Enviado de Camacho se reunió con Kaliman antes de que éste sugiriera la renuncia de Morales
“Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa; es por eso que está de ministro de Defensa", admitió Luis Fernando Camacho.
Luis Fernando López y Jeanine Áñez, en primer plano.
Imagen: ABI
Antes de que las Fuerzas Armadas sugirieran la renuncia del presidente Evo Morales, la tarde del 10 de noviembre de 2019, el comandante Williams Kaliman se reunió con un enviado de Luis Fernando Camacho, quien luego se convertiría en el ministro de Defensa de Jeanine Áñez.
Se trata de Luis Fernando López Julio, ahora prófugo de la justicia por el escándalo de compra con sobreprecio de gases lacrimógenos, a quien el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz encargó la misión de ser su interlocutor ante las Fuerzas Armadas.
La información fue conocida una vez que dos de los implicados del caso Golpe de Estado I, los generales Flavio Gustavo Arce San Martín, entonces jefe de Estado Mayor, y Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, comandante del Ejército, solicitaran acogerse a juicio abreviado en el caso instaurado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Según el memorial conocido por la comisión de fiscales del caso, integrada por Omar Mejillones Copana, Ingrid Feraudi Gerra y Cristhian Copa Salguero, los entonces jefes militares no denunciaron, en su condición de funcionarios, la reunión sostenida entre López Julio y el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, “para de forma posterior sugerir la renuncia del entonces presidente en ejercicio Evo Morales”.
Comando de las FFAA
Según el documento, la reunión que sostuvo el enviado de Camacho y el jefe militar tuvo lugar en el Comando General de las Fuerzas Armadas, ubicado entre las calles 9 y 10 de la zona de Obrajes, en La Paz.
A las 15.48 del domingo 10 de noviembre de 2019, Kaliman leyó un comunicado del Alto Mando de las Fuerzas Armadas cuya parte final demandaba: «Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”.
Más de una hora después, a las 16.52, Morales y el entonces vicepresidente Álvaro García —acompañados por la ministra de Salud, Gabriela Montaño— renunciaron a través de un video. Lo hicieron desde Chimoré, adonde habían llegado cerca del mediodía.
“Lamento mucho este golpe cívico y que algunos sectores de la Policía puedan replegarse para atentar contra la democracia. Quiero decirles, hermanas y hermanos: la lucha no termina acá”, decía Morales.
Juicio abreviado
Ambos jefes militares, actualmente bajo detención preventiva, se acogieron “de forma voluntaria” a juicio abreviado y renunciaron al juicio oral y contradictorio en razón de los elementos probatorios en su contra consignados en la ampliación de la denuncia del 3 de octubre de 2023. Son acusados de delitos de asociación delictuosa y encubrimiento.
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Los principales implicados en los hechos son la expresidenta Áñez y Camacho. El caso se refiere a los hechos precedentes a la renuncia de Morales, obligada por protestas lideradas por Camacho, un motín policial, la sugerencia de dimisión presidencial del Alto Mando de las Fuerzas Armadas y la demanda de renuncia del entonces comandante de la Policía Boliviana, general Yuri Calderón.
López Julio jugó un rol crucial en la crisis poselectoral de 2019. Camacho lo cita en el video que fue difundido el 28 de diciembre de ese año sobre las movilizaciones y la caída de Morales.
“La historia fue tan hermosa en el transcurso de todo, que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan”, contó el entonces líder cívico a sus compañeros fraternos que le hicieron un mural de homenaje.
Compromiso
“Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa; es por eso que está de ministro de Defensa para cumplir los compromisos. En la Policía, fue de la misma manera mi padre”, siguió Camacho.
Áñez, que dos días después de la renuncia de Morales se proclamó presidenta del Estado en dos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum ni presencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), nombró a López Julio ministro de Defensa el 13 de noviembre de 2019.
López Julio es recordado por sus declaraciones durante la masacre de Senkata de 2019, cuando murieron a bala 10 personas, que excusaban a las Fuerzas Armadas de usar balas de guerra. “De las Fuerzas Armadas no salió ni un solo cartucho”, dijo la noche del 19 de noviembre.
También, por la amenaza a un ciudadano durante la emergencia del COVID-19 en Bolivia, en junio de 2020. Entonces, varias personas insultaron a un militar que resguardaba la seguridad en San Ramón, Beni.
“Él reacciona y usted desaparece en 10 segundos, ¿sabe o no? Yo le garantizo que sí”, amenazó López Julio, quien, no obstante, se disculpó más tarde por el exabrupto.
Mercenarios
Al exministro también se le atribuye una negociación con un comando mercenario estadounidense para evitar la asunción del presidente Luis Arce, en noviembre de 2020. Entonces, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lo denunció por intento de magnicidio. The Intercept publicó una conversación del exministro con la banda.
Sin embargo, el hecho más evidente de su rol en el gobierno de Áñez fue su implicación en la compra con sobreprecio de material antidisturbios a las semanas de haber llegado al poder el nuevo gobierno.
Fue su despacho el que tramitó la compra de los equipos para contrarrestar las movilizaciones de entonces contra el gobierno de Áñez. Por este caso, Arturo Murillo, entonces ministro de Gobierno, fue sentenciado en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno.
El ministro logró el ingreso en ese país dinero no justificado. Se trataba del saldo del sobreprecio en la compra del material a la empresa brasileña Cóndor a través de la firma Bravo Tactical Solutions (BTS). La adquisición tuvo un costo de $us 5,6 millones, de los cuales $us 2,3 millones fue sobreprecio.
Investigado en Bolivia por varios delitos y en varios casos, López Julio y Murillo huyeron el 5 de noviembre de 2020 vía Brasil. Se supone que el primero se quedó en este país; el segundo logró llegar a Estados Unidos, donde fue detenido.