El juicio oral contra los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) ingresó en receso hasta el miércoles a las 08.15, con el objetivo de resolver los incidentes y las excepciones presentadas por la parte acusadora y demandados.

“Una vez revisados todos los antecedentes, a través de un análisis ponderado, la juez va a determinar si da por fundadas o infundadas las excepciones planteadas. No existe ningún impedimento para suspender, lo que ha hecho la juez es declarar un receso”, dijo Jonathan Revuelta, abogado de uno de los acusados, a Bolivia TV.  

Los sindicados son Yasir Molina, los hermanos Mario Antonio y Fabio Alejandro Bascopé, Milena Soto y Luis Terán, que comparecerán por tres causas que se remontan a los conflictos de 2019 y 2020.

El Ministerio Público los acusa por delitos contra la salud pública, privación de libertad, lesiones graves y leves, instigación pública a delinquir, porte y portación de armas. La Fiscalía solicitó 20 años de cárcel para cada uno.

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Los denunciantes de las tres causas, sumadas en un sola, son el exalcalde José María Leyes, el exdefensor del Pueblo en Cochabamba Nelson Cox, las exdiputadas Flora Noemí Quispe y Juana Quispe, además de la exgobernadora Esther Soria Gonzáles.

Según los antecedentes, en la crisis de 2019, un grupo de la RJC recorría la ciudad de Cochabamba en motocicletas agrediendo a todas las personas que identificaba como afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) o, simplemente, por vestir pollera.

En noviembre pasado, Yassir Molina, uno de los líderes de la RJC, anunció que contará la verdad de lo ocurrido durante la crisis de 2019 para “dar con los verdaderos autores intelectuales”. El anunció lo formuló en el marco de su solicitud de someterse a un proceso abreviado por los hechos de violencia en puertas de la Fiscalía General del Estado, en 2020.

Luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la RJC surgió como grupo de choque en Cochabamba. Sus principales cabecillas expresaban su apoyo a la demanda de renuncia del presidente Evo Morales, por un supuesto fraude electoral.

Los medios de comunicación reflejaron cómo la RJC arremetía con golpes contra mujeres de pollera y campesinos que rechazaban la proclamación de Jeanine Áñez. También agredieron físicamente y humillaron a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, del MAS.

El 17 de agosto de 2021, la encargada de negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips, pidió a Bolivia “desmantelar” a los grupos “paraestatales” identificados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El GIEI identificó a la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista (grupo de choque del Comité pro Santa Cruz) como grupos parapoliciales.

El equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista presentó este lunes un amparo constitucional contra la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que desestimó la recusación contra los vocales Tahuichi Tahuichi Quispe y Dina Chuquimia. 

“Hemos presentado una acción de amparo constitucional contra la resolución 369/2023 emitida por el Tribunal Supremo Electoral, que ha desestimado la recusación contra el vocal Tahuichi Tahuichi y Dina Chuquimia. Pedimos que declare la nulidad de esa resolución en función de los derechos que han vulnerado y que el tribunal valore correctamente la prueba”, dijo el delegado del MAS ante el TSE, Diego Jiménez.

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El 6 de noviembre, el MAS evista recusó a los dos vocales bajo el argumento de que emitieron por anticipado una “posición política” en torno a la decisión del TSE que rechazó el registro y las determinaciones del congreso Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba.

El 22 de noviembre, la Sala Plena del TSE desestimó la recusación debido a que “no existe la correspondiente prueba pertinente e idónea que respalde lo afirmado” por la parte acusadora.

Jiménez indicó que espera que la Sala Constitucional Tribunal 4 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz actúe con justicia y anule la resolución 369 y además declare que los dos vocales “sean recusados” para que “el TSE vuelva a emitir una nueva resolución respecto al congreso de Lauca Ñ”.

“Sabemos que estamos en la adversidad. Sabemos cómo el tribunal electoral ha actuado políticamente. Creemos que este tribunal (Sala Constitucional) puede actuar en esa medida, sin embargo, no se puede esconder la vulneración de derechos y tenemos la certeza jurídica de nuestro lado, por eso vamos a agotar la instancia constitucional para lograr tener una tutela”.

El presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, informó este lunes que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), a través de los tribunales departamentales y del TSE, recibió 48 solicitudes de revocatoria de mandato. 

“Nuestra legislación establece que todas nuestras autoridades electas por voto popular a excepción de aquellas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional pueden ser revocados de su mandato. La revocatoria de mandato se activa por iniciativa popular una vez concluida la mitad de su gestión”, remarcó la autoridad.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Cámara del TSE, existen 48 solicitudes de revocatoria de mandato y dos que cursaron para autoridades del nivel nacional.

A la fecha, en el departamento de Beni se presentaron 19 solicitudes de revocatoria de mandato, 11 en Santa Cruz, cinco en Oruro, tres en Tarija, dos en Cochabamba y una en Potosí. En los departamentos de Pando y Chuquisaca no se registraron solicitudes.

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“En Santa Cruz, de estas 11 solicitudes algunas han sido observadas. Siete han sido autorizadas y en los municipios en el que están solicitando el revocatorio de mandato son Warnes, Portachuelo, Santa Cruz de la Sierra y San José de Chiquitos”, manifestó.

Vagas señaló que de acuerdo al calendario que se tiene, estas solicitudes se empezaron a activar a partir del 6 de noviembre y existe un plazo de 90 días para que los promotores “puedan hacer la recolección de firmas y huellas dactilares. Esto sería hasta el 14 de febrero”.

Agregó que el tribunal competente tiene un plazo de 60 días para verificar la cantidad de firmas y huellas dactilares. “En caso de no cumplirse dichas solicitudes serán rechazadas y rechazadas”.

“Se tiene hasta el 15 de junio para concluir este proceso de solicitudes de revocatorio de mandato, luego el Tribunal Supremo Electoral con todos los antecedentes remite a la Asamblea Legislativa para que se emita la convocatoria. Este tipo de referéndum y revocatoria de mandado se hace en la misma fecha para todos los municipios que cumplan los requisitos”, mencionó.

La Justicia determinó este lunes la detención preventiva del excívico potosino Marco Pumari por cinco meses en la cárcel de Cantumarca, en Potosí, investigado por el caso golpe de Estado I.

“A la insistencia de la probabilidad de autoría… por la comisión de los delitos de terrorismo en grado de complicidad, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos se determinó la detención preventiva”, informó el abogado Víctor Nina.

El 12 abril, el Ministerio de Gobierno solicitó a la Fiscalía ampliar los delitos en el caso Golpe de Estado I, para también procesar al encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho, Pumari y el abogado Eduardo León, por su ingreso irregular al Palacio de Gobierno en noviembre de 2019 y el 18 de agosto, el Ministerio Publicó procedió a la imputación formal.

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El cívico ya cumple la detención preventiva en la cárcel de Cantumarca de Potosí, es acusado por la quema del Tribunal Electoral Departamental durante la crisis de noviembre del 2019.

El caso Golpe de Estado I también se refiere a los hechos ocurridos el 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Dentro de este caso, ya se encuentran detenidos el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, dos exministros, además de exjefes jefes militares.

A finales del 2020, la exdiputada Lidia Patty (MAS) interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales, en 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

El miércoles pasado, dentro el caso golpe de Estado cuatro exaltos jefes militares fueron condenados a dos y tres años de presidio para cumplir en las cárceles de San Pedro de La Paz y Palmasola de Santa Cruz.

Dentro de este mismo caso, aún se investiga a Áñez, Camacho., Williams Caliman y Fernando López, entre otros, por los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019 que derivaron en el derrocamiento del entonces Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que los $us 420.000 incautados en un megaoperativo en busca del capo uruguayo del narco Sebastián Marset fueron depositados en la cuenta de la Dirección Nacional de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) en octubre.

“Esta plata ya se encuentra en dependencias del Estado; (estos recursos) son administrados por el Estado y nadie se ha gastado esta plata. Este narcotraficante está acostumbrado a mentir”, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

La aclaración de la autoridad sucede a las declaraciones del mismo Marset en una entrevista difundida el domingo por el programa Santo y Seña, de Canal 4 en Uruguay.

En esa entrevista, el buscado en al menos cinco países cuestionó que las autoridades hayan ofrecido $us 100.000 por su captura. “No mostraron un video si lo prendieron fuego (al dinero o) los donaron. Ofrecieron 100.000 y nadie me va a entregar. Así es Bolivia”, dijo.

Una vez más, el narcotraficante afirmó que recibió ayuda por parte de efectivos policiales para huir del megaoperativo policial del 29 de julio, cuando detonó el caso en Bolivia y que, además, contó con la participación de 2.500 policías.

Sebastián Marset

Al respecto, Del Castillo respondió: “Si le avisaron con tiempo, ¿por qué no se llevó esos $us 420.000? Ni el narcotraficante más grande deja $us 420.000, ni al narcotraficante más grande le estorban $us 420.000. Si alguien le avisó con tiempo, ¿por qué no se llevó esos recursos? Las investigaciones demuestran que la Policía no ha avisado de estos elementos”, defendió Del Castillo.

Según las autoridades, un efectivo policial fue secuestrado por el equipo de seguridad de Marset y fue quien, supuestamente, develó los detalles del operativo policial. Sin embargo, Marset negó esa acción.

“No vamos a revictimizar a un efectivo de la Policía Boliviana; eran efectivos policiales, no puedo exponerlos porque se pondría en peligro su vida”, respondió Del Castillo.

Antes de difundirse la entrevista, el Del Castillo dijo que el narcotraficante buscaba “lavar la cara” de alguien y previó que el narco iba a atacar al Gobierno y a sus autoridades porque afectaron a la organización criminal. Incluso, dijo que Marset estaba a punto de entregarse.

Según el ministro, la Policía desarticuló la organización liderada por Marset en Bolivia.

El caso Marset derivó en una serie de criterios a favor y en contra de la lucha del Gobierno contra el narcotraficante.

Por ese caso hay unas 54 personas investigadas por su presunta relación con el capo uruguayo. Incluso, las autoridades informaron de la captura y detención preventiva del entorno cercano del uruguayo.

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