Bolivia cumplió con dos de las 15 recomendaciones prioritarias que emitió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto a la reparación de daños por la violación de derechos humanos de 2019.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta el cumplimiento de las recomendaciones 10 y 28, como son la abrogación del “Decreto Presidencial de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos” y de “Realizar una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación”.
Sin embargo, aún quedan acciones pendientes sobre las otras 13 acciones prioritarias. Por ejemplo, la “reparación” enmarcada en las recomendaciones 1, 2 y 3 o “sobre la investigación de vulneración a los derechos” que están establecidos en las 5, 6, 7, 8, 9 de las acciones a realizar. Además, las “reformas estructurales, institucionales y normativas” planteadas en los puntos 11, 16, 28, 35 y 36.
El informe de la Comisión señaló que tres recomendaciones alcanzaron un “cumplimiento parcial sustancial”, nueve “cumplimiento parcial” y una aún está pendiente de cumplimiento.
Tras la crisis política y social de 2019 que derivó en graves violaciones de los derechos humanos, el Estado y la CIDH firmaron un acuerdo para el funcionamiento de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para contribuir en las investigaciones de esas vulneraciones.
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GIEI
Tras las indagaciones, el GIEI emitió su informe final en 2021, estableciendo 36 recomendaciones con la finalidad de que el Estado pueda activar mecanismos pertinentes para administrar justicia “bajo los principios del debido proceso” y “garantizar a las víctimas el resarcimiento de los daños sufridos” con el fin de que no se vuelvan a repetir estos hechos de violencia.
En 2022, la CIDH acordó con el Estado una priorización de aquellas recomendaciones (15) que serían objeto de control de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (MESEG Bolivia).
Este informe corresponde al primer año de trabajo, de marzo de 2022 a marzo de 2023, según el informe emitido.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Fabricio Castro, calificó la primera evaluación de la CIDH como “positiva”, aclarando que este informe no es sobre el total de las 36 recomendaciones, sino se priorizaron 15 observaciones, de las cuales solamente una está en cumplimiento pendiente (a cargo del Órgano judicial) y las demás en proceso de avance.
“Eso ya nos da un pantallazo de que el Estado ha hecho varios esfuerzos para dar cumplimiento a las observaciones que nos expresa el GIEI”, indicó la autoridad.
Respecto a las recomendaciones de reparación (1, 2 y 3), la autoridad explicó que el Estado realiza los esfuerzos para reparar el daño ocasionado a las víctimas de Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), de las cuales no solo son heridos o muertos, sino también —indicó— de gente afectada en su honra y reputación.
“(Es el caso de) los vocales electorales de las departamentales y de la nacional. Es decir hay un cúmulo de gente que ha sido afectada por este abrupto asalto al poder ocurrido en el año 2019. Entonces el Estado, por ejemplo, para los vocales electorales ha realizado varios actos de desagravio. Uno de ellos hace dos meses (donde) se intentó limpiar su nombre”.
Recomendaciones
En el ámbito de las víctimas, la autoridad informó que se logró una reparación para los fallecidos (Senkata y Sacaba) de Bs 100.000 que fueron cancelados a la mayoría. “Si no me equivoco solo faltan dos de la lista original de afectados, quizá esa lista se incremente, no sabemos porque también hay gente que ha pedido su inclusión. Es el caso de Sebastián Moro, periodista argentino fallecido en Bolivia en esos días. Su familia acudió a la CIDH para su inclusión, pero se está haciendo el análisis correspondiente, (porque) no se puede hacer solo la inclusión sin pedir los informes a las entidades vinculadas”, indicó.
Además, informó que se abrió un fideicomiso para que los afectados puedan obtener un crédito y también fuentes de empleo en instituciones estatales, incluso para parientes y, sobre todo, viudas. Aclaró que no “todos han accedido”, porque “no lo necesitan”. Sin embargo, dijo que la información está en el Ministerio de Trabajo, encargada de ejecutar esa política.
Aclaró que si bien se hizo una reparación material, todavía está pendiente la “reparación moral”, que está enfocada en el tema jurídico y refiere a los sentenciados por el caso Senkata y Sacaba.
“Es importante que los juicios avancen, no dependen del Ministerio de Justicia, dependen el Órgano Judicial y es importante que eso avance porque esa reparación es transversal a todas las observaciones que hace la CIDH ”, resaltó.
Agregó que en una de las recomendaciones dice: “el Estado cumplió parcialmente 9 observaciones. (Indica que se debe) ‘adoptar un plan de reparación integral de víctimas de los hechos cometidos durante la crisis 2019’. ¿Por qué considera parcialmente cumplida? Porque todavía no se puede hablar de una reparación integral si no se tiene justicia y sentencia a los casos donde hubo vulneración a los derechos humanos”.
CIDH
Según la información brindada a la CIDH, el Estado reportó la implementación de 105 cupos de acceso directo a las unidades educativas fiscales a favor de personas heridas y familiares de fallecidos, además de becas de estudio en universidades privadas e institutos tecnológicos. Se priorizó una bolsa de trabajo para 56 personas, así como la gestión para la inserción laboral de otras personas. Se brindó “el apoyo económico para 34 familiares de personas fallecidas y para personas heridas (calificadas como muy gravemente heridas, gravemente heridas, moderadamente heridas, y personas con heridas leves), según la complejidad de su situación discapacitante”. Y la “ayuda en especie a 1.372 familiares de las personas fallecidas y heridas”, además de la inclusión de 123 personas víctimas en los programas de la Agencia Estatal de Vivienda.
El ministro de Justicia, Iván Lima, comunicó en pasados días que el 10 de noviembre una comisión del Gobierno visitará la sede de la CIDH para que, en audiencias temáticas, se complemente la información con relación al informe de la MESEG.
(16/10/2023)