El presidente Luis Arce señaló este jueves que se pedirá al Ministerio Público que el caso de estupro y trata de personas que se le sigue a Evo Morales se declare en reserva para que no sea politizado. Indicó que se buscará que nadie quede en la impunidad, “sea quien sea”.

“Declaro a la población que el Gobierno nunca va a utilizar un caso tan delicado como este, que tiene varias implicaciones para la sociedad y la población como un tema político. Este es un tema que desde nuestro punto de vista requiere la investigación correspondiente y para la protección de la menor y la familia que están involucrados en estos temas, vamos a solicitar que esto sea declarado en reserva”, dijo el mandatario.

El miércoles se conoció sobre una orden de aprehensión contra el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, que quedó sin efecto tras la determinación de una juez de Santa Cruz. En ella, se conoció que el líder cocalero es investigado por los delitos de estupro y tráfico de personas.

El polémico caso subió de nivel cuando la ahora exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció la protección del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en favor de Morales luego que se dejara sin efecto la orden de aprehensión y se la destituyera del cargo.

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El mandatario dijo que “no puede” ser que se politice este tema tan delicado y que incluso afecte la conciencia de los bolivianos. “Desde un principio hemos sido claros. Nuestro Gobierno va a cuidar la niñez, que es el mayor tesoro que tenemos, y la vamos a proteger”.

Arce cuestionó también el trabajo de los legisladores que no dan respuesta a las normas presentadas contra la niñez en la Asamblea Legislativa. “Ahora entenderán por qué enviamos (la ley de) imprescriptibilidad que teníamos hacia cualquier tipo de abuso hacia los niños y niñas”.

Indicó que “no está de acuerdo” con ese tipo de situaciones y no “puede ser” que nadie salga impune cuando hay una investigación y se encuentre la culpabilidad correspondiente “sea quien sea”. “A los niños no se toca, esa es la posición, pero no queremos que este tema se politice, ni menos sea utilizado para resolver un tema de diferencias políticas que pudiera haber. Eso no se puede resolver de esa manera”.

Además mencionó que se pedirá al Ministerio de Justicia que se apersone “a este caso” porque requiere la atención del Gobierno.

Dina Chuquimia, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó este jueves que presentó un amparo constitucional contra el presidente Luis Arce y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para que dejen sin efecto el Decreto Presidencial 5141 y pueda ser restituida al cargo de vocal del Órgano Electoral.

“En estas jornadas pasadas se ha presentado un amparo constitucional contra el presidente Luis Arce, pidiendo a la Justicia, esta vez, ya no directamente a él que resuelva la situación en la que me han colocado el pasado 4 de abril, cuando un decreto presidencial, totalmente inconstitucional me ha sustituido en mi cargo en el Tribunal Supremo Electoral”, dijo.

Chuquimia entonces delegada por el presidente Arce al TSE fue destituida por un decreto presidencial el 4 de abril y en su lugar se designó a Gustavo Ávila como nuevo delegado presidencial ante el Órgano Electoral.

Tras su destitución, el Gobierno señaló que Chuquimia asumiría otras funciones. Al respecto, Chuquimia indicó que recibió una llamada de Cancillería, pero que no asistió a ninguna reunión con esta entidad, debido a que ya había hecho llegar una queja formal al presidente Arce.

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Chuquimia reiteró que el amparo constitucional fue presentado al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, además contra el acto “de suspensión o acortamiento” de mandato constitucional. “Este decreto me ha acortado el mandato constitucional dado por la Constitución Política del Estado que es de seis años inamovible a todos los vocales del Órgano Electoral”.

“Yo desde abril pasado he ido presentado los reclamos en antecedente, lo que estaba pasando tanto el presidente del Estado como a los vocales del Tribunal Supremo Electoral”.

Indicó que el decreto es inconstitucional y que no existe la figura de sustitución que utilizó el Gobierno el 4 de abril.  “Estoy pidiendo que los vocales o jueces ordenen para que los servidores recurridos, es decir, el Presidente y la Ministra de la Presidencia, en un plazo de 48 horas, abroguen y dejen sin efecto legal el Decreto Presidencial 5141, que prácticamente ha designado al vocal Antonio Ávila. O, en su caso, el tribunal de garantías anule o deje sin efecto el decreto supremo”.

La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles protección del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en favor de Evo Morales, luego que se emitiera una orden de aprehensión contra el líder cocalero por los delitos de estupro y tráfico de personas.

Cerca de las 21.00, se conoció de una orden de aprehensión contra el expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. La orden fue emitida por una comisión de fiscales de Tarija. Sin embargo, la exfiscal Gutiérrez aclaró que no se había ejecutado esta instrucción, porque también se dio una acción de libertad en Santa Cruz que dejó sin efecto esta orden.

“No sabemos cómo se ha filtrado, (pero) no se ha entregado absolutamente a nadie. Sin embargo, hoy, faltando una hora, se nos notifica con una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá (en Tarija), para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales”.

La exautoridad indicó que el delito se cometió en una de las provincias de Tarija, pero por respeto no se iba a dar más detalles de este caso, con el fin de no vulnerar derechos, ya que “existen menores de edad”.

“Para mí es una persecución y lo denuncio de como el fiscal Juan Lanchipa, que ha jurado defender la legalidad de las normas y la sociedad, pero tratándose de un exmandatario, de Juan Evo Morales, donde existe un delito de lesa humanidad que es trata y tráfico, la directora de género ha venido a deshacer esta conformación de fiscales y a parar las investigaciones que estábamos llevando adelante”, dijo la exautoridad.

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Gutiérrez indicó que llegó una nota de Lanchipa en el que indica que “deje este caso” y deje sin efecto la comisión de fiscales que la conformaba.

“(Dijo) que quien se haría cargo de esta investigación sería la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, que es la directora general, de la Fiscalía General del Estado. Qué es lo que me dice en este instructivo, debe dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga la presente instructiva”.

Explicó que dejar sin efecto esta instructiva era cancelar la comisión conformada para este caso. “Hablé con ella y me dijo que venía a hacer una revisión del caso, hable con el fiscal general y él me dijo que solo estaban haciendo a hacer un análisis. Cuando vinieron acá, empezaron a sacar a todos y dijeron: ‘nosotros estamos a cargo del caso y no se va a hacer nada’”.

Explicó que se tenía un “montón de directrices” desde la Fiscalía General y además “del mandamiento de aprehensión contra Juan Evo Morales y otras personas”. Gutiérrez indicó que se la volvió a llamar a la directora general en Razón de Genero y esta dijo que tenía órdenes específicas del “jefe”, en alusión a Lanchipa, “de no hacer nada”.

“El señor Juan Lanchipa de la forma grosera que me ha hablado a mí, indicándome: ‘te he dicho que dejes ese caso’. Yo no puedo dejar, el Ministerio Público, como va a creer entonces la sociedad, las víctimas si va a haber una intromisión por parte del jefazo”, señaló.

Asimismo, indicó que dejó de ser fiscal departamental de Tarija, sin embargo, aclaró que «nunca» renunció, pero que le llegó un memorándum de agradecimiento, firmado por el suplente del fiscal Lanchipa, ya que el titular está fuera del país.

La Justicia determinó el arraigo del dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) Juan Enrique Mamani, afín al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado.

El mandamiento fue librado el 27 de septiembre por la juez de Instrucción Penal Noveno de la ciudad de La Paz.

“Ordena a la: Dirección General de Migración el arraigo a nivel nacional de Juan Enrique Mamani Quispe. Por tenerse así ordenado, mediante resolución N 558/2024 de fecha 27/09/2024. Seguido por el Ministerio Publico”.

El dirigente intercultural acusó al Gobierno de una persecución política a los dirigentes que lo único que hacen “es luchar por su pueblo y levantar la voz”.

“Quiero decir a este Gobierno, no tengo miedo, con esta persecución y amedrentamiento a mí me fortalece porque yo no he robado al Estado, no he sido parte de este Gobierno corrupto”, dijo en una entrevista con radio Kawsachun Coca.

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Mamani también denunció la persecución contra todo el Pacto de Unidad y dirigentes que estaban encabezando el Estado Mayor del Pueblo, que marchó junto a militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la facción evista de Caracollo hacia la ciudad de La Paz, en demanda de un pliego petitorio de 16 puntos.

Entre ellos estaba el reconocimiento del congreso de Lauca Ñ de 2023, que determinó como único candidato a Morales para las elecciones generales de 2025.

“Tengo conocimiento que este Gobierno está buscando cualquier pretexto para descabezar a las organizaciones sociales y meter presos a los dirigentes sindicales”, denunció Mamani.

La denuncia contra Mamani fue interpuesta por el ejecutivo nacional de la CSIOB, Esteban Alavi, afín al presidente Luis Arce, quien es acusado de utilizar sellos y papel membretado falsificados de la organización, así como hacer pasar por dirigente nacional.

Según la denuncia, Mamani presentó una acción legal el 26 de enero de esta gestión ante la Sala Constitucional Segunda, pero esta fue rechazada por falta de acreditación legal.

También, el 15 de febrero, el dirigente evista envió una carta al presidente Luis Arce y le invitó a un evento a nombre de los interculturales, utilizando documentos falsificados.

La Vicepresidencia recibió este miércoles el proyecto de “Ley de distribución de Escaños entre departamentos” para su tratamiento, luego que el Tribunal Supremo Electoral revelara que Chuquisaca perdió un diputado plurinominal y Santa Cruz ganó otro, tras la evaluación y análisis de los datos del Censo de Población y Vivienda 2024.

El documento, dirigido al presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Choquehuanca, fue recibido a las 15.00 de este miércoles para su respectivo tratamiento. 

La norma tiene un único artículo con modificación de los artículos 56, parágrafo I y del artículo 57 parágrafo I de la Ley 026 de Régimen Electoral, además de una disposición derogatoria que “deroga todas las disposiciones contrarias a la presente ley”.

De acuerdo con la propuesta del TSE, se definió de acuerdo a una fórmula matemática que los departamentos tengan la siguiente distribución. La Paz y Santa Cruz 29 escaños, respectivamente, le sigue Cochabamba, con 19; Potosí, con 13; Chuquisaca, con 9; Oruro con 9; Tarija con 9; Beni, con 8 y Pando con 5.

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El proyecto de ley también, modifica el artículo 57 sobre “la distribución de escaños uninominales, plurinacionales y especiales en cada departamento del país”. Principalmente, de Santa Cruz y Chuquisaca que pierde un escaño plurinominal y la región oriental gana uno. Los demás departamentos mantienen su distribución. 

Asambleítas de oposición, principalmente de Santa Cruz, rechazan esta nueva redistribución y consideran que los datos del Censo de Población y Vivienda fueron un “robo” para esa región.

En tanto, el senador por Comunidad Ciudadana, Santiago Ticona, rechazó ese resultado y anunció que su brigada no aprobará ninguna ley que perjudique a su departamento, cuando llegue a la Asamblea Legislativa.

El 16 de agosto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi Quispe, advirtió que si hasta diciembre no se aprueba el proyecto de redistribución de escaños, este no se aplicará para las elecciones generales del 2025.

“Si la Asamblea no aprueba por ley esta nueva distribución de escaños hasta diciembre, el Órgano Electoral no garantiza la implementación de los resultados del nuevo Censo en el venidero proceso electoral presidencial 2025”.