El diputado de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón recordó al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, que ya terminó el plazo para pronunciarse en torno al proyecto de ley sobre las elecciones judiciales.

A través de una carta firmada por él y su jefe de bancada, Enrique Urquidi, y recibida este lunes, los legisladores opositores evocaron el parágrafo 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dicta ese parágrafo.

El proyecto de ley 144/2022-2023 fue aprobado el 31 de agosto de este año en la Cámara de Senadores y en esa misma fecha fue remitido a la Cámara Baja.

“El plazo de 30 días para tratar este PL (proyecto de ley) en la Cámara de Diputados venció el día sábado 30 de septiembre de 2023 y esta Cámara (Diputados) no se pronunció, con lo cual perdió su competencia legislativa para tratarlo fuera del Pleno de la ALP”, dice parte de la carta.

La carta advierte de un supuesto contubernio entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Gobierno en torno a un sabotaje de las judiciales.

Elecciones judiciales

Tiene, dice, la finalidad de “prorrogar inconstitucionalmente a los actuales magistrados que terminan sus funciones el 2 de enero del 2024”.

Una vez recibida, la propuesta de norma fue derivada a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y ésta remitió una consulta a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, el 20 de septiembre, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP, que finalmente la admitió el 28 de septiembre, y aún se espera la respuesta.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa fue conminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un comunicado que exige al Estado garantizar los comicios en 2023.

Dicho organismo internacional observó que el proceso estuvo marcado “por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.

Entretanto, el TSE desahució los comicios para este año, pues advirtió en más de una ocasión que ese órgano requiere de al menos 90 días para organizar los comicios. Ese plazo comienza con la remisión de la lista de los 96 postulantes habilitados para el proceso.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Omar Zegada, informó que su oficina espera los informes periciales de microaspirado y absorción atómica del vehículo secuestrado luego de una balacera en Desaguadero.

Por ese caso, que dejó dos personas fallecidas y un efectivo herido el pasado 22 de septiembre, hay cinco policías que son investigados por la Fiscalía.

“Se ha hecho un requerimiento de la absorción atómica, que va a determinar si estos cinco servidores policiales (participaron del hecho); también estamos esperando el resultado pericial del microaspirado que se ha realizado en el vehículo que se ha secuestrado en el lugar del hecho”, dijo a los periodistas en La Paz.

Esas pruebas, más un informe de planimetría balística, según explicó, “nos va a señalar cuál ha sido la trayectoria de las balas” y, además, saber si los efectivos investigados percutaron armas de fuego.

“Entre otras pruebas que se realizaron para esclarecer si hubo o no participación de miembros de las fuerzas del orden, se aguarda un reporte”, agregó.

Los cinco investigados fueron aprehendidos por disposición del Ministerio Público; los investigan por la supuesta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, asociación delictuosa y omisión de socorro. Se trata de una capitán, un suboficial y tres sargentos.

Entretanto, la audiencia de medidas cautelares de los investigados, por separado, está prevista para este lunes. “Son tipologías distintas”.

Además de la investigación liderada por el Ministerio Público, los cinco implicados enfrentan un proceso disciplinario interno en la Policía Boliviana.

Aún no se han brindado mayores detalles sobre el origen de los disparos que derivaron en la muerte de una policía y una civil en Desaguadero el 22 de septiembre.

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, denunció un supuesto “corte” en el abastecimiento de gasolina, diésel y gas a la región del Chapare, en la víspera del inicio del congreso de su partido.

“Ordenaron cortar el suministro de combustible a todo el Trópico con la intención de sabotear el 10mo. Congreso Nacional del MAS-IPSP”, escribió Morales en su cuenta de Twitter la mañana de este lunes.

El encuentro partidario comienza este martes y terminará el jueves 5 de octubre, en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.
Sin embargo, pasado el mediodía, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) desmintió esa versión a través de un comunicado en redes sociales.

“YPFB informa a la población que el abastecimiento de combustibles en el trópico cochabambino y a nivel nacional se desarrolla con ABSOLUTA NORMALIDAD (sic)”, publicó la estatal petrolera.

Además, esa institución afirmó que la información difundida por Morales “no responde a la verdad”.

“Todas las estaciones de servicio, las plantas de almacenaje y engarrafadoras del departamento de Cochabamba trabajan con normalidad”, añade el comunicado.

De manera recurrente, Morales acusó al gobierno de Luis Arce de buscar “boicotear” el encuentro partidario cuestionado desde su mismo seno.

Tres organizaciones de la cinco que componen el Pacto de Unidad rechazaron la legitimidad del congreso. Incluso, formalizaron sus observaciones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que pidieron “suspender la supervisión” del cónclave político.

Humberto Suárez, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), llamó este lunes a la unidad de las organizaciones sociales y del Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a su “división inminente”.

“Llamo a la unidad. Tengo la esperanza, todavía, de que esto cambie. Las organizaciones sociales no pueden ir fuera del MAS y el MAS no puede ir fuera de las organizaciones sociales”, dijo en La Razón Radio.

Afirmó que esa “división” puede derivar en una “derrota política inminente” en las elecciones generales de 2025. Pidió deponer actitudes personales y priorizar los interese de ese partido político.

Suárez describió dos razones por las que su organización no asistirá al congreso del MAS en Lauca Ñ, el 3, 4 y 5 de octubre. El primero tiene que ver con la reducción del cupo de representantes de la CSUTCB.

“En el último congreso, nosotros hemos mandado 200 representantes; ahora, nos han quitado 195. Somos la organización más numerosa del Pacto de Unidad”, reclamó.

La otra justificación deriva de la inasistencia del líder del MAS, Evo Morales, al encuentro convocado por el Pacto de Unidad, el pasado lunes.

«Los aymaras, los quechuas hemos sido respetuosos; el que respeta a su pueblo, a sus organizaciones, cuando se invita, llega, hermanos, y cuando no respeta, cuando son un hijo malcriado, no llega, hermanos. Así de claro hay que decir», dijo entonces el líder de la CSUTCB, Lucio Quispe.

Explicó que el congreso de Lauca Ñ tiene el fin de elegir a la nueva directiva del MAS, no así una proclamación de candidaturas. “Si hacen otra cosa, fuera de lo que está en la convocatoria, ya tendría (el congreso) vicios de nulidad. Llevemos, primero, las primarias y después ya vemos quién nos va a representar”, dijo.

El debate sobre el congreso del MAS tiene un elemento principal, por el que varios sectores emitieron sus criterios: legitimidad o no del encuentro.

Tres organizaciones, de las cinco que componen el Pacto de Unidad, no asistirá al congreso partidario, al que calificaron de ilegal e ilegítimo. Incluso formalizaron su reclamo ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE); pidieron que suspenda la supervisión del evento.

Entretanto, la sala plena del Órgano Electoral definirá la tarde de este lunes su posición ante esas peticiones.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó de un operativo a cargo de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en el que se aprehendió a un brasileño que vigilaba una pista clandestina en Beni.

El predio, intervenido el domingo, contaba con áreas de herramientas, descanso, baños, dormitorios, cocina y comedor.

“Se aprehendió a Mariano A. de 41 años, de nacionalidad brasileña y que portaba un documento de identidad boliviano, que se encargaba de la seguridad de este lugar”, escribió la autoridad en su cuenta de Twitter.

Además, en el operativo desarrollado en la provincia Itenez, en Beni, se secuestraron armas, radios, un teléfono satelital, 12 bidones de AV GAS y otros seis bidones vacíos.

Las imágenes publicadas por el titular de Gobierno muestran una construcción rústica de madera y techo de paja en medio de un descampado. Cerca se muestra las huellas de llantas que, según se presume, pertenecen a aeronaves que realizan actividades ilícitas.