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Wednesday 21 Feb 2024 | Actualizado a 07:00 AM

De Siles a Arce, tres sucesiones y ruptura constitucional de 2019

Un día como hoy, hace 41 años, la democracia volvió al país

1982. El titular del Senado, Julio Garret, toma juramento al presidente Hernán Siles Zuazo

Por Rubén Atahuichi

/ 10 de octubre de 2023 / 06:49

La tarde del 10 de octubre de 1982, Hernán Siles Zuazo juró a la presidencia de la vieja República. Lo hizo luego de varios intentos fallidos, entorpecidos por las dictaduras. Llegó al poder en mérito a su victoria electoral de 1980 y con él volvió la democracia.

Tan accidentado fue su ingreso, por segunda vez, al Palacio Quemado, que los estribillos de sus seguidores eran “con elección, sin elección, Siles al poder”.

Su porfía había comenzado en las elecciones generales del 1 de julio de 1979, convocadas por el general David Padilla Arancibia, que presidía el país luego de derrocar a Juan Pereda Asbún, a su vez golpista del dictador del septenio 1971-1978, Hugo Banzer Suárez, y autor del fraude en los comicios del 9 de julio de 1978.

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Siles Zuazo

En las elecciones de 1979, los resultados fueron divididos entre los candidatos Siles Zuazo, de Unidad Democrática Popular (UDP), con 35,99% de los votos, y Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con 35,89%.

Sin acuerdo político por la proclamación del nuevo mandatario, el Congreso Nacional decidió encomendar la tarea al senador Wálter Guevara Arze. El 8 de agosto de ese año, Padilla Arancibia le cedió el poder.

Si bien tenía el mandato de llamar a elecciones, el gobierno de Guevara Arze fue interrumpido por otro golpe, entre el 31 de octubre y 1 de noviembre, del coronel Alberto Natusch Busch. Éste pudo gobernar solo 16 días.

Devolvió el poder al Congreso Nacional y éste eligió presidenta de la República a la entonces titular de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler, que se convirtió en la primera mandataria de la historia del país. Tuvo la oportunidad de llamar a elecciones generales para el 29 de junio de 1980.

En los comicios, otra vez ganó Siles Zuazo, esta vez con el 38,7% de los votos, frente al 20,1% de Paz Estenssoro y el 16,3% de Banzer, este último de Acción Democrática Nacionalista (ADN).

Gueiler no pudo terminar su mandato el 6 de agosto de ese año ni Siles Zuazo pudo recibirlo, ni instalarse el Congreso Nacional; el general Luis García Meza asestó otro golpe militar el 17 de julio.

La presidenta se había declarado obsesionada por entregar el poder y abrir así el camino de la recuperación definitiva de la democracia en el país.

Acosado por denuncias de corrupción y vinculaciones con el narcotráfico, García Meza fue obligado a renunciar, y las Fuerzas Armadas, con el poder de designar mandatarios, encargó a una junta militar —Celso Torrelio Villa, Waldo Bernal y Óscar Pammo— el gobierno.

Más adelante, el 21 de julio de 1982, otro general, Guido Vildoso Calderón, se hizo cargo del poder, ante la ineficiencia de Torrelio Villa, que había presidido el país en los últimos meses.

El 10 de octubre de 1982, en un solemne acto en el Congreso Nacional, Vildoso Calderón devolvió el poder a Siles Zuazo, ganador de las elecciones de 1980. Éste fue acompañado por el vicepresidente electo, Jaime Paz Zamora.

Supuso entonces la recuperación definitiva de la democracia en el país. “El esfuerzo que realicemos los bolivianos por el progreso de nuestra patria, no solo es por nuestra patria boliviana, sino por la gran patria latinoamericana”, dijo en su discurso de posesión el nuevo mandatario.

Sin embargo, aquejado por una grave crisis económica, presión de la Central Obrera Boliviana (COB), filas por alimentos en las calles del país y un escaso respaldo político, a falta de un año de concluir su mandato, Siles Zuazo decidió acortar su gestión y llamar a elecciones adelantadas para el 14 de julio de 1985. Resultó el primer accidente político de la incipiente democracia.

Elecciones

Los comicios fueron ganados por Banzer Suárez (32,8%), a quien lo secundaron Paz Estenssoro (30,3%) y Paz Zamora (10,8%). Éste había pugnado en los comicios con su propia sigla, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).

Luego del gobierno del histórico líder del MNR —recordado por el “Bolivia se nos muere” para justificar el Decreto 21060 de 1985— devinieron otros presidentes electos, Paz Zamora (1989–1993), Banzer Suárez (1997–2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y Evo Morales (2006-2019). Sin embargo, en otras crisis políticas, hubo tres sucesiones constitucionales, propiciadas en sendos actos en el antiguo Congreso Nacional.

Siendo antes vicepresidentes, Jorge Quiroga sucedió el 7 de agosto de 2001 a Banzer Suárez, obligado a renunciar por un cáncer terminal, y Carlos Mesa, el 17 de octubre de 2003, al dimisionario Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Sé que mi tratamiento será difícil y seguramente con muchos riesgos. Así que no me será posible gobernar como quisiera”, dijo entonces Banzer Suárez al ceder el poder a su lugarteniente.

En tanto, en medio de su viaje a Estados Unidos, Sánchez de Lozada mandó su carta vía fax al Congreso Nacional aquel 17 de octubre de 2003. Renuncio “con la íntima convicción de que la aceptación de la misma no corresponde, ya que no se puede retirar a un presidente elegido democráticamente por mecanismos de presión y de violencia que está”, se leía en la misiva.

Entonces, el gobierno del MNR había intentado exportar gas natural a través de puertos de Chile a Estados Unidos. La medida desató una ola de protestas que terminó con la llamada Masacre de Octubre, con la muerte, bajo represión militar y policial en semanas, de al menos 69 personas.

Sin fuerza legislativa y también bajo presión social atribuida a Morales, entonces diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mesa también renunció al cargo, el 6 de junio de 2005, luego de dos intentos anteriores.

El 9 de junio de 2005, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, sucedió a Mesa.

Debido a la crisis políticos y social, el Congreso Nacional también se reunió para el acto en la Casa de la Libertad.

Basado en la prelación de la Constitución de 1967, el nuevo mandatario asumió el poder luego de que los presidentes de las cámaras de Senadores, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Mario Cossío, renunciaran a la sucesión por acuerdo político.

Rodríguez Veltzé pudo regularizar las transiciones gubernamentales. Llamó a elecciones para el 18 de diciembre de 2005.

Ganó los comicios Morales con el 53,7% de los votos, que le permitieron acceder al poder de forma directa, sin mediación del Congreso Nacional.

MAS

El mandatario llamó a elección de constituyentes, instaló la Asamblea Constituyente y consiguió, en referéndum nacional en 2009, la aprobación de la nueva Constitución que instituyó el Estado Plurinacional de Bolivia.

Venció un referéndum revocatorio en 2008 y luego ganó los comicios de 2009 y 2014. Quiso modificar la Constitución para una repostulación, pero la consulta del 21 febrero de 2016 le dijo No. Se acogió a una sentencia constitucional de 2017 y optó por una nueva repostulación en 2019.

Una movilización cívica luego de las elecciones del 20 de octubre recrudeció la crisis política. La protesta desembocó en un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte del Alto Mando de las Fuerzas Armadas terminó con el derrocamiento del mandatario, que obligado por la situación renunció el 10 de noviembre. Entonces, el líder cívico Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz, admitió que su padre «cerró» con militares y policías, y hasta acordó con un dirigente minero «tumbar» a «dinamitazos» a Morales.

Dos días después, la senadora Jeanine Áñez se proclamó sucesora en actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni presencia de los legisladores del MAS.

Arguyó vacío de poder ante el asiló de Morales en México. La imagen de un militar colocándole la banda presidencial recuerda su llegada al poder luego de una ruptura constitucional. Sin embargo, Mesa consideró que la de Áñez fue “sucesión impecable”.

La mandataria llamó a elecciones y el 18 de octubre de 2020 el binomio del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, ganó los comicios con el 55,1% de los votos. Este gobierno rige hasta 2025.

(10/10/2023)

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Postulantes deberán sumar 200 puntos en el examen de méritos

Los interesados en postularse tienen 20 días para su registro

La oficina de la Asamblea Legislativa que espera los trámites de postulación de personas

/ 21 de febrero de 2024 / 06:46

En la evaluación de méritos de los postulantes a los cargos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Laboral de la Asamblea Legislativa considerarán dos aspectos, cada uno de 100 puntos; en total, 200 puntos.

Ayer comenzó el registro de postulantes a los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y al Consejo de la Magistratura. El trámite estará abierto durante 20 días, de acuerdo a la hoja de ruta del proceso.

Se trata de la primera fase del proceso de preselección de postulantes a cargo de la Asamblea Legislativa, que, al final de su trabajo de 80 días, deberá aprobar, por dos tercios de voto de los presentes, una lista de hasta 192 candidatos en circunscripciones departamentales y nacionales.

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200 puntos

Con esa lista, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá vía libre para organizar los comicios en un plazo de 150 días. Los resultados electorales deberán arrojar una lista de 23 magistrados y tres consejeros, titulares y suplentes, electos por voto popular.

La convocatoria a preselección de postulantes —con base en la 1549, Transitoria de Elecciones Judiciales— prevé evaluación de experiencia profesional, formación académica y producción intelectual por 100 puntos, y examen de preguntas escritas y respuestas orales también por 100 puntos.

Este proceso será posible una vez que las postulaciones sean habilitadas por las comisiones legislativas respectivas.

Desmenuzando la experiencia profesional, que otorgará 50 puntos, la cátedra universitaria tendrá 5 puntos; el ejercicio profesional 25 (de ocho a 15 años, 20 puntos; más de 15 años, 25); función judicial y/Ministerio Público para el Consejo de la Magistratura 18; y la experiencia comprobada como autoridad indígena originario campesina para los tres tribunales y la Magistratura 2 puntos.

La formación académica otorgará 40 puntos: doctorado 35 puntos (un punto adicional por otro doctorado hasta un máximo de 40 puntos); maestría 25 (un punto adicional por otra maestría hasta un máximo de 30); especialidad 15 (un punto adicional por cada especialidad hasta un máximo de 20); diplomado 5 (un punto adicional por diplomado, hasta máximo de 10 puntos).

Postulantes

En relación a producción intelectual de los postulantes, los libros publicados en el área y especialización registrados en el Servicio Nacional de Propiedad suman 3 puntos para el postulante (por cada libro adicional, un punto, hasta llegar a 10)

Los “artículos científicos indexados o arbitrados” en revistas nacionales e internacionales suman 3 puntos (un punto adicional por otra, hasta sumar 5).

Para la otra etapa de la evaluación, el examen escrito y oral, la Comisión Mixta de Constitución invitará a las facultades de Derecho del sistema del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y otras para la elaboración de las preguntas. También serán invitados para ese fin la Escuela de Jueces del Estado y el Colegio Nacional de Abogados.

Según la convocatoria, la batería de preguntas tendrá estas características: las preguntas serán de opción múltiple, su contenido responderá a las áreas temáticas de cada institución y las entidades invitadas deberán desarrollar 50 preguntas por institución, considerando las áreas temáticas.

La convocatoria prevé que las preguntas y las respuestas serán entregadas en sobre cerrado el mismo día de la evaluación a la comisión mixta competente, que serán depositadas en un ánfora para cada institución, de la cual cada postulante escogerá al azar cinco bolillos. De acuerdo con el mecanismo descrito, tendrán cinco minutos para cada respuesta.

Convocatoria

El cronograma de evaluación será publicado en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado y de las cámaras de la Asamblea Legislativa.

La convocatoria también señala que, con la finalidad de contar constancia de las respuestas orales, antes de iniciar con la evaluación se entregará un formulario al postulante. El postulante deberá decir de manera oral su respuesta y posteriormente entregar le formulario debidamente firmado.

La respuesta correcta de cada pregunta tendrá un valor de 20 puntos, calificada por la comisión mixta competente. El postulante deberá sumar 100 puntos.

La convocatoria de preselección ha previsto una serie de materias para cada una de las instituciones, es decir, los tres tribunales y la magistratura.

En el primer día de registro no hubo postulantes. El secretario de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, informó que hubo casos de personas que solo preguntaron datos.

(21/02/2024)

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Asambleístas del MAS en Santa Cruz piden a la Justicia llevar el juicio oral de Camacho de forma virtual

Este martes se conoció la notificación del Tribunal Sentencia Octavo de la Capital al gobernador de la cárcel de Chonchocoro en La Paz, mayor Marco González, para el traslado de Camacho a Santa Cruz y así asegurar su presencia en el juicio oral por el caso Decretazo, que empieza el lunes 11 de marzo a las 13.30.

Luis Fernando Camacho.

/ 21 de febrero de 2024 / 01:35

Tras conocer la notificación para el traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz, los asambleístas departamentales por el Movimiento Al Socialismo (MAS) solicitaron al Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital que se lleve la audiencia de juicio oral en contra de la autoridad cruceña de formar virtual.

De acuerdo al petitorio de los asambleístas Clemente Ramos, Dilfe Rentería y Raquel Valencia, esta resolución les “causa alarma y genera un agravio” que merece una «rectificación y enmienda» por parte de ese tribunal. 

“De persistir la decisión de que se lleve a cabo la audiencia de juicio oral de manera presencial, con seguridad se puede generar caos social existiendo al parecer en ese sentido una oscura y mal intencionada actitud y un direccionamiento, debido a que al ordenarse el traslado del acusado se va a provocar la imposibilidad de llevar el juicio oral, porque el mismo está detenido preventivamente en otro recinto penitenciario y dentro de otro caso”, señala parte de la argumentación del documento enviado por los asambleístas. 

Añade “solicito respetuosamente se revierta la decisión del traslado del mencionado acusado desde Chonchocoro de la ciudad de La Paz hasta la cárcel de Palmasola de esta ciudad de Santa Cruz, pidiendo que la audiencia señalada de juicio oral en el presente proceso en la fecha indicada se celebre de manera virtual en razón de los argumentos expuestos”.

Este martes se conoció la notificación del Tribunal Sentencia Octavo de la Capital al gobernador de la cárcel de Chonchocoro en La Paz, mayor Marco González, para el traslado de Camacho a Santa Cruz y así asegurar su presencia en el juicio oral por el caso Decretazo, que empieza el lunes 11 de marzo a las 13.30.

Lea más: Tribunal de Sentencia notifica al gobernador de Chonchocoro para traslado de Camacho a Santa Cruz

“Ordenando al gobernador de San Pedro de ‘Chonchocoro’ de la ciudad de La Paz, coordinar con Régimen Penitenciario para el traslado de Luis Fernando Camacho Vaca, de la ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, debiendo ser puesto bajo custodia del gobernador del Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola un día antes de la celebración de la audiencia de juicio oral”, señala el documento que data del 31 de enero y fue publicado por el abogado defensor Martín Camacho, en su cuenta de la red X.

En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el Gobernador cruceño en el caso Decretazo. Es acusado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Fiscalía pide una sentencia de seis años de cárcel contra la autoridad departamental que cumple detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022.

En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, el Gobernador encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, promulgó el Decreto Departamental 373.

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Primer día de inscripciones, sin postulantes para las judiciales

El proceso de preselección y elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial se realizará en un plazo máximo de 230 días.

Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural en la apertura de recepción de postulantes al TCP y Órgano Judicial.

Por Boris Góngora

/ 20 de febrero de 2024 / 23:28

El primer día de registro para las elecciones judiciales terminó sin postulaciones, ante las dos comisiones a cargo de este proceso en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las inscripciones se reciben de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.00.

El secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado, informó este martes que aún no hay interesados para postular a los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Esta mañana se hizo la apertura a través de los libros notariados para que los postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo de Justicia puedan venir e inscribirse. Empezó a las 08.30 y se cerró a las 18.00. No hemos tenido participación para inscribirse, pero si vino gente a preguntar cuáles son los requisitos comunes y los específicos”.

Dijo que se explicó que el 10 de marzo es el último día para el registro, tal como establece la convocatoria para la preselección de candidatos para las judiciales. 

“Este plazo incluye pedir algunos documentos, como el caso de la Contraloría General del Estado, creo que es una solvencia fiscal. Lleva un tiempo poder hacerlo. Consideramos que el jueves ya podría haber postulantes a lo que va a ser el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo”.

Complementó que al tratarse de otra etapa de preselección, diferente a la que se dio en 2023 con la resolución 07, los documentos que presentaron entonces los postulantes, como el certificado del Registro de Antecedentes Judiciales Penales (REJAP), debe volver a tramitarse porque tiene vigencia de un año. 

Lea más: Se abre el registro de postulantes y corren los 230 días para las elecciones judiciales

“Esta es una nueva convocatoria y obedece al marco normativo de la Ley 1549. Hoy se han aproximado a la Comisión Mixta tres abogados, los cuales han pedido la devolución de la documentación que presentaron en marzo y abril del año pasado, en ese sentido se los ha orientado de que tienen que presentar nuevamente en este plazo, hasta el 10 de marzo”. 

Mientras que un funcionario de la Comisión Mixta de Justicia Plural subrayó también que en esta jornada no se recibieron postulantes para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

“No ha venido ninguna persona a registrarse, pero sí han venido varios abogados a hacer consultas respecto a la vigencia de la documentación y la legalidad de algunos documentos. Hay todavía algunas dudas al respecto”, dijo, a Cadena A.

La etapa de presentación de postulaciones tiene una duración de 20 días, para ingresar a la verificación de requisitos comunes y específicos por un periodo de cinco días, los cuales deberán ser aprobados por dos tercios de los miembros de cada comisión.

Posteriormente, se llevarán a cabo las impugnaciones, la revisión de éstas, las evaluaciones orales y de méritos, y se emitirá un informe por parte de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural al pleno de la Asamblea Legislativa.

Al final, se tendrá una lista de entre 36 y 72 postulantes para cada tribunal, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria campesina.

El proceso de preselección y elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial se realizará en un plazo máximo de 230 días.

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Tribunal de Sentencia notifica al gobernador de Chonchocoro para traslado de Camacho a Santa Cruz

La defensa legal de la autoridad cruceña, Martín Camacho, indicó que “el traslado del @ElgobernadorLfc es un hecho por que corresponde por ley"(sic).

El gobernador Luis Fernando Camacho cuando fue trasladado a la cuidad de La Paz desde Santa Cruz.

Por Boris Góngora

/ 20 de febrero de 2024 / 23:00

Desde Santa Cruz, el Tribunal de Sentencia Octavo de la Capital notificó al gobernador de la cárcel de Chonchocoro en La Paz, mayor Marco González, para el traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz y así asegurar su presencia en el juicio oral por el caso Decretazo, que empieza el lunes 11 de marzo a las 13.30.

“Ordenando al gobernador de San Pedro de ‘Chonchocoro’ de la ciudad de La Paz, coordinar con Régimen Penitenciario para el traslado de Luis Fernando Camacho Vaca, de la ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz, debiendo ser puesto bajo custodia del gobernador del Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola un día antes de la celebración de la audiencia de juicio oral”, señala el documento que data del 31 de enero y fue publicado por el abogado defensor Martín Camacho, en su cuenta de la red X.

El jurista indicó que “el traslado del @ElgobernadorLfc es un hecho por que corresponde por ley. En juicio oral deben respetarse los principios de oralidad, inmediación, inmediatez, contradicción y publicidad, así como la garantía del debido proceso, la defensa y la correcta administración de justicia” (sic).

Lea más: Juez ordena libertad para Camacho en un caso, pero no podrá salir de Chonchocoro

En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el Gobernador cruceño en el caso Decretazo. Es acusado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La Fiscalía pide una sentencia de seis años de cárcel contra la autoridad departamental que cumple detención preventiva en Chonchocoro desde diciembre de 2022.

En marzo de 2022, cuando viajó a Brasil a un encuentro de gobernadores de la región, el Gobernador encargó sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en vez de hacerlo al vicegobernador Mario Aguilera. Con ese fin, promulgó el Decreto Departamental 373.

Según el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en ausencia del Gobernador, el cargo debe ser ocupado por el Vicegobernador. Entonces, la medida fue cuestionada por el mismo Aguilera, quien dijo que no fue notificado con el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” después de la Gaceta Departamental.

Este extremo fue considerado ilegal por los asambleístas opositores del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras la Gobernación de Santa Cruz alegó que fue un “error” el retiro digital del decreto y anunció una investigación.

El Gobernador está detenido en el marco de las investigaciones del caso denominado Golpe de Estado I, que investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, quien renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por Camacho como dirigente cruceño, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

Actualmente, Aguilera es el gobernador suplente, tras un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó su posesión ante la imposibilidad de Camacho para dirigir la Gobernación. Esto fue cumplido a regañadientes por la Asamblea Legislativa Departamental y la alianza política Creemos.

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Molina reivindica judiciales para cambio de magistrados y dice que se irá con la ‘conciencia tranquila’

El presidente del Consejo de la Magistratura dijo que la prórroga de mandato “no deja de ser una situación bastante incómoda”, la cual se hubiera solucionado “sobre todo” respetando las reglas de la Constitución Política.

El presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Marvin Molina, en un acto protocolar.

Por Boris Góngora

/ 20 de febrero de 2024 / 22:52

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, reivindicó las elecciones judiciales para el cambio de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y las otras instancias del Órgano Judicial, e indicó que se irá con “la conciencia tranquila”. 

“Yo estoy con la conciencia muy tranquila y lo único que estoy aguardando es a ver a qué autoridad le voy a hacer entrega de la oficina. Y, de verdad, que vamos a dejar un Consejo de la Magistratura por lo menos en mejores condiciones de las cuales hemos encontrado”, indicó, en el programa “La mañana en directo” de Erbol.

Añadió que la prórroga de mandato “no deja de ser una situación bastante incómoda”, la cual se hubiera solucionado “sobre todo” respetando las reglas de la Constitución Política.

El Tribunal Constitucional dictaminó la extensión de las funciones de los magistrados y los consejeros que cumplieron su mandato constitucional el 31 de diciembre de 2013, hasta que se lleven a cabo los comicios judiciales. 

“La única forma de reemplazar a las altas autoridades constitucionales es mediante elecciones judiciales, dice la Constitución, y nosotros, por lo menos en mi institución, hemos recibido con beneplácito la promulgación de la Ley 144 y la convocatoria a judiciales, que considero es la forma más democrática y más correcta del relevamiento de autoridades”.

Indicó que la única norma vinculante que tienen como autoridades judiciales es la Declaración Constitucional 049/2023, que determinó la prórroga de mandato, la cual está enmarcada en el procedimiento de la Ley 254 del Código Procesal Constitucional y la Constitución.

“Es la única norma vinculante que en este momento se ha generado para darle respuesta a este tipo de vacío de poder que ha quedado ante la falta de convocatoria y de ley que vaya a reemplazar a las autoridades judiciales, lo cual obviamente no es de nuestra competencia”.

Agregó que pretender “cerrar de forma parcelada” las máximas entidades judiciales implicaría paralizar parte del funcionamiento del Estado, una “ruptura institucional” que no le hará bien al Estado de derecho.

Así, se pronunció sobre la intención en la Asamblea por parte del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos de aprobar los proyectos de ley 073 y 075 para suspender los plazos procesales y cesar a los magistrados.

Lea más: En busca de magistrados y consejeros, surgen nombres y Rodríguez dice no, ‘gracias’

“En lo particular, en el caso de mi institución a la cual regento, es un poco más complejo porque todas las competencias señaladas en la Ley 025 están relacionadas al funcionamiento de la Sala Plena y eso pasa con todas las entidades judiciales. Qué quiere decir eso, si hay una proyección de suspender el funcionamiento de nuestras entidades y hacerlas quedar simplemente como receptoras de documentación, no solo es una ley que se debe proyectar, sino se deben modificar muchas otras leyes y ahí hay que ser bastante claros, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha determinado que la denegación de justicia para una sola persona o para cuantas quieran desde ya pone en una situación incómoda al país”, advirtió.

El 2 de febrero, las tres fuerzas en el Legislativo (MAS, CC y Creemos) alcanzaron un acuerdo para garantizar la ley de las judiciales, empero, también se acordó el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075, además de otros referidos a créditos externos.

Desde el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales departamentales se emitieron posiciones que defienden la prórroga de mandato y se alertó sobre las posibles consecuencias en la Justicia en caso de suspenderse el trabajo de las máximas entidades del Órgano Judicial.

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