El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, consideró que el proyecto de ley “Lo jeno no se toca”, impulsado por el Ministerio de Gobierno, apunta a “un irracional uso de la detención preventiva” en el sistema penitenciario del país.

El funcionario basó su cuestionamiento en un análisis académico sobre el contenido de esa propuesta que fue publicado por su despacho.

“En un escenario donde el sistema penal se usa como forma de solucionar requerimientos sociales provocando el aumento correlativo de la detención preventiva, corresponde realizar una reflexión sobre los alcances de este tipo de proyectos en consideración al ser humano como sujeto de derechos y no como objeto de control”, dijo este miércoles el Defensor en una conferencia de prensa.

Actualmente, la población privada de libertad en las 46 cárceles del país, entre urbanas y provinciales, alcanzó un total de 30.659 personas, entre hombres y mujeres. Eso evidencia un hacinamiento del 191%, según datos de Régimen Penitenciario hasta abril de 2024.

Proyecto de ley

Del universo de reclusos, el 62,5% guarda detención preventiva, mientras que solo el 37,5% tiene sentencia.

En criterio de Callisaya, el uso desproporcionado de la detención preventiva provoca una “crisis casi de carácter humanitario en las cárceles de Bolivia”.

En su análisis, el Defensor del Pueblo consideró que, ese proyecto de ley hace que el “delincuente callejero” se constituya en el “enemigo simbólico interno del Estado”, objeto de control y ataque con el mayor “peso de la ley”.

El proyecto de ley “Lo ajeno no se toca” fue presentado por el Gobierno el 9 de mayo. Incluye un nuevo tipo penal denominado apoderamiento flagrante de la cosa ajena, cuya pena será de siete años de prisión. Incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional será de dos años; es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve.

Detención preventiva

En su aplicación, el proyecto plantea que, cuando un delincuente esté en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.

Precisamente La Razón consultó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre la incidencia de esa norma en el hacinamiento carcelario. Respondió que su despacho busca la descongestión de los recintos, principalmente con dos medidas: la amnistía o indulto y la construcción de pabellones.

“Si queremos mayor comodidad, si queremos pensar en el hacinamiento carcelario, también tenemos que pensar en que las personas privadas de libertad deben empezar a trabajar dentro de las cárceles”, dijo la autoridad.

Pero también recordó que existe un proyecto de ley referido a la implementación de manillas electrónicas, para el control de privados de libertad involucrados en casos de violencia familiar. El debate sobre esa norma e encuentra “dormido” en la Cámara de Diputados.

El presidente Luis Arce llegó a San Petersburgo, Rusia, para participar en el Foro Económico Internacional. Serguéi Riabkov, viceministro de Asuntos Exteriores, recibió al mandatario cuando salió del avión que lo trasladó desde Bolivia.

El vicecanciller ruso dio la bienvenida al mandatario boliviano y acompañó su camino sobre una alfombra roja que el equipo de protocolo de ese país preparó para la ocasión.

Flanqueado por medios de comunicación locales y una banda militar que interpretó el Himno Nacional de Bolivia y luego el Himno Nacional ruso, Arce saludó a otras autoridades y funcionarios de ese país.

La canciller boliviana, Celinda Sosa, y la embajadora del Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos, también recibieron al jefe de Estado.

Se prevé que el presidente Arce se reúna con su par de Rusia, Vladimir Putin. Así lo confirmó el asesor presidencial del Kremlin, Yuri Ushakov.

“Se debatirá también la propuesta de Bolivia de considerar la cuestión sobre la adhesión del país a los BRICS, el asunto es de especial importancia, teniendo en cuenta nuestra presidencia (en el grupo)”, informó Ushakov en rueda prensa.

El XXVII Foro Económico Internacional se desarrollará entre el 5 y el 8 de junio de este año y Ushakov corroboró que representantes de 136 países confirmaron su participación.

Rusia ya expresó en abril de este año su respaldo al ingreso de Bolivia al bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

La presidencia en ejercicio de la Asamblea Legislativa emitió una convocatoria a sesión al pleno de la Asamblea Legislativa para el jueves a las 12.30. En su orden del día solo contempla dos puntos: lectura de correspondencia y tratamiento del Decreto Presidencial 5137, de fecha 26 de marzo de 2024, de «Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias».

La sesión fue impulsada por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que se declaró titular de la Asamblea Legislativa ante la suplencia del presidente nato, David Choquehuanca, que asumió las funciones de Luis Arce, de viaje a Rusia.

Hay expectativa por esa sesión. Si bien la agenda publicada solo contempla el decreto sobre indultos, el senador Guillermo Seoane, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), adelantó que los legisladores, diputados y senadores, pueden plantear un cambio del orden del día.

Entre los temas que “urge debatir”, según la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el bloque de oposición al Gobierno, están los proyectos de ley 073 y 075, sobre la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017.

Seoane adelantó en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, que hubo un “acuerdo institucional” y que se reunieron con el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, para conocer la agenda de temas pendientes de Choquehuanca.

Antes de que se conozca formalmente la convocatoria, miembros del ala arcista del MAS anunciaron que no asistirán a la sesión del jueves.

Por ejemplo, el diputado Jerges Mercado señaló: “Yo no voy asistir y nuestra bancada no va a asistir porque no vamos a avalar temas ilegales e inconstitucionales”.

Evistas y opositores acusaron al Gobierno de tener un particular interés por “mantener vigentes” a las autoridades judiciales. Según advirtieron, “les conviene que se queden”.

Nota en desarrollo…

El jefe de bancada de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Senadores, Guillermo Seoane, afirmó este miércoles que existe un “acuerdo institucional” para la convocatoria a una sesión del pleno de la Asamblea Legislativa.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el legislador dijo que existe un “amplia agenda” para resolver en la sesión convocada para el jueves a las 16.00.

Dijo que los legisladores se reunieron con el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, a quien argumentaron el contenido de la carta que el martes le envió el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

Éste se atribuyó la titularidad de la Asamblea Legislativa, pues el vicepresidente David Choquehuanca asumió interinamente el mando del país ante el viaje del presidente Luis Arce a Rusia.

Asumida la presidencia de la Asamblea, Rodríguez pidió al secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, llamar a una sesión plenaria para la fecha mencionada.

“Hemos estado en contacto con el secretario general de la Vicepresidencia. Hemos estado en contacto y esta esta mañana ha habido una reunión con él (…). Ya hay un acuerdo institucional. El secretario general (Alurralde) no le puede decir al presidente de la Asamblea ‘no, no voy a convocar’, eso sería un desacato”, advirtió Seoane.

Aún no se emitió la convocatoria formal para la sesión del jueves, sin embargo, el senador opositor adelantó que, en horas de la mañana, Rodríguez brindará una conferencia de prensa. Según adelantó, “puede que el horario se cambie a la mañana”.

Hay expectativa por esa sesión plenaria, ante la “urgencia” del análisis y debate de los proyectos de ley 073 y 075, que buscan definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017, cuyo mandato se amplió con la Sentencia Constitucional 049/2023, que data de diciembre del año pasado.

La bancada de Creemos pedirá al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que asumió la titularidad de la Asamblea Legislativa, incluir en la sesión del pleno el debate por los proyectos de ley 073 y 075.

La diputada de esa fuerza opositora María René Álvarez, citada en una nota de DTV, adelantó la petición, aunque dijo que los legisladores aún no fueron notificados formalmente para participar en la sesión del pleno legislativo.

El vicepresidente David Choquehuanca asumió interinamente el mando del país ante el viaje del presidente Luis Arce a Rusia. Eso generó varias consideraciones por el “vacío” en la presidencia de la Asamblea Legislativa y fue el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, que se atribuyó ese rol.

Asamblea Legislativa

La tarde del lunes, Rodríguez pidió al secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, llamar a una sesión plenaria para el jueves 6 de junio a las 16.00.

El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) encontró la oportunidad para abordar en el plenario dirigido por el senador cocalero la agenda irresuelta, como el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075, que buscan definir la situación de los magistrados y consejeros electos en 2017, cuyo mandato se amplió con la Sentencia Constitucional 049/2023, que data de diciembre del año pasado.

Precisamente, la inclusión en la agenda de proyectos generó varios escollos en el debate legislativo, principalmente por el acuerdo bicameral tripartidario firmado el 2 de febrero, que condiciona su discusión previa a la aprobación de al menos cuatro de siete créditos que entonces incluía el acuerdo.

Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, solo un par fue sancionado por la Cámara Alta. La facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el bloque de oposición frenaron la aprobación de normas mientras no se analicen y aprueben los proyectos 073 y 075.