El Gobierno condecoró este lunes al embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, con la Legión de Honor Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana en el grado de Gran Cruz.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lideró el acto celebrado en instalaciones de la Cancillería de Bolivia, en La Paz.

“Despedimos no solo a un embajador, sino a un compañero de sueños, compromiso y utopías. (…). Quiero expresar un profundo agradecimiento por su paso por nuestro país, por haber retornado a nuestro país y esperamos que pueda volver a nuestro país. Ha enriquecido las relaciones exteriores y ha dejado una huella en el corazón de quienes hemos tenido el placer de conocerlo, más allá del cargo de embajador”, dijo Prada en el acto.

La autoridad nacional destacó los acuerdos “significativos” que propició como jefe de la diplomacia argentina en Bolivia. “como nunca se ha avanzado en el fortalecimiento de nuestros vínculos”.

Ariel Basteiro

Basteiro fue nombrado embajador por el presidente argentino Alberto Fernández en abril de 2021 y en el acto agradeció a funcionarios del Gobierno y a la población boliviana por acompañar su gestión.

“Se viene un momento y un proceso político que el pueblo argentino tendrá que soportar, resistir y defender los logros y medidas ya conquistadas” dijo Basteiro, que estuvo acompañado por su esposa, Laura Crespo.

“Hay un gobierno (electo) que es negacionista en cuanto a los derechos humanos, porque hay un gobierno que pretende terminar contra todos los avances”, dijo en alusión al presidente argentino electo, Javier Milei.

Precisamente el 10 de diciembre el nuevo mandatario argentino jurará a su cargo.

Basteiro cumplió así su segunda gestión en la oficina diplomática argentina en Bolivia. El primer periodo ocurrió entre 2012 y 2015 durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina, y Evo Morales, en Bolivia. La gestión que termina ahora comenzó en abril de 2021.

La posesión de Milei está prevista para el 10 de diciembre y se aguarda conocer sobre el relacionamiento entre el gobierno boliviano y el argentino.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, le pidió al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que “deje en paz a la gente” siquiera en la temporada de Navidad.

Además, atribuyó al líder cocalero el financiamiento de los bloqueos que perjudican a esa región en los últimos días.

“Deje en paz a la gente por lo menos este mes de diciembre, que es mes de la Navidad, mes de unidad, mes de la esperanza”, dijo a los periodistas en esa capital.

Uno de los bloqueos, desde hace cuatro días, fue instalado por el sector transportista del Trópico cochabambino, que demanda el mantenimiento de carreteras. Un segundo bloqueo cortó la circulación vehicular entre Cochabamba y el occidente del país.

Medios locales informaron que dicha protesta, instalada a la altura de Vinto, responde a vecinos que reclaman al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Semapa) la compensación a ese sector por el uso de 11 pozos.

“Deje de bloquear Bolivia y el desarrollo del país (…). Están utilizando cualquier tipo de pretextos para bloquear, porque bloquear no es de a gratis. Manda Bs 200.000 y bloqueas”, señaló la autoridad local.

Incluso le recordó los bloqueos que Morales propiciaba cuando era dirigente y que “el país ya ha pasado esa etapa. por bloqueos (usted) ha llegado al gobierno”.

“Aquí, no es que tenga fuerza política, sino que con plata se puede bloquear. Los políticos sabemos que con plata se bloquea”, agregó.

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La Defensoría del Pueblo exigió a los órganos del Estado resolver los escollos que dejaron en vilo la realización de las elecciones judiciales, cuyo proceso se frenó por una consulta que hasta ahora no fue resuelta.

“La Defensoría del Pueblo exige al Estado a través de sus órganos (…) propongan y materialicen una solución a la elección de autoridades judiciales y de la jurisdicción constitucional”, señala una nota institucional de la entidad.

Demandamos la atención para “garantizar los derechos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva ante una inminente vacancia de altas autoridades judiciales, sino el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades mediante un proceso transparente, participativo, integro e inmediato”, dice el comunicado.

Las elecciones judiciales se encuentran en la incertidumbre; se acerca la conclusión del mandato de seis años de 23 magistrados, suplentes y titulares, y tres consejeros, en la misma condición, el 2 de enero de 2024. Elegidos en comicios judiciales en 2017, esas autoridades asumieron sus funciones el 3 de enero de 2018.

Elecciones judiciales

El 31 de agosto reciente, la Cámara de Senadores, en consenso con sus tres fuerzas políticas aprobó un proyecto de ley sobre las judiciales. Remitido a Diputados, el documento llegó a la Comisión de Constitución, que decidió consultar sobre su contenido a tres ministerios del Órgano Ejecutivo. Además, a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, el 20 de septiembre, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP, que, finalmente la admitió el 28 de septiembre.

Por lo tanto, la Defensoría, liderada por Pedro Callisaya, pidió al TCP absolver de manera “inmediata” la consulta sobre del TSJ; pues señala que “la dilación en su tratamiento tiene una incidencia directa en el ejercicio de los derechos de la población”.

Desahuciadas para este año, las elecciones judiciales fue el tema de debate entre los miembros de las tres fuerzas de la Asamblea Legislativa.

Los legisladores buscan, actualmente, “salidas constitucionales”, principalmente por el “vacío de poder” inminente a partir del 3 de enero.

Por su parte, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez afirmó que el debate sobre ese tema se debe dar en una sesión entre diputados y senadores.

“La Asamblea Legislativa tiene que retomar el debate, pero no por separado. No es suficiente por cámaras separadas, porque ese procedimiento no ha funcionado”, dijo este lunes en La Razón Radio.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez apostó por una salida constitucional para la transición de magistrados y consejeros, que terminan su gestión el 2 de enero de 2024.

“Eso (las judiciales) tiene que avanzar. Tenemos que articular, interpretar para viabilizar este proceso de transición, porque si decimos que todo es inconstitucional, no es el caso, no (…). La autoprórroga, la prórroga, la definición de interinatos no está en la Constitución (Política del Estado), pero ¿lo vamos a dejar así? No, la gente quiere respuestas creativas”, dijo el legislador en entrevista con La Razón Radio.

El legislador se refirió así a las elecciones judiciales, que se encuentran en vilo por una serie de escollos que sufrió desde abril, cuando un recurso frenó el proceso de preselección de candidatos.

A pesar de que la Cámara de Senadores, en consenso con sus tres fuerzas políticas, aprobara la ley el 31 de agosto, las elecciones judiciales se encuentran en suspenso. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió remitir el proyecto a consultas con tres ministerios del Órgano Ejecutivo. Además, de los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Magistrados y consejeros

Sin embargo, el 20 de septiembre, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP, que, finalmente la admitió el 28 de septiembre.

Dicho proyecto prevé los comicios la primera quincena de enero de 2024, pero la gestión de los actuales magistrados termina el 2 de enero.

“Estamos a la espera de que lleguen estas consultas. Una vez que lleguen estas consultas, como los informes tendríamos que retomar (el debate por) este proyecto de ley”, señaló el senador oficialista.

Los actuales magistrados y consejeros fueron elegidos en 2017 y posesionados el 3 de enero de 2018; cumplido el periodo de su gestión, el 3 de enero de 2024 debieran asumir los cargos los electos en un nuevo proceso.

Por su parte, El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que requiere de al menos 90 días para organizar los comicios, a partir de la remisión de la lista de 96 habilitados a los altos cargos judiciales.

Los dos grandes escollos que frenaron los actuados sore las elecciones judiciales. Primero, el 12 de abril, el ciudadano Miguel Ángel Balcázar objetó con otro recurso el reglamento de convocatoria a postulantes. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni también había frenado el proceso, mientras varios postulantes habían sido habilitados.

Subsanadas las observaciones y con una nueva convocatoria en curso, el 27 de abril, el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria que frenó el proceso.

El 31 de julio, el TCP declaró inconstitucional el reglamento de convocatoria y el reglamento de la preselección de candidatos a las judiciales. Todo volvió a foja cero y los comicios quedaron en el limbo.

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El expresidente del Estado y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo que, si lo llaman opositor por realizar denuncias en varios ámbitos, “bienvenido”. Además, el exmandatario insistió en que el MAS “no está en el Gobierno”.

“Si por denunciar la protección al narcotráfico y la corrupción nos atacan y nos acusan de ser opositor, bienvenido. Repito nuevamente que el MAS-IPSP no está gobernando. Asuman su responsabilidad los que traicionaron los principios y valores de los pueblos indígenas”, escribió en líder cocalero en su cuenta de X.

No es la primera vez que Morales dice que su partido “no está en el Gobierno”, pese a que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca fueron elegidos por él mismo, desde su refugio en Argentina, como candidatos para las elecciones del 18 de octubre de 2020.

El 2 de abril, Morales publicó: “El MAS-IPSP no está en el gobierno. Es totalmente falso que hubiéramos pedido ministerios. Cuando ganamos las elecciones le aclaré y sugerí al hermano @LuchoXBolivia que prepare su gabinete con personas que le respondan a él. No pedí ningún cargo, nada (sic)”.

La crisis en el MAS, cuyas “cabezas visibles” son Arce y Morales, derivó en una seri de cuestionamientos, crítica y hasta denuncias, que subieron de tono en los últimos meses.

QUiebre en el MAS

Esa división también derivó en un quiebre en la estructura política y social del MAS. Además, los miembros oficialistas de la Asamblea Legislativa también decantaron su apoyo entre uno y otro líder.

“(Los miembros) La dirección nacional del MAS-IPSP nunca seremos cómplices de la derechización del Modelo Económico Social Comunitario Productivo ni de la división de los movimientos sociales por angurria de poder y ambición”, agregó Morales en su publicación de este lunes.

Otro evento que acentuó la crisis en el MAS es el fallido congreso de Lauca Ñ. El presidente Arce decidió no asistir porque consideró que “los verdaderos dueños” del partido y del denominado “proceso de cambio” no estaban invitados.

Ese encuentro ratificó a Morales como jefe nacional de esa fuerza y los asistentes lo proclamaron como único candidato.

Ese encuentro, entre el 3 y 4 de octubre, en el trópico cochabambino, fue observado por el Tribunal Supremos Electoral (TSE) por una serie de incumplimientos al estatuto del MAS y el mismo reglamento de convocatoria.

A eso, el evismo calificó como un intento del Gobierno para “proscribir al MAS” y evitar la candidatura de Morales hacia las elecciones de 2025.