El gobierno de Paraguay informó al Estado boliviano que el proceso de extradición del exministro de Defensa Luis Fernando López fue suspendido. La exautoridad está involucrada en el caso de la presunta compra irregular de gases lacrimógenos.

“La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República del Paraguay remite la nota VMAAT/DAL/N° 1005/2024 de 30 de abril de 2024 proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país que informa que mediante Resolución A.I. N° 9 resolvió SUSPENDER el procesamiento especial con fines de Extradición iniciado a Luis Fernando López Julio, respecto a que el requerido se encuentra tramitando su estatus de refugiado en ese país, correspondiendo suspender la solicitud de Extradición hasta tanto sea resuelta la cuestión de la solicitud de Refugiado», señala una nota de Erbol, que accedió al documento.

Luis Fernando López

La notificación formal, con fecha del 30 de abril. La nota también fue remitida al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, el 10 de mayo; es la oficina que lleva adelante el caso.

Por lo tanto, quedó suspendido el proceso de extradición, porque, actualmente, López tramita su estatus de refugiado en el país vecino.

El ministro de la expresidenta Jeanine Áñez está imputado por su supuesta participación en la compra irregular de gases lacrimógenos con sobreprecio que realizó el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con las investigaciones, en 2020, el entonces titular de Gobierno, Arturo Murillo, compró con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor. Lo hizo a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS). No obstante, el negocio estaba “cocinado” con anterioridad, en noviembre de 2019.

Compra de gases

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones; según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

López salió de Bolivia en noviembre de 2020 y se refugió en Brasil, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) retornó al Gobierno. A mediados de 2023 se trasladó hacia Paraguay.

El caso incluye al exministro Murillo, que ya recibió una sentencia en Estados Unidos. Un tribunal de ese país dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42.

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El expresidente Evo Morales volvió a llamar “Sonia” al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y le pidió al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, que le pregunte dónde está el capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset.

El exmandatario abordó el tema en medio de los dichos sobre un “secuestro” del municipio de Villa Tunari por parte del narcotráfico, como lo afirmó Mamani, y el “encubrimiento” de ese ilícito desde el Gobierno, según Morales.

“En lugar de intentar desviar la atención e intentar estigmatizar al Trópico como en épocas neoliberales, el viceministro Mamani debería preguntar a Sonia dónde está Marset y quién le pasó la información para escapar”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Evo Morales

En los últimos días, las acusaciones entre Mamani y Morales y sus seguidores cobró fuerza con los datos de lucha contra el narcotráfico que expuso el Viceministerio de Sustancias Controladas.

El funcionario informó que, entre el 1 de enero y el 18 de mayo de este año, se destruyeron 36 laboratorios de producción de cocaína a nivel nacional. De ese total, 24, o sea el 67% de esas factorías, se encontraban en Villa Tunari.

Según los cuadros que presentó, en 2021, los laboratorios destruidos en ese municipio representaron el 37%, 40% en 2022, y 60% en 2023.

Asimismo, se vio que la cantidad de fábricas de droga destruidas en ese sector alcanzó las 156; con un total de 22 personas aprehendidas en diferentes operativos.

Sebastián Marset

El caso Marset detonó el 29 de julio de 2023, cuando escapó de un megaoperativo policial en Santa Cruz que buscaba su captura. La Policía Boliviana desplegó 2.250 efectivos para dicho ejercicio, pero el uruguayo escapó junto con su esposa y sus tres hijos.

Desde entonces la captura del narcotraficante, buscado en al menos seis países, demandó de más de 1.200 operativos en todo el país, con un solo fin: dar con el paradero del capo uruguayo.

Luego del cambio de director del penal de Chonchocoro, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó de otro análisis para un eventual traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a una audiencia judicial en Santa Cruz de la Sierra.

“Hemos cambiado recién al director nuevo en (el penal de) Chonchocoro. Le hemos pedido que analice todos los informes que ha evacuado el anterior director, para ver qué condiciones adversas siguen para el traslado (de Camacho)”, dijo a los periodistas en La Paz.

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, debe asistir a una audiencia presencial en la capital cruceña por el caso denominado Decretazo, proceso en el que está imputado por la supuesta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, eso por la aprobación de un decreto departamental antes de un viaje a Brasil, en marzo de 2022.

Camacho

Entonces, la autoridad cruceña encargó sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. Pero según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, esa responsabilidad le correspondía al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, Camacho promulgó el 9 de marzo el Decreto Departamental 373.

Dicha audiencia está prevista para el 27 de mayo y la notificación para el traslado de Camacho llegó hasta el centro carcelario el jueves 9 de este mes; fue remitido por el Tribunal de Sentencia Octavo, que además ordena “al gobernador de Chonchocoro coordinar con Régimen Penitenciario para el traslado de Camacho de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, debiendo ser puesto bajo custodia del gobernador de Palmasola un día antes de la celebración del juicio oral”.

“El (nuevo) director (de Chonchocoro) tiene la responsabilidad no solo la vida y la integridad de los privados de libertad, sino de sus policías. Por eso está haciendo las consultas”, explicó Limpias.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, prevé un incremento en el ingreso de dólares al país entre fines de mayo y junio de este año. Eso, según dijo, debido a la liberación de exportaciones, luego de un acuerdo con el sector empresarial.

“A fines de mayo y en junio van a ingresar mayor cantidad de recursos de divisas por las exportaciones, se han liberado las exportaciones y eso está dando un buen resultado y lo vamos a ver en una mayor entrega de divisas”, dijo a los periodistas en La Paz.

Respecto de la cantidad actual de dólares en el país, el titular de Economía afirmó que el Banco Central de Bolivia (BCB) “ha capturado, a la fecha, 58 millones de dólares” (sic), por la venta de bonos en esa divisa. Asimismo, dijo que la banca privada cuenta con $us 452 millones.

También abordó la demanda de esa moneda por parte del sector farmacéutico para la importación de medicamentos e insumos médicos. Afirmó que “hay una contención” en la entrega y que se acordó con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) en que “tiene que haber mayor flujo de entrada a estos recursos”.

“Entonces hay una molestia obviamente porque no se están entregando estos recursos”, advirtió.

En días pasados, Montenegro anunció que el Gobierno nacional devolverá el 13% de cada dólar que los exportadores acrediten haber ingresado al sistema financiero nacional.

“En estos meses van a ingresar más cantidad de dólares, porque muchos exportadores ya están realizando sus ventas en el extranjero y eso de seguro que también va a dotar al sistema financiero de más recursos”, añadió.

La Sala Constitucional de La Paz admitió la acción de cumplimiento contra el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, por no convocar a sesión plenaria para tratar los proyectos de ley 073 y 075 contra la prórroga de magistrados.

La semana pasada, los senadores del ala evista del MAS William Tórrez y Lucy Escobar presentaron el recurso, cuya audiencia fue fijada para este miércoles a las 16.00 y tendrá caracter persencial, según una nota de Unitel.

“Hay un flagrante incumplimiento de deberes, sin embargo, nosotros, lo primero, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la Constitución”, señala el recurso presentado por el evismo.

En la denuncia, la parte solicitante indicó que Choquehuanca no convocó a sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en cinco meses, lo que impidió el análisis de esas dos propuestas de norma.

Hay una expectativa, desde febrero de este año, por la aprobación de esos proyectos de ley, que buscan definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017, cuyo mandato fue ampliado por la Sentencia Constitucional 049/2023.

A la acción de cumplimiento se suma a otros recursos presentados anteriormente por la Cámara Alta, instancia que, el miércoles aprobó por más de 2/3 una resolución camaral de conminatoria para que, en un plazo de 48 horas, Choquehuanca convoque a Sesión de Asamblea.