sus colegas opositores decidieron no aprobar la norma; observaron las disposiciones adicionales incluidos en el proyecto de ley.

Luego de una serie de escollos y la petición del Gobierno de retirar la sexta y séptima disposición adicional del proyecto de Ley de Modificaciones al PGE 2023. Eso con el fin de viabilizar su aprobación y así garantizar recursos para las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).

Fernández fustigó a los legisladores que decidieron votar en contra de la aprobación del PGE 2023 reformulado y los calificó de “mezquinos”.

“Es una mezquindad hacia los pueblos, porque los recursos son para la inversión en las regiones (…). SI hay voluntad política, hay que hacer las cosas, porque el tiempo se nos va y solo las obras van a quedar”, reclamó el cruceño.

Cerca de Bs 106 millones serán destinados al gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra.