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Tuesday 27 Feb 2024 | Actualizado a 01:49 AM

Alarcón recuerda a Choquehuanca que ya pasaron los 30 días para pronunciarse sobre ley de las judiciales

La presión por las elecciones judiciales creció con un comunicado de la CIDH que exige al Estado su realización en 2023.

Una sesión de la Asamblea Legislativa Foto: Archivo

/ 2 de octubre de 2023 / 20:39

El diputado de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón recordó al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, que ya terminó el plazo para pronunciarse en torno al proyecto de ley sobre las elecciones judiciales.

A través de una carta firmada por él y su jefe de bancada, Enrique Urquidi, y recibida este lunes, los legisladores opositores evocaron el parágrafo 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado (CPE).

“En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dicta ese parágrafo.

El proyecto de ley 144/2022-2023 fue aprobado el 31 de agosto de este año en la Cámara de Senadores y en esa misma fecha fue remitido a la Cámara Baja.

“El plazo de 30 días para tratar este PL (proyecto de ley) en la Cámara de Diputados venció el día sábado 30 de septiembre de 2023 y esta Cámara (Diputados) no se pronunció, con lo cual perdió su competencia legislativa para tratarlo fuera del Pleno de la ALP”, dice parte de la carta.

La carta advierte de un supuesto contubernio entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Gobierno en torno a un sabotaje de las judiciales.

Elecciones judiciales

Tiene, dice, la finalidad de “prorrogar inconstitucionalmente a los actuales magistrados que terminan sus funciones el 2 de enero del 2024”.

Una vez recibida, la propuesta de norma fue derivada a la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y ésta remitió una consulta a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, el 20 de septiembre, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP, que finalmente la admitió el 28 de septiembre, y aún se espera la respuesta.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa fue conminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un comunicado que exige al Estado garantizar los comicios en 2023.

Dicho organismo internacional observó que el proceso estuvo marcado “por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.

Entretanto, el TSE desahució los comicios para este año, pues advirtió en más de una ocasión que ese órgano requiere de al menos 90 días para organizar los comicios. Ese plazo comienza con la remisión de la lista de los 96 postulantes habilitados para el proceso.

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Tensión Venezuela-Guyana, Haití y créditos de carbono: claves de cumbre del Caricom

El tema debe estar también en la agenda de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

Referencial

/ 26 de febrero de 2024 / 16:10

La paz entre Guyana y Venezuela en medio de su pugna territorial, la seguridad en el castigado Haití y los créditos de carbono: puntos clave de la cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), reunidos desde el domingo en Georgetown.

El bloque caribeño, en su mayoría anglófono y culturalmente más alejado del resto de países de América Latina, se reúne en la capital guyanesa hasta el miércoles, día en que llegará el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva como «invitado especial».

«Modelo» para el mundo

El presidente saliente de la Caricom, el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, celebró con «inmenso orgullo» el resultado de la reunión en diciembre entre los mandatarios de Venezuela y Guyana, Nicolás Maduro e Irfaan Ali, para garantizar la paz ante el temor regional por un conflicto en torno de la pugna por la soberanía del Esequibo, territorio rico en petróleo.

«Lo que conseguimos como grupo cuando nos reunimos como familia en diciembre en San Vicente ; y las Granadinas para abordar con madurez las tensiones entre dos hermanos», señaló Skerrit en su discurso durante la ceremonia inaugural el domingo.

Acuerdo

«Fuimos noticia internacional, no por los disturbios, la guerra o la violencia, sino por acoger unas deliberaciones maduras y proactivas; que crearon un modelo que otros en el mundo harían bien en seguir», añadió.

Desde el pacto de no agresión, la tensión ha fluctuado entre la calma actual; y la movilización de tropas por la presencia de un buque de guerra enviado por el Reino Unido en «maniobras de rutina».

Lula, también protagonista en la mediación de ambos países, debe abordar este tema en su visita.

Irfaan Ali, que asume la presidencia de la Caricom, exhortó a invertir en «la seguridad de la región». Además, pidió apoyo para esto a Estados Unidos, aliado de Georgetown y enemigo jurado de Caracas.

Venezuela

Los líderes del bloque destacaron la inestabilidad en Haití, el país más pobre de la región, en medio de una grave crisis política, de seguridad y humanitaria, con bandas armadas que han tomado el control de zonas enteras. 

«Necesitamos ayudar a Haití ayer», insistió Skerrit. «Necesita el apoyo de todo el mundo».

«Estamos comprometidos como región a garantizar que el pueblo de Haití también pueda desarrollar todo su potencial en paz, seguridad y buen gobierno», dijo por su parte Ali, destacando reuniones al respecto en la cumbre.

Haití espera la llegada de una fuerza policial multinacional para ayudar con la seguridad, al tiempo que crece la presión política para el primer ministro Ariel Henry.

Haití está sin presidente desde el asesinato en 2021 del mandatario Jovenel Moise y desde 2016 no se han vuelto a realizar elecciones. Hace tres semanas, miles de personas protestaron pidiendo la salida de Henry y el cumplimiento de un calendario de transición de poder acordado en 2022.

El tema debe estar también en la agenda de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); se reúne a continuación, el 1 de marzo, en San Vicente y las Granadinas.

Millones para la región

Guyana, cuya superficie está compuesta de 89% de bosques vírgenes, comprometió para la Caricom 2 millones de dólares de los 750 vendidos en créditos de carbono al grupo estadounidense Hess, anunció Ali.

A ese monto se suman otros 3 millones de la petrolera ExxonMobil, responsable de la explotación en este país y protagonista en la pugna con Venezuela; para «proyectos sostenibles para aumentar la resiliencia y mejorar la productividad a dentro de la región, incluida la seguridad alimentaria», señaló el mandatario.

Ali indicó que uno de los objetivos del Caribe es acabar con el hambre y la desnutrición -que afectan a casi 45 millones de personas (57% de la población)- para 2030; al tiempo que anunció proyectos agropecuarios junto a socios internacionales, incluido Brasil.

Hizo además una exhortación a eliminar aranceles en el Caribe. «Somos muy pequeños para estar compitiendo los unos con los otros», insistió Ali.

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Caen seis personas por venta de ítems en ministerios; uno operaba desde el penal de San Roque

El caso de venta de ítems en varios ministerios y empresas estatales se investiga desde el año pasado, por una denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional.

El viceministro Jhonny Aguilera.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 26 de febrero de 2024 / 15:22

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó de la aprehensión de seis personas que se dedicaban a la presunta venta de ítems en diferentes ministerios del Estado. Uno de ellos operaba desde el penal de San Roque, en Sucre.

“Son seis personas las que han conjugado para esta conspiración destinada no solo a vulnerar los órganos del Estado, sino a lucrar con estos actos ilícitos en personas que por una necesidad han omitido efectuar consultas respectivas enviando dinero directamente”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa.

Explicó que los investigados contactaban a las víctimas a través de mensajes para pedirles sus documentos y hacerles una oferta laboral.

Aguilera presentó a los implicados identificados como Rayner F. B., Mireya O. M., Jhonny P. E., Juan Carlos F. F. y Érika F. Además, a Elio S. M. C., que es el privado de libertad acusado de ser el líder de esa organización criminal.

Al respecto, la viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, afirmó que el caso se investigó por una denuncia que hizo su despacho en septiembre del año pasado.

Explicó que los acusados ofrecían cargos en los ministerios de Salud e Hidrocarburos, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Dijo que Érika F. era la encargada de recaudar los depósitos de las víctimas, cuyo monto total no se estableció aún, y pidió al Ministerio Público que actúe de inmediato en el caso.

“No son montos elevados: son montos de entre Bs 2.000, 3.000 (a ministerios) y a las empresas entre Bs 5.000 y Bs 10.000. Pero ha habido un fujo que se ha podido identificar”, explicó.

Pidió a quienes reciban ese tipo de mensajes, que incluyan ofertas por parte de supuestas autoridades, no accedan y denuncien el hecho ante la oficina de Transparencia.

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Interculturales acusan a evistas de ‘bloquear’ la gestión de Arce y amenazan con cerrar la Asamblea

“Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad no vamos a bloquear en ningún momento al país”, remarcó el secretario intercultural Vidal Gómez.

Una sesión de la Asamblea Legislativa, presidida por el vicepresidente David Choquehuanca.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 26 de febrero de 2024 / 13:32

El secretario de la comisión política de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIOB), Vidal Gómez, acusó al evismo y a la oposición de intentar “bloquear” la gestión del presidente Luis Arce.

Afirmó que, en caso de “seguir con esas intenciones”, su organización cerrará la Asamblea Legislativa.

“Nos han comunicado, (algunos) diputados, que hay un mandato de los líderes de la derecha, por lo tanto, de Evo Morales, de bloquear la Asamblea Legislativa; y no avanzar ni el tema de elecciones judiciales”, dijo a Red América.

Gómez dijo que los legisladores evistas y opositores tienen un “pacto para empantanar” los proyectos pendientes de debate y aprobación en la Asamblea.

“Nosotros estamos dispuestos a cerrar la Asamblea Legislativa; no es un órgano que represente al pueblo, solo son intereses políticos que se mueven en ese sector”, protestó el dirigente.

Asimismo, dijo que los interculturales se encuentran en estado de emergencia porque consideran que los evistas y opositores intentan “convulsionar el país”.

Interculturales

“Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad no vamos a bloquear en ningún momento al país”, remarcó Gómez.

Actualmente, en la Cámara de Diputados queda pendiente el debate de ocho proyectos de ley, entre ellos, seis créditos internacionales destinados a obras y dos que buscan definir la situación de los actuales magistrados y consejeros electos en 2017 y cuyo mandato constitucional de seis años fue prorrogado por la Sentencia Constitucional 049/2023.

Diputados aprobó uno de los créditos, en medio de una bochornosa sesión entre el jueves y el viernes.

El principal problema del debate está en la interpretación del acuerdo del 2 de febrero de este año, que fue firmado entre las bancadas de las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa.

El documento establece el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075, sobre la prórroga, por tiempo y materia “en la sesión siguiente” de la Cámara de Diputados a la aprobación del proyecto de Ley 144 (ahora Ley 1549), y “de al menos cuatro de los proyectos de ley” de los créditos externos.

El bloque arcista del MAS exige el cumplimiento de ese acuerdo “tal cual” señala el texto. Entretanto, la oposición defiende el término “tiempo y materia” como un carácter “prioritario” respecto de los créditos.

Este martes, la Cámara de Diputados retomará el debate de los ocho proyectos de ley. Lo hará en una sesión que, según esperan algunos legisladores, “deje de lado el bochorno y se dedique a debatir, con argumentos, las leyes”.

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Ministro Lima: ‘Evo, no puedes ser más candidato, la Sentencia 1010 es muy clara’

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que la Sentencia Constitucional 1010/2023 anula las intenciones electorales de Evo Morales.

El ministro de Justicia, Iván Lima.

/ 26 de febrero de 2024 / 12:43

El ministro de Justicia, Iván Lima, se dirigió al expresidente Evo Morales y sus pretensiones electorales hacia 2025 y le dijo que no puede ser candidato debido, en su criterio, a la sentencia constitucional que eliminó la reelección presidencial indefinida.

“El derecho vigente es la Sentencia 1010/2023. Gracias por darme la palabra, Evo: no puedes ser más candidato”, dijo la autoridad ante los periodistas en La Paz.

En los últimos días, el mismo Lima había planteado un nuevo referendo que defina la situación de Morales y su anunciada candidatura en esos comicios.

La respuesta por parte del exmandatario no se dejó esperar. Dijo que Lima se contradice al reconocer la sentencia constitucional del 29 de diciembre y que, al plantear la actividad, “reconoce” su legítima habilitación a las elecciones de 2025.

Sentencia

Al respecto, Lima aseguró que no es necesaria una consulta ante la población sobre la repostulación de Morales y aseguró que su propuesta “únicamente planteó el debate a diputados evistas”.

“No hay por qué preguntar algo que ya está definido. El Estado de derecho es que Evo Morales no puede ser más candidato. No hay por qué volver a consular ese tema en una reforma constitucional”, agregó el titular de Justicia.

Morales es el único actor político que confirmó su postulación a los comicios presidenciales de 2025, pese a la sentencia que, además, declaró que no es un derecho humano.

Incluso, ante la insistencia de Morales, el viernes de la semana pasada, el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, dijo que Morales puede ser “postulante, pero no candidato” en 2025.

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José Romero Sandoval es el primer postulante a magistrado del Tribunal Agroambiental

El domingo, el chuquisaqueño Iván Fernando Aparicio presentó sus documentos para postular a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.

José Romero Sandoval, postulante al Tribunal Agroambiental.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 26 de febrero de 2024 / 12:07

José Romero Sandoval presentó este lunes su postulación a magistrado del Tribunal Agroambiental. Se trata del primer postulante a los altos cargos de ese órgano.

Aquel es paceño y abogado de profesión; llegó hasta la oficina de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa.

“Soy una persona que practica la lealtad a la verdad. Estoy en esta convocatoria porque esta vida es un riesgo, (hay que) saber ganar y perder”, dijo en un contacto con los medios al salir de la oficina habilitada para ese proceso.

Se declaró “defensor acérrimo” del medio ambiente y de los recursos naturales. Afirmó que postuló en anteriores convocatorias, pero que hubo «discriminación”.

Los postulantes a magistrados y consejeros siguen sumando en la séptima jornada de recepción de documentos.

El domingo se presentó el primer postulante a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es el chuquisaqueño Iván Fernando Aparicio.

Los postulantes a los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental y Constitucional Plurinacional (TCP); yal Consejo de la Magistratura pueden presentar puede presentarse durante 13 días más.

La recepción de los documentos de los postulantes es la primera fase de la preselección de candidatos que está a cargo de la Asamblea Legislativa. Luego de las evaluaciones descritas en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, que debe remitir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una lista de 192 postulantes habilitados para el proceso y que serán sometidos al voto popular.

Luego de ese proceso, 23 magistrados y tres consejeros serán posesionados y tendrán un mandato de seis años, como lo establece la Constitución Política del Estado, aunque los últimos, electos en 2017, fueron prorrogados en su mandato bajo la Declaración Constitucional 049/2023, del Tribunal Constitucional Plurinacional

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