El presidente Luis Arce viajará la siguiente semana a Río de Janeiro, en Brasil, para participar en la cumbre de los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur).

La información fue confirmada por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

“El presidente estaría (de viaje) la siguiente semana. Estamos ajustando la agenda de los temas pendientes en el país y también el viaje, para que presidente participe en la cumbre del Mercosur, en Río de Janeiro”, dijo a los periodistas en La Paz.

Brasil tiene, actualmente, la presidencia por témpore de ese bloque regional.

Recientemente, el Congreso brasileño aprobó la adhesión de Bolivia al organismo compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Se espera que, en los siguientes días, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgue una ley.

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Antes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay habían dado luz verde al ingreso de Bolivia a ese bloque, en el que tiene vigencia, actualmente, como país asociado.

El 29 de noviembre, el presidente Arce agradeció a su par brasileño y al Congreso de ese país el “apoyo” para la inclusión de Bolivia.

“El Pleno del Senado de #Brasil aprobó el Proyecto de Decreto para la adhesión plena de #Bolivia al #Mercosur. Agradecemos las gestiones del hermano presidente @LulaOficial y al pueblo brasilero por este hito histórico en la integración latinoamericana”, escribió el mandatario en X.

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El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pidió a los países que buscan al capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset sancionar a quienes hayan favorecido al delincuente.

“Esperemos que, como lo hicimos en Bolivia, se pueda sancionar a las personas responsables de favorecer a esta organización transnacional vinculada al narcotráfico”, dijo a los periodistas en una improvisada conferencia de prensa en Cochabamba.

Del Castillo se refirió a los procesos investigativos y judiciales que involucran al menos a 54 personas por supuestos vínculos con el narcotraficante más buscado en Bolivia.

En ese afán, y luego de allanamientos a varios inmuebles en Santa Cruz, principalmente, la Policía Boliviana logró dar con al menos cuatro personas del entorno de Marset, entre ellos, una mujer, que ahora guardan detención preventiva.

Las investigaciones también alcanzaron a funcionarios que, de una u otra forma, se vieron envueltos en el escándalo que detonó el 29 de julio, cuando el capo uruguayo escapó de un megaoperativo policial junto con su esposa, sus hijos y su equipo armado de seguridad.

Entre los investigados están algunos funcionarios del Servicio General de Identificación Personal (Segip), que supuestamente tienen participación en la obtención de la identidad falsa que Marset usaba en Bolivia.

“Aquí (en Bolivia) tenemos múltiples personas con detención preventiva en Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz”, añadió la autoridad.

Atribuyó al trabajo policial, de las autoridades judiciales y del Gobierno la “desarticulación” de la organización criminal que el uruguayo lideraba en el país.

Incluso, Del Castillo dijo que, por las tareas de coordinación con autoridades policiales de otros cinco países donde también buscan a Marset, el narcotraficante “se siente asfixiado”.

Con luz verde para la recolección de firmas para el revocatorio de mandato del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, los libros con el respaldo de los adherentes deben ser remitidos al TSE hasta el 7 de diciembre.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia confirmó a La Razón esa información.

“(La recolección de firmas) está en curso y (el impulsor) tiene plazo para presentar los libros (con las respectivas firmas) hasta el 7 de diciembre”, advirtió la autoridad electoral.

El solicitante de ese proceso es el ciudadano paceño Mauro Mamani, develó la vocal.

El miércoles, la misma Chuquimia confirmó a este diario que el TSE recibió 49 solicitudes de revocatoria de mandato en contra de alcaldes, concejales y algunos asambleístas departamentales.

Mamani, en su condición de promotor de esa solicitud, debe reunir 1.782.768 firmas, que representan el 25% del padrón nacional, de acuerdo al inciso a) del parágrafo I, artículo 26 de la Ley del Régimen Electoral.

En una entrevista con radio Fides, el hombre explicó que presentó la propuesta al TSE el 6 de junio de este año y que recibió la notificación de aprobación el 10 de octubre, es decir, cuatro meses después.

Explicó que para el revocatorio contra autoridad nacional cuesta cerca de $us 236.000, que incluye el costo de 22.000 libros notariados, que, en total, alcanza los Bs 1.320.000.

Con el plazo establecido y con la condición de alcanzar el 25% de respaldo respecto del padrón en firmas, un eventual referendo revocatorio contra Arce y Choquehuanca deberá sumar en urnas el mismo porcentaje más uno de la votación que el binomio obtuvo en las elecciones del 18 de octubre de 2020. Entonces las autoridades nacionales obtuvieron el 55,1% de la votación nacional.

Esos requisitos están establecidos en el artículo 31 de la Ley 026 y su cumplimiento es obligatorio.

“a) El número de votos válidos emitidos a favor del Sí a la revocatoria deberá ser superior al número de votos válidos emitidos en contra del No, y b) el número y el porcentaje de votos válidos a favor del Sí deberá ser superior al número y el porcentaje de votos válidos con los que fue elegida la autoridad”, señala la norma.

El artículo 171 de la Constitución dicta que, en caso de una eventual revocatoria del Presidente, éste deberá cesar inmediatamente sus funciones y quien lo sustituya será el vicepresidente, en este caso Choquehuanca.

Éste, de forma inmediata, deberá convocar a elecciones para la Presidencia en 90 días.

Entre los alcaldes que fueron apuntados con el revocatorio están Jhonny Fernández, de Santa Cruz; Eva Copa, de El Alto; Adhemar Wilcarani, de Oruro; Christian Cámara, de Trinidad, y Jhonny Llalli, de Potosí. Este último se encuentra con detención preventiva en un proceso por supuesto abuso sexual.

En el caso del alcalde cruceño, la solicitud de la ciudadana Lilibeth Coímbra Peña fue aprobada y la recolección de firmas corre desde el 18 de noviembre.

La diferencia en el caso de las autoridades subnacionales es que los impulsores del revocatorio deben reunir al menos el 30% del padrón electoral de su municipio o departamento. En el caso de Fernández, 325.763 personas deben respaldar la causa.

Una juez suspendió hasta enero de 2024 la audiencia de juicio oral en contra de cinco miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por la supuesta comisión de cinco delitos entre 2019 y 2020, según un documento al que accedió La Razón.

Los acusados en ese proceso son Yassir Molina, los hermanos Mario Antonio y Fabio Alejandro Bascopé, Milena Soto y Luis Terán.

El Ministerio Público, que pidió una pena privativa de libertad de 20 años para cada uno, los imputó por delitos contra la salud pública, privación de libertad, lesiones graves y leves, instigación pública a delinquir, porte y portación de armas.

Uno de los motivos para la suspensión del acto judicial fue la solicitud de Mario Bascopé, que pidió a la jueza atención médica debido a un problema de hemorroides.

Según el médico de Régimen Penitenciario, dicha dolencia no impide, sin embargo, al acusado asistir al juicio.

Las tres causas que investigan a los acusados fueron abiertas a instancias del exalcalde de Cochabamba José María Leyes; el exdelegado defensorial de esa capital Nelson Cox, las exdiputadas Flora Noemí Quispe y Juana Quispe, además de la exgobernadora Esther Soria Gonzáles.

RJC

Los antecedentes del caso dieron cuenta que los imputados lideraron un grupo de la RJC que recorría en motocicletas varias vías de la capital del valle y agredían a quienes identificaban como simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) e incluso a mujeres que vestían polleras.

La RJC se mostró luego de las elecciones generales del 20 de octubre 2019. Entonces, ese grupo comandó en Cochabamba las movilizaciones en contra de un supuesto “fraude monumental”. Ese discurso que había sido acuñado por el expresidente y contendor de Evo Morales en esos comicios, Carlos Mesa; precisamente él obtuvo el segundo lugar en la votación nacional.

Mas adelante, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó a la RJC y a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) como grupos “parapoliciales”. Y varias organizaciones internacionales pidieron al Gobierno su desarticulación.

Incluso, la exencargada de negocios de Estados Unidos Charisse Phillips pidió la “desmantelación” de esos grupos.

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El diputado Jerges Mercado y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, coincidieron en que el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), celebrado en Lauca Ñ, Cochabamba, es fallido y “no existió”.

En entrevista con La Razón Radio, Mercado afirmó que “lo que hubo (el 3 y 4 de octubre en el trópico cochabambino) fue un encuentro de amigos y compañeros” y que “no existió” un congreso como tal.

El legislador oficialista justificó sus declaraciones con el incumplimiento del mismo estatuto del MAS por parte de los miembros de la directiva electa en dicho encuentro y la ausencia de “los verdaderos dueños” de esa fuerza, en alusión a las organizaciones sociales que componen ese partido.

Por su parte, el viceministro Torrico dijo que ese congreso estuvo “jalado de los pelos y sin pies ni cabeza”, que “disminuyó” la participación de organizaciones y que se vulneró los derechos políticos de los militantes del MAS.

Es más, dijo que el único fin de la cita era nombrar a su líder, Evo Morales, como único candidato a las elecciones presidenciales de 2025.

Congreso del MAS

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió no registrar el congreso del MAS por una serie de incumplimientos a la misma convocatoria y estatuto del partido. Entre las más relevantes, la no presentación del certificado de militancia expedido por el TSE; además de la antigüedad de 10 años de militancia para los postulantes.

Los vocales electorales recomendaron a la dirección del MAS realizar un nuevo congreso.

Recientemente, Morales desafió al presidente Luis Arce a someterse a elecciones primarias rumbo a 2025. Esa acción también mereció un comentario de ambos entrevistados.

“Si (Evo) está de acuerdo de ir a una elección primaria, está desconociendo lo mismo que está yendo a defender ante el TSE. Hay una desesperación por boicotear la gestión gubernamental, por ponerte en carrera antes de tiempo; eso no está bien, es un error político muy grave”, señaló Torrico.

En esa misma línea, Mercado dijo que Morales “está equivocando el camino con una candidatura anticipada”. Además, consideró que “se pone como principal opositor al propio gobierno del MAS”.

En criterio de Torrico, la dirigencia evista está desesperada y por eso equivoca el camino.

Hasta ahora solo Morales confirmó su candidatura a los comicios de 2025, mientras que el presidente Arce consideró que es “prematuro” hablar de postulaciones.