El gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, anunció que el pago del aguinaldo de la gestión 2023 a los jubilados del Sistema Integral de Pensiones comenzará el 30 de noviembre.

“A partir del jueves 30 de noviembre, nosotros empezamos a pagar el aguinaldo correspondiente a la gestión 2023”, dijo el funcionario a Bolivia Tv.

Durán explicó que los jubilados recibirán el beneficio con la boleta de pago correspondiente al mes de noviembre. “Adicionalmente, en una línea, va a estar (la información de) el pago correspondiente al aguinaldo”.

Con el pago del aguinaldo, Durán prevé la “inyección” de al menos Bs 1.542 millones en la economía nacional.

El aguinaldo se pagará a través de “todas las modalidades”: abono en cuenta, cobro por ventanilla y con poder, en las 36 entidades financieras que están habilitadas para realizar el pago de pensiones.

Entre otros datos, Durán destacó el “crecimiento” de los fondos que recibió la Gestora de las Administradoras de Fondos de (AFP). “Hemos recibido Bs 167.300 millones; al 21 de noviembre de este año, este monto ha crecido a Bs 176.000 millones”.

“El rendimiento de esta cartera ha aumentado; en mayo, las AFP tenían un rendimiento de 2,7%, pero, a noviembre de esta gestión, ese rendimiento ha aumentado al 4,06%” destacó el funcionario.

Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a julio de este año, hay 219.266 jubilados en el Sistema Integral de Pensiones.

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El presidente Luis Arce afirmó este lunes que Bolivia paga un precio “descomunal” por la importación de combustibles y atribuyó el incremento de precios a los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“El precio que estamos pagando ahora (por la importación de combustibles) es un precio descomunal; (y es) producto de la guerra (entre Rusia y Ucrania y el conflicto en Medio Oriente)”, dijo en el acto de posesión de la nueva ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

El Jefe de Estado insistió en que Bolivia “depende” de la importación de combustibles para el desarrollo de algunos sectores como el agro. “Sin diésel no hay producción”, sostuvo.

“Estamos, gradualmente, resolviendo esa dependencia”, añadió.

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El mandatario también respondió a algunos sectores y actores políticos que reclamaron por la importación de combustibles, principalmente diésel a un precio alto y de “pésima” calidad.

“El que no entienda que hay efectos positivos y negativos en la guerra y que América Latina y nuestro país está sufriendo un efecto negativo de los precios del petróleo, simplemente ignora cómo se maneja la economía del país”, reclamó Arce.

Luis Arce

Entre otras afirmaciones, el Mandatario destacó el incremento internacional en el precio de los minerales; aunque reconoció que eso no fue aprovechado por el sector en Bolivia por falta de inversión previa.

“Si bien hay precios de minerales que están con un incremento, la producción minera, por falta de inversión previa, no ha reaccionado”, enfatizó.

Arce dijo que en el afán de resolver ese tipo de problemas su gobierno impulsa la creación de plantas de biodiésel en los departamentos de Santa Cruz y La Paz. “Estos efectos van a ser contrarrestados”, dijo.

Arce habló asimismo de la “estabilidad económica” que se logró en su gestión; dijo que su trabajo, en el ámbito económico, se concentra en mantener el poder adquisitivo de las familias.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que los $us 420.000 incautados en un megaoperativo en busca del capo uruguayo del narco Sebastián Marset fueron depositados en la cuenta de la Dirección Nacional de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en octubre.

“Esta plata ya se encuentra en dependencias del Estado; (estos recursos) son administrados por el Estado y nadie se ha gastado esta plata. Este narcotraficante está acostumbrado a mentir”, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

La aclaración de la autoridad sucede a las declaraciones del mismo Marset en una entrevista difundida el domingo por el programa Santo y Seña, de Canal 4 en Uruguay.

En esa entrevista, el buscado en al menos cinco países cuestionó que las autoridades hayan ofrecido $us 100.000 por su captura. “No mostraron un video si lo prendieron fuego (al dinero o) los donaron. Ofrecieron 100.000 y nadie me va a entregar. Así es Bolivia”, dijo.

Una vez más, el narcotraficante afirmó que recibió ayuda por parte de efectivos policiales para huir del megaoperativo policial del 29 de julio, cuando detonó el caso en Bolivia y que, además, contó con la participación de 2.500 policías.

Sebastián Marset

Al respecto, Del Castillo respondió: “Si le avisaron con tiempo, ¿por qué no se llevó esos $us 420.000? Ni el narcotraficante más grande deja $us 420.000, ni al narcotraficante más grande le estorban $us 420.000. Si alguien le avisó con tiempo, ¿por qué no se llevó esos recursos? Las investigaciones demuestran que la Policía no ha avisado de estos elementos”, defendió Del Castillo.

Según las autoridades, un efectivo policial fue secuestrado por el equipo de seguridad de Marset y fue quien, supuestamente, develó los detalles del operativo policial. Sin embargo, Marset negó esa acción.

“No vamos a revictimizar a un efectivo de la Policía Boliviana; eran efectivos policiales, no puedo exponerlos porque se pondría en peligro su vida”, respondió Del Castillo.

Antes de difundirse la entrevista, el Del Castillo dijo que el narcotraficante buscaba “lavar la cara” de alguien y previó que el narco iba a atacar al Gobierno y a sus autoridades porque afectaron a la organización criminal. Incluso, dijo que Marset estaba a punto de entregarse.

Según el ministro, la Policía desarticuló la organización liderada por Marset en Bolivia.

El caso Marset derivó en una serie de criterios a favor y en contra de la lucha del Gobierno contra el narcotraficante.

Por ese caso hay unas 54 personas investigadas por su presunta relación con el capo uruguayo. Incluso, las autoridades informaron de la captura y detención preventiva del entorno cercano del uruguayo.

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El jefe de la bancada de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Guillermo Seoane, afirmó que el Gobierno “se aplazó” en su intención de llevar adelante las elecciones judiciales. Apostó por un acuerdo político para el proceso que está en vilo desde el 20 de septiembre.

Además, el legislador insinuó que cualquier otra forma de resolución para las judiciales puede alejarse de lo democrático.

“El que se está aplazando es el Gobierno nacional, que hasta ahora no decide las cosas, a no ser que quiera decidirlo por otro mecanismo que no sea el democrático”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Recordó que, para garantizar las elecciones, su bancada propuso una ley corta, que implica el interinato por no más de dos meses en los altos cargos de jueces y consejeros. Enfatizó que los actuales magistrados y consejeros “deben cesar” en cuanto termine su mandato constitucional, es decir el 2 de enero de 2024.

“No nos podemos inventar y decir ‘que sigan nomas’; ellos tienen que cesar y quedarán (en sus cargos los funcionarios) subalternos por un tiempo no mayor a dos meses. La otra opción es un decreto”, explicó.

Elecciones judiciales

Consultado por un eventual acuerdo político entre las tres fuerzas para definir las judiciales respondió: “Sería lo más aconsejable para el país, pero habría que ver si (los actores políticos) quieren hacerlo o no”.

A pesar de que la Cámara de Senadores, en consenso con sus tres fuerzas políticas, aprobara la ley el 31 de agosto, las elecciones judiciales se encuentran en vilo. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió remitir el proyecto a consultas con tres ministerios del Órgano Ejecutivo. Además, de los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, el 20 de septiembre, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP, que, finalmente la admitió el 28 de septiembre.

Dicho proyecto prevé los comicios la primera quincena de enero de 2024, pero la gestión de los actuales magistrados termina el 2 de enero.

Los actuales magistrado y consejeros fueron elegidos en 2017 y posesionados el 3 de enero de 2018; cumplido el periodo de su gestión, el 3 de enero de 2024 debieran asumir los cargos los electos en un nuevo proceso.

Por su parte, El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que requiere de al menos 90 días para organizar los comicios, a partir de la remisión de la lista de 96 habilitados a los altos cargos judiciales.

Escollos

Cabe recordar los dos grandes escollos que frenaron los actuados sore las elecciones judiciales. Primero, el 12 de abril, el ciudadano Miguel Ángel Balcázar objetó con otro recurso el reglamento de convocatoria a postulantes. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni también había frenado el proceso, mientras varios postulantes habían sido habilitados.

Subsanadas las observaciones y con una nueva convocatoria en curso, el 27 de abril, el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria que frenó el proceso.

El 31 de julio, el TCP declaró inconstitucional el reglamento de convocatoria y el reglamento de la preselección de candidatos a las judiciales. Todo volvió a foja cero y los comicios quedaron en el limbo.

Bolivia planteó en Brasil la creación de un comando conjunto como mecanismo de coordinación para la prevención de desastres en el ámbito regional.

La propuesta fue presentada por la comisión boliviana que participó en la Primera Reunión Sudamericana de Diálogo Político y Diálogo de Defensa, que se realizó este miércoles en Brasilia y que estuvo liderada por la ministra interina de Relaciones exteriores, María Nela Prada.

“Nuestra propuesta ha sido afrontar justamente las consecuencias de esta crisis climática de manera efectiva, uniendo esfuerzos”, dijo citada en una nota de prensa de la Cancillería.

“Hemos agradecido a los países, por ejemplo, que nos están cooperando en este momento en la lucha contra los incendios y, poniendo eso como ejemplo, hemos planteado que se conforme una especie de comando conjunto”, afirmó.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y el vicecanciller Freddy Mamani también asistieron a la cita regional en la que varias autoridades respaldaron la propuesta boliviana.

Brasil

Prada explicó que el contexto boliviano sobre incidentes climatológicos no es un hecho aislado. Añadió que “las múltiples crisis por las que atraviesa el mundo entero, debido al sistema capitalista, empujan a los países sudamericanos a unir esfuerzos para enfrentar estos retos de manera efectiva”.

Los países que respaldaron a Bolivia en su propuesta volverán a reunirse los primeros meses de 2024, explica la nota, y la convocatoria estará a cargo de las autoridades de Brasil, que ejerce la presidencia pro témpore de ese organismo multilateral.

La Primera Reunión Sudamericana de Diálogo Político y Diálogo de Defensa congregó a los cancilleres y ministros de defensa de los 12 países que integran el Consenso de Brasilia.

El encuentro, entre otros temas, también analizó la coyuntura política a nivel internacional y, en especial, a nivel regional.

Además, consideró los desafíos que enfrenta el mundo ante la actual reconfiguración del orden internacional, la situación que enfrentan los países ante los delitos internacionales y, especialmente, el camino para que Sudamérica se consolide como un territorio de paz.