El procurador general del Estado, César Siles, afirmó que encontró una Procuraduría “cerrada y hermética” y se comprometió a “descongestionarla” de procesos innecesarios.

“Encontramos una Procuraduría muy cerrada y hermética; a partir de hoy tendrán una Procuraduría de cara al pueblo, al debate y al sufragio público”, dijo en su primera conferencia de prensa como titular de esa cartera.

Además, presentó a los tres subprocuradores interinos de Defensa y Representación Legal del Estado, Sidney Morales; de Supervisión e Intervención, Iván Córdoba, y de Competencia, Aldo Torres.

“Tenemos que descongestionar procesalmente a la misma Procuraduría; tenemos que tener criterios de intervención más sólidos y más transparentes”, agregó Siles.

Asimismo, brindó un detalle de los procesos de cada una de las subprocuradurías.

César Siles

Por ejemplo, en la subprocuraduría 1, de Defensa y Representación Legal del Estado, dijo que existe actualmente un portafolio de 111 casos, entre peticiones, acuerdos de solución amistosa y medidas cautelares.

Además, informó de siete sentencias que se encuentran en etapa de supervisión; dos sentencias que fueron cumplidas por el Estado boliviano y tres opiniones consultivas. Eso, únicamente, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

“En el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos tenemos pendientes siete solicitudes”, agregó Siles.

Señaló que, en temas arbitrales, hay nueve casos activos: cinco arbitrajes comerciales y cuatro emergentes de las denuncias presentada por Bolivia a tratados bilaterales de inversiones.

“Hemos previsto generar un Consejo de Asistencia para la Defensa Arbitral, con una función de elaborar estrategias y lineamientos para la etapa conciliatoria tanto procesos de arbitraje en materia comercial como materia de inversión”, planteó Siles.

En cuanto a la subprocuraduría 2, de Supervisión e Intervención, se encontraron 550 procesos penales, civiles, coactivos, contenciosos y contenciosos administrativos, a nivel nacional, “en los que la misma Procuraduría es una de las partes procesales”.

Pero además informó de otros 263 casos, a escala nacional, en procesos de supervisión donde “la procuraduría realiza seguimiento o patrocinio”. “Debemos preguntarnos: ¿era necesaria la participación (de la procuraduría) en tantos procesos?”

Procuraduría

Si bien Siles cuestionó la participación de su oficina en procesos excesivos; fue diferente su percepción cuando se refirió a la tercera subprocuraduría, de Asesoramiento, Intervención y producción normativa.

Dijo que ese despacho emitió dos dictámenes en 2023, además de 145 recordatorios y 32 recomendaciones.

“Nos parece insuficiente (esa producción) para lo que va del año. Queremos activar en esta área la iniciativa y producción legislativa en el marco competencial de la Procuraduría”, reclamó.

Adelantó que desde esas tres oficinas se plantearán modificaciones a la legislatura “que no se ha tocado desde 2009 (cuando entró en vigencia la Constitución Política del Estado vigente).

“La Procuraduría tiene iniciativa legislativa, pero nos preguntemos: ¿cuántas normas han sido propuestas por la Procuraduría hasta la fecha, y cuántas han sido promulgadas con la iniciativa legislativa constitucional?”, cuestionó.

Siles fue nombrado en el cargo el 6 de septiembre. En su acto de posesión, comprometió un “cambio de timón” en la administración de la Procuraduría General del Estado.

Por su parte, el saliente, Wilfredo Chávez, dijo que dejaba el cargo “asumiendo tiempos políticos”.

El presidente Luis Arce consideró que el debate en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible no llega aún “a nada concreto”.

Consultado por la periodista Aissa García, de la cadena Telesur, aseguró que “no estamos llegando a nada concreto en el abordaje, por ejemplo, de la crisis climática”.

“Por mi parte, lo que está pasando, y a todos nos queda claro, no vamos a poder cumplir con las metas establecidas por Naciones Unidas”, dijo el mandatario boliviano.

Criticó que algunos países capitalistas hablen de “cambio climático, como si fuera algo que necesariamente tenga que ocurrir”, cuando —según explicó— lo que tenemos “es una crisis climática provocada por un sistema que pone en peligro a la humanidad, y, lamentablemente, todavía no se aterriza en Naciones Unidas en nada concreto”.

Consideró que lo países que enfrentan la crisis climática son “los grandes pagadores” de los efectos de la crisis provocada por los países capitalistas.

Luis Arce

“Tenemos restricciones que ellos no las tuvieron para desarrollarnos, porque tenemos que enfrentar y compatibilizar el desarrollo en armonía con la Madre Tierra y eso es mucho más costoso”, reclamó.

Arce también señaló que uno de los “claros efectos” de esa crisis tiene que ver con la sequía, cuyos efectos derivaron en la declaratoria de emergencia de 71 municipios en diferentes regiones del país, según informó el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo.

El mandatario destacó la implementación de políticas como la construcción de presas y otros mecanismos para dotar de agua a las regiones afectadas, para dotar del líquido elemento a las poblaciones, pero también a la agricultura y a los animales.

“La realidad está ganando a los discursos de buena intención y de buenos deseos. Hay propuestas que, al final, no se cumplen y el mundo sigue dando vueltas. La crisis climática está afectando profundamente a los pueblos”, remarcó.

Con sede en Nueva York, Arce planteó a la Asamblea de la ONU siete puntos para la implementación de un “nuevo orden mundial”, en el que se priorice la solidaridad, la complementación y la colaboración entre países, por encima del egoísmo y la mezquindad.

El presidente Luis Arce firmó este miércoles en Nueva York el Acuerdo Sobre la Conservación y Utilización Sostenible de la Biodiversidad Biológica Marina de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional.

Dicho documento fue suscrito por en el marco del 78° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que participa junto al canciller Rogelio Mayta, con el que lidera la delegación boliviana que es parte de los encuentros de alto nivel.

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El texto establece las reglas de control para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales que no están bajo la soberanía de ningún país en particular.

Estas áreas, según una nota de la Cancillería de Bolivia, incluyen el océano abierto y las regiones marítimas que están fuera de las fronteras nacionales, pero que son de interés global, debido a su importancia para la biodiversidad y la salud del océano.

“Este marco legal promueve, además, la transferencia de tecnología y la cooperación científica para abordar los desafíos ambientales y la preservación de la biodiversidad marina a nivel global”, señala el documento, publicado en su página web.

La tarde del martes, el mandatario boliviano expuso ante la Asamblea de la ONU siete puntos para la implementación de un “nuevo orden mundial”, en el que se priorice la solidaridad, la complementación y la colaboración entre países, por encima del egoísmo y la mezquindad.

La situación de las elecciones judiciales se enreda. La mañana de este miércoles se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia (TS) envió una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TC) sobre la misma consulta que el 6 de septiembre remitió la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El 31 de agosto, la Cámara de Senadores aprobó la ley que prevé comicios judiciales para la primera quincena de enero de 2024 y la posesión de magistrados y consejeros electos un mes después. Las elecciones judiciales deberían haberse llevado a cabo este 2023, pero, por una serie de desencuentros, plazos e irregularidades, fue postergada para 2024.

Los actuales magistrados y consejeros terminan su mandato de seis años el 2 de enero, máximo, debido a que asumieron sus funciones el 3 de enero de 2018.

El presidente del TSJ, Ricardo Torres, citado en una nota del diario sucrense Correo del Sur, presentó el documento en las oficinas del TCP poco después de las 11.30 de este miércoles.

Presentada la consulta, la Comisión de Admisión del TCP tiene un plazo de dos días para admitir o rechazar la consulta. En caso de no cumplir los requisitos, el TSJ deberá ajustar las eventuales observaciones del documento en cinco días.

Sin embargo, de ser admitida la consulta, el tratamiento del proyecto de la ley transitoria para las judiciales será suspendido, mientras la consulta se resuelve, hasta 30 días hábiles.

Sobre el caso, la Ley 254 describe posibles escenarios.

El parágrafo I del artículo 115 de la mencionada norma establece: “El TCP declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto de ley consultado. Esta declaración será de cumplimiento obligatorio para el Órgano Legislativo”.

Mientras que el parágrafo II señala: “Si el TCP establece la declaración de constitucionalidad del proyecto de ley, ya no podrá interponerse otra consulta o recurso posterior sobre las cuestiones consideradas y absueltas por el Tribunal”.

Finalmente, el parágrafo III de esa ley determina que “la declaración de inconstitucionalidad del proyecto de ley obligará al Órgano Legislativo adecuar o eliminar las normas observadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional”.

Recibida la ley aprobada en la Cámara de Senadores, la Comisión de Constitución de Diputados comenzó a considerarla y decidió derivarla a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.

El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, advirtió al menos cinco “inconsistencias” en el contenido del proyecto de ley, cuya aprobación calificó de “improvisada” y que priorizó los pactos políticos.

Las observaciones tienen que ver con el presupuesto para la realización de los comicios, cuyos recursos estaban previstos para diciembre de este año y, como la propuesta refiere la votación la segunda o tercera semana de enero, “requiere de una nueva partida presupuestaria”.

Otra observación es la paridad de género que exige la Ley 929, de Organizaciones Políticas, además de la meritocracia referida en la misma norma.

Además, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtió que la norma no define acciones para cubrir la “vacancia” de autoridades, emergente del desarrollo de los comicios después del 2 de enero de 2024, cuando los actuales magistrados y consejeros terminen su mandato de seis años.

La consulta del TSJ significa que la Asamblea Legislativa aún no puede realizar acción alguna para reencaminar el proceso.

Precisamente, Jáuregui dijo que su comisión no consignó la consulta al TCP debido a que éste resultaría “juez y parte”. Fue el TPC el que, luego de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, anuló todo el proceso previo.

El director departamental de la Dirección Nacional Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), Rubén Valdez, informó de la recuperación en Santa Cruz de un vehículo que fue robado en Chile y una excavadora robada en Paraguay.

Explicó que la internación de la excavadora al país fue alertada por la Interpol de Paraguay, luego de una denuncia del propietario. La notificación llegó el 2 de agosto; según dijo Valdez, “de inmediato se dislocó personal para el rastrillaje terrestre y aéreo”.

Afirmó que el motorizado tenía una falla mecánica, por lo que fue llevado hasta un taller en la capital cruceña, donde finalmente los efectivos lograron secuestrarlo.

“Ya el propietario se ha apersonado a Diprove y ante el Ministerio Público, y en el transcurso del día se va a proceder a la devolución de la misma, para que retorne a su país”, dijo Valdez a los periodistas en Santa Cruz.

El otro caso, se trata de una vagoneta que fue robada en Iquique, Chile, cuya denuncia llegó a Diprove en agosto, aunque el robo se produjo en abril de este año.

Es una vagoneta Mazda, de colora azul, y se espera que el propietario “se apersone al Ministerio Público”, para la devolución. Las autoridades chilenas también fueron notificadas por el secuestro del motorizado.

No brindó detalles si en los operativos de secuestro de ambos motorizados hubo detenidos.